El núcleo familiar del expresidente y exvicepresidente de la República Lenín Moreno habría recibido más de $ 1 millón dentro del presunto esquema de sobornos relacionado con la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair a la empresa china Sinohydro, según expuso este 11 de mayo la Fiscalía General del Estado durante la audiencia de juzgamiento que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia.
Durante cerca de cuarenta minutos, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, presentó el alegato de apertura de la acusación y aseguró que el Ministerio Público probará la existencia de “un entramado de corrupción” que operó entre 2009 y 2018 para favorecer a la compañía estatal china en la contratación y ejecución del proyecto Coca Codo Sinclair.
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La Fiscalía sostiene que funcionarios públicos y particulares recibieron dádivas y pagos indebidos a cambio de facilitar decisiones clave relacionadas con la adjudicación, financiamiento y ejecución de la hidroeléctrica de 1.500 megavatios.
Según la teoría fiscal, el monto total de los sobornos supera los $ 76 millones, cifra que equivaldría al 4 % del valor del contrato adjudicado a Sinohydro.
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En ese contexto, Alarcón identificó un “núcleo familiar” vinculado directamente a Moreno, integrado por su esposa, Rocío González; su hija Irina Moreno; sus hermanos Guillermo Moreno Garcés y Edwin Moreno Garcés; además de su cuñada Martha González.
“Ellos habrían recibido en conjunto más de un millón de dólares, evidenciando un beneficio económico directo e indirecto en su entorno más cercano”, afirmó el fiscal durante su intervención.
Para la Fiscalía, esos movimientos financieros no constituyen hechos aislados, sino que guardan relación con la supuesta intervención de Moreno en la “viabilización” del proyecto Coca Codo Sinclair y en la consolidación del esquema ilícito investigado.
La acusación fiscal señala que los pagos irregulares habrían sido canalizados mediante transferencias bancarias, cheques y operaciones financieras nacionales e internacionales.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el presunto esquema de corrupción no solo benefició al entorno familiar de Moreno. Durante el alegato de apertura, Alarcón explicó que existió también un segundo núcleo de recepción y distribución de dinero integrado por el empresario Conto Patiño, sus familiares y abogados vinculados a las empresas Recorsa S. A. y Comercial Recorsa C. A.
Según la teoría fiscal, este grupo habría manejado aproximadamente $ 58,8 millones provenientes de Sinohydro a través de cuentas personales, corporativas y compañías utilizadas para mover los fondos investigados.
La Fiscalía identificó dentro de esa estructura a los hijos de Patiño: María Auxiliadora Patiño, Juan Carlos Patiño, Patricia Patiño y Manuel Patiño Herdoíza; además de su nieta Priscila Burneo, su yerno Xavier José Macías Carmigniani y los abogados José Eduardo Carmigniani Valencia y Carlos Osvaldo Almeida Almeida.
De acuerdo con la Fiscalía, tras la adjudicación del proyecto hidroeléctrico, la empresa Recorsa S. A., con domicilio en Panamá, y comercial Recorsa C. A., con domicilio en Ecuador, representadas por Patiño Martínez, fueron utilizadas como fachada para la recepción y canalización de pagos ilícitos provenientes de la empresa china estatal Sinohydro.
La audiencia de este lunes marcó el inicio formal de la etapa de juzgamiento contra Moreno y otros 20 procesados acusados del delito de cohecho. La Fiscalía ratificó su acusación contra siete procesados como autores directos y contra otros diecisiete como cómplices.
Entre los acusados figura también el exembajador chino en Ecuador Cai Runguo, además de empresarios, abogados y exfuncionarios públicos vinculados con el proyecto hidroeléctrico.
En su alegato, Alarcón aseguró que la Fiscalía demostrará que no existía necesidad de intermediarios privados para la ejecución del proyecto, debido a que Coca Codo Sinclair era una obra estatal cuya gestión debía recaer exclusivamente en instituciones públicas.
Otro de los puntos destacados por la acusación fue la supuesta entrega de dinero a exfuncionarios públicos relacionados con el sector energético. La Fiscalía sostiene que el exgerente de Coca Codo Sinclair Luciano Cepeda habría recibido $ 323.000 entre 2011 y 2016 con la cooperación de su esposa, mientras que Henry Galarza Correa habría recibido otros $ 223.000.
La diligencia se instaló con la presencia física de Lenín Moreno y Rocío González en la Corte Nacional de Justicia. Tras la intervención de la Fiscalía también participó la Procuraduría General del Estado como acusación particular.
Posteriormente intervino el abogado defensor David Meza, quien representa a Moreno, Rocío González e Irina Moreno.
(I)