Fiscalía solicita audio y video de audiencia en la que Aquiles Alvarez habría amenazado al juez anticorrupción Jairo García

En medio de la denuncia hecha por el juez anticorrupción Jairo García sobre supuestas amenazas realizados en su contra, dentro de una audiencia de habeas corpus, por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, procesado en los caso Goleada y Triple A., el agente fiscal Richard Alvarado, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 2, solicita a la Sala Penal de Cotopaxi la copia de audio y video de la audiencia del 14 de febrero pasado, en la que se conectaron los sujetos procesales de la acción constitucional. En el expediente de habeas corpus, el cual fue solicitado el 13 de febrero pasado por Gabriel Tapia a favor de Aquiles Alvarez, consta el oficio enviado por la Fiscalía a la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi el 23 de febrero último solicitando la copia de audio y video de la diligencia convocada el 14 de febrero de 2026 a las 08:00 y que finalmente no se dio porque horas antes de la diligencia el accionante de forma expresa desistió de la acción constitucional presentada.En esa diligencia, Alvarez, quien es investigado junto con diez personas por el delito de delincuencia organizada, con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, en Goleada, y por tráfico ilegal de combustible en Triple A, no solo habría señalado a “viva voz” que él se siente en indefensión y que es su defensa de confianza quien debe revisar su situación jurídica y presentar cualquier acción, si no también habría dicho: “al juez Jairo García que le deseo suerte en la audiencia y la formulación de cargos por alias Gerente la próxima semana”. Lo dicho por Alvarez fue interpretado por el magistrado anticorrupción como una “amenaza de forma directa”, por lo que él denunció el hecho ocurrido al pleno del Consejo de la Judicatura (CJ). A decir de García, el alcalde guayaquileño habría señalado todo lo indicado a “viva voz” y de forma “intimidante”, inclusive frente a decenas de personas en la sala zoom de dicha audiencia.El alias Gerente supuestamente señalado por Aquiles Alvarez correspondería a Roberto Carlos Álvarez Vera, señalado como cabecilla en Ecuador del grupo de delincuencia organizada (GDO) Comandos de la Frontera y que fue extraditado desde Emiratos Árabes a finales de diciembre de 2025. Según la Fiscalía, el cabecilla del grupo rebelde y disidente de las FARC de Colombia enfrenta dos procesos penales en Ecuador: uno por lavado de activos y otro por delincuencia organizada. Actualmente, alias Gerente se encuentra detenido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.El 26 de febrero pasado, Diego Mogro Muñoz, en calidad de juez provincial subrogante del despacho de Rosario Freire Fierro, jueza que se encuentra con licencia médica, avoco conocimiento de la causa y dispuso que se conceda, a costo del peticionario, el fiscal Alvarado, la copia del audio que se ha generado en la audiencia dentro de esta causa con fecha 14 de febrero de 2026.“El señor fiscal observará y velará los derechos de todas las personas quienes intervienen en la grabación, de manera especial, protegerá su intimidad, privacidad, evitando una difusión indebida, asegurando que el contenido de la diligencia sea utilizado para los fines procesales. En relación al pedido de la copia de video solicitada, hágase conocer al peticionario que no se ha generado ningún formato audiovisual de la audiencia, (...) por lo que no puede remitirse ningún contenido de esta naturaleza”, definió el juez Mogro.Ante las presuntas amenazas contra García, el pleno del CJ, el 25 de febrero pasado, dispuso varias acciones para garantizar la seguridad del servidor judicial: solicitó de manera inmediata al Ministerio del Interior que incremente las medidas de protección para el funcionario y su familia y autorizó que el juez anticorrupción desempeñe sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo. Al siguiente día, con el objetivo de salvaguardar la seguridad del magistrado amenazado y para cumplir con la solicitud del pleno del CJ, desde el Ministerio del Interior se dispuso aplicar los protocolos de seguridad correspondientes, conforme al análisis y evaluación de riesgos efectuados. “Se ha dispuesto la actualización del análisis de riesgo personal del juez Jairo G., (...) quien actúa como juez ponente en el caso denominado Goleada. Asimismo, se ha ordenado la activación inmediata de los protocolos de protección pertinentes para garantizar su seguridad”, sostuvo la cartera del Interior en un comunicado.Ante las amenazas recibidas y denunciadas al pleno del CJ, los vocales Magaly Ruiz, Fabián Fabara y Alfredo Cuadros y el presidente de la Judicatura encargado, Damián Larco, respaldaron la actuación del juez Jairo García y se comprometieron a garantizar las condiciones necesarias para que cumpla sus funciones con independencia y seguridad.El presidente Daniel Noboa también se solidarizó con García por las amenazas recibidas e indicó que dispuso al Ministerio del Interior brinde toda la seguridad necesaria para que el juez pueda actuar en derecho, con independencia y sin presiones. Jairo García es el juez que tiene en sus manos la etapa inicial del proceso penal por delincuencia organizada en el caso Goleada. En la instrucción fiscal de esta causa son indagados el alcalde Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier, y ocho personas más involucradas en un “entramado societario complejo” alrededor de la comercialización de combustible. Los tres hermanos Alvarez, César Bravo y Fernando Peñaherrera son los cinco procesados en Goleada que mantienen orden de prisión preventiva. El alcalde de Guayaquil permanece con esa medida cautelar en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga; mientras que los restantes cuatro acusados se encuentran en la CPL de Turi, en Azuay. Pedro Hidalgo, Pablo Pita, Carlos Asanza, David Álvarez, Ricardo Bruzzone y Gastón Loy son investigados en Goleada que recibieron la medida cautelar de presentación periódica y prohibición de salida del país. (I)

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