Pese a la demanda de recusación planteada contra los jueces Felipe Córdova y Daniella Camacho por parte de Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) del gobierno de Rafael Correa, la cual no había sido notificada a los magistrados accionados, el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) instaló, la tarde de este miércoles, 11 de junio, la audiencia para apelar los siete sobreseimientos emitidos dentro del caso Reconstrucción de Manabí,
Justamente la Sala de Apelación está integrada por los jueces nacionales Córdova (ponente), Camacho y Manuel Cabrera. Según la defensa de Solís, los dos jueces recusados no cuentan con la imparcialidad y la competencia que requiere un magistrado para juzgar.
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No obstante, el tribunal optó por suspender la audiencia de apelación al auto de sobreseimiento. En su reinstalación, convocada para las 14:00 del 16 de junio, las defensas de los procesados ejercerán su contradicción.
El presidente del Tribunal,Felipe Córdova, señaló que se desecha la alegación hecha por el abogado del exministro correísta, pues, explicó, que para que un juez pierda la competencia en una causa, debe constarse formalmente que el o los jueces recusados han sido notificados con la demanda. A decir de la secretaría de la Sala de Apelación, la demanda de recusación estaba en proceso de ser calificada y por ende no ha sido notificada a los jueces Córdova o Camacho.
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La decisión adoptada dio paso a que sea el fiscal general encargado, Wilson Toainga, el que fundamente su pedido de apelación a los siete sobreseimientos definidos el 19 de mayo pasado por el conjuez Marco Aguirre dentro del proceso penal por peculado conocido como caso Reconstrucción de Manabí. La Procuraduría General del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) también interpusieron la apelación a los autos de sobreseimiento.
De los nueve procesados, Aguirre sólo llamó a juicio al exvicepresidente Jorge Glas, como expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; y Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí. Para el 17 de junio próximo está definida la audiencia de juicio contra ambos procesados que son acusados como autores de un peculado al supuestamente existir el abuso de fondos públicos relacionados con la Ley de Solidaridad.
Conjuez ‘malinterpretó’ la teoría del caso de Fiscalía
Según Toainga, el conjuez Aguirre cometió un error al emitir el auto de sobreseimiento de Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico; de Walter Solís, como exministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP); de José Nicanor B. Q., exsubsecretario de la Regional 4 del MTOP; de Boris Sebastián C. G., exviceministro de Infraestructura de Transporte; de Omar Wilfrido Ch. R., exviceministro de Infraestructura de Transporte encargado; de Víctor Salvador J. V., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); y del exfuncionario de Inmobiliar, Milton Daniel M.
Para el fiscal general el magistrado hizo una interpretación errónea respecto de abuso de fondos públicos. Explica que el conjuez consideró que este abuso se da únicamente al momento de priorizar los proyectos del Comité de Reconstrucción, olvidando que la asignación de fondos y las certificaciones presupuestarias se emitieron a cada una de las entidades ejecutoras y es en ese momento cuando se viabiliza la contratación de las obras y sus correspondientes pagos a los contratistas con fondos de la Ley de Solidaridad que tenía otros fines.
Con ese criterio, anotó Toainga, el conjuez Aguirre a su entender realiza un análisis de dos grupos de personas procesadas. El primer grupo, conformado por las personas que integraban el Comité de Reconstrucción, Jorge Glas, en calidad de presidente del Comité, y Carlos Bernal, en calidad de secretario técnico. Ambos, dijo, habrían decidido priorizar los once proyectos que “no revestían de la inmediatez y emergencia” que justifique ser atendidos por los fondos provenientes de la Ley de Solidaridad y por ello fueron llamados a juicio.
El segundo grupo señalado por Aguirre, recordó el fiscal general, habría estado conformado por las siete personas sobreseídas. Respecto a ellos, refirió Toainga, el juzgador de primer nivel consideró que no formaron parte del Comité de Reconstrucción de Manabí, sin embargo, constaría en el expediente fiscal que fueron ellos quienes intervinieron en la suscripción de los contratos de las once obras en representación de las entidades y organismos ejecutores.
“El juez a quo (Marco Aguirre) malinterpreta la teoría del caso de la Fiscalía, al decir que, en relación al primer grupo, se encontraba en la situación fáctica apta para cometer los hechos que han sido acusados por la Fiscalía; mientras que quienes forman parte del segundo grupo no lo estaban. De esta forma, el señor juez, inobserva que la Fiscalía acusó por el abuso de los fondos de la Ley de Solidaridad, que fue un punto de partida en la priorización de los proyectos conocidos por la Secretaría Técnica, así como por el Comité, pero no concluye ahí, pues, desde que se solicitaba la asignación de fondos por parte del Secretario Técnico al Ministerio de Finanzas, todo el resto del proceso se da con el pleno conocimiento de las máximas autoridades de las entidades ejecutoras. Son estas las que llevan a cabo los procesos de contratación para la ejecución de las obras”, sostuvo el fiscal Toainga.
Fiscalía pide se llame a los siete sobreídos a juicio
Desde la Fiscalía se asegura que el argumento principal de la teoría fáctica de Fiscalía ha sido desnaturalizada por el conjuez Aguirre, quien efectuó una errónea interpretación de los hechos y su configuración con el delito de peculado, lo cual habría tenido incidencia directa en la participación de los siete sobreseídos.
La Fiscalía solicitó a los integrantes del Tribunal de Apelación que revisen la teoría fáctica y jurídica planteada por Fiscalía en la audiencia de la evaluación y preparatoria de juicio y enmienden el error en que incurrió el conjuez Aguirre, es decir, emitan una resolución motivada y llamen al juicio en calidad de autores directos del delito de peculado a los procesados a Pablo Ortiz, Walter Solís, José Nicanor B. Q., Boris Sebastián C. G., Omar Wilfrido Ch. R., Víctor Salvador J. V. y Milton Daniel M.
Un segundo cargo de apelación explicado por Toainga estaba directamente relacionado con la falta de análisis de la suficiencia de los elementos de convicción con relación al segundo grupo de los procesados y su participación en el delito de peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal.
Al momento el fiscal Wilson Toainga continúa fundamentando su apelación y luego será el turno de los abogados de la Procuraduría, el CPCCS y de cada una de las defensas de los siete sobreseídos. El presidente de la Sala adelantó que luego de todas intervenciones existirá una réplica y es posible que contrarréplica. (I)
