La Fiscalía pide que sean llamados a juicio los nueve procesados por el delito de asociación ilícita con fines de oferta de tráfico de influencias en instituciones públicas, el cual habría ocurrido cuando un grupo de personas ofreció $ 3 millones para que posesionen a uno de los investigados como subdirector general de Operaciones en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae).

La investigación previa en esta causa arrancó el 23 de septiembre de 2021 ante información entregada a través de una llamada al 1800-Delitos. En esa denuncia se hablaba de supuestos actos de corrupción en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), entre ellos, alguien se comunicó con un funcionario de esta instancia para que le consiguiera un puesto a uno de los ahora detenidos por el que daba una millonaria cantidad.

Por el delito de asociación ilícita, el cual genera penas de entre tres y siete años de cárcel, se inició con una instrucción fiscal de 90 días, la cual luego se amplió a 120 días por vinculaciones. Los sospechosos detenidos en la Operación Danubio fueron Juan José A., Marcos Enrique L., Jhon Medardo S., Víctor Manuel T., Marcos Alberto R., Sergio Jesús P., Henry Ronny C., Pedro Enrique G., Santo Abel B. y Manuel Limones.

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En la audiencia preparatoria de juicio que se lleva en la Unidad Judicial Penal Norte 2 Albán Borja, en Guayaquil, el fiscal Washington Burbano únicamente formuló cargos contra los nueve primeros, pues Manuel Limones, a finales de enero pasado, luego de aceptar su responsabilidad en los hechos investigados, fue sentenciado, mediante procedimiento abreviado, a un año de prisión por asociación ilícita, al pago de una multa de diez salarios básicos unificados y presentar disculpas públicas por los actos ilícitos cometidos.

Ocho detenidos en operativo Danubio son procesados por el delito de asociación ilícita

En lo referente a Manuel Limones, el fiscal Burbano presentó elementos recabados que dan cuenta del nivel de participación del procesado. Así se determinaría que fue parte de un grupo de personas que ofreció $ 3 millones para que se posesionara a Sergio P., otro de los procesados, como subdirector general de Operaciones en el Senae.

Entre los elementos más importantes se encuentran el parte policial que describe la cronología y participación de los procesados, el parte policial del allanamiento al domicilio de Manuel Limones, donde se incautaron una computadora, un teléfono celular, documentos, sellos, comprobantes de depósito, entre otros indicios, que habrían aportado elementos probatorios a la investigación, como fotografías con dinero o de cheques, entre otros.

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Luego de las pericias de Ley, dichas imágenes serían montajes, con los cuales se pretendía hacer creer que el grupo contaba con los fondos necesarios para pagar por el cargo. En esa trama Víctor Manuel L. participó directamente.

Ya durante la fundamentación de su dictamen acusatorio contra los restantes nueve procesados, el fiscal Burbano informó a la jueza de la causa que en agosto de 2019 fue Juan A., como representante de una organización social, quien ofreció los $ 3 millones para que se designe a otro de los procesados como subdirector de Operaciones del Senae.

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Una vez abierta la investigación, entre las primeras diligencias se obtuvo la orden judicial para realizar vigilancias, interceptación de llamadas y seguimientos. Con ello se pudo determinar la existencia de un grupo de ciudadanos asociados para obtener cargos públicos, principalmente en el Senae, dijo Burbano.

El resultado del trabajo investigativo, recordó el fiscal, permitió la ejecución del Operativo Danubio, en el que se detuvo a los procesados y se levantaron indicios que fueron puestos en cadena de custodia. También se efectuaron pericias para extraer información de los teléfonos celulares de los procesados. Allí se habrían encontrado conversaciones sobre las gestiones para el ingreso irregular de personas a cargos públicos, utilizando el nombre de reconocidos e influyentes personajes del ámbito político y social del país.

También se expuso el parte de investigación, la denuncia presentada por la funcionaria de la Senae a quien se le hizo la oferta irregular. Asimismo, se presentó información obtenida de entidades públicas. La Fiscalía concluyó su intervención con el anuncio de prueba que será presentada en el caso de que se emita un auto de llamamiento a juicio.

La jueza de la causa suspendió la audiencia y dispuso que la reinstalación sea el viernes 14 de abril próximo. (I)

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