Cuatro días de audiencia le tomó al fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Leonardo Alarcón el presentar más de 250 elementos de convicción que fundamentan su acusación y el pedido de que sean llamados a juicio las dieciséis personas naturales y seis personas jurídicas (empresas) que son procesadas por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
La tarde de este sábado, 21 de junio, la Fiscalía concluyó la fundamentación de su dictamen acusatorio en calidad de autores del delito investigado contra diez personas naturales y seis empresas, mientras que otras seis personas fueron acusadas como coautoras. El delito investigado está tipificado en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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La investigación del caso denominado Triple A se inició a partir de una denuncia presentada por la coordinadora zonal del Guayas de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), en la que se puso en conocimiento la existencia de discrepancias entre el combustible despachado por Petroecuador y el volumen comercializado por las empresas investigadas.
“Con base en las pericias anunciadas, se determinó que el presunto delito investigado se habría cometido en alta escala, al existir un perjuicio económico aproximado de $ 61′502.658,39, correspondiente a 22′777.191,80 galones de combustibles, diésel y gasolina”, explicó la Fiscalía en un comunicado.
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Por la supuesta comercialización ilegal de hidrocarburos eran investigados Fernando V. H., Ricardo C. A, Carolina T. C., Jessenia V. O., Lady C. T., Aquiles Alvarez —actual alcalde de Guayaquil—, Raúl Z. O., Juan A. S., Fausto V. S., Édgar F. T., Édgar C. A., Carlos A. T., Gloria S. S., Rosa O. G., María C. E., Olga O. L. y las empresas Fuelcorp S. A., Codepesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A., Indudiesel S. A. y Harsajudi S. A.
En el caso Triple A , el fiscal Alarcón sostiene que existe una relación de las seis empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel.
A decir de la Fiscalía, varias estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos a los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano. Las empresas comercializadoras de combustibles bajo la lupa de la Fiscalía se habrían ubicado en los sectores automotores, industriales y navieros.
“La información obtenida reveló que la capacidad de almacenamiento de las estaciones de servicio no corresponde con el volumen adquirido a las empresas comercializadoras; es decir, no existiría el espacio físico necesario para almacenar la totalidad de combustible comprado. Asimismo, se habrían hecho transacciones no autorizadas, ya que las distribuidoras del segmento automotor no podían adquirir combustibles destinados al segmento industrial o naviero, como ocurrió en varios casos. Esta irregularidad sería responsabilidad directa de los representantes legales de las compañías”, refirió el fiscal de la causa.
Una vez concluyó el representante de la Fiscalía su dictamen acusatorio, el juez anticorrupción Renán Andrade dispuso que se suspenda el quinto día de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y se reinstale la diligencia este domingo, 22 de junio, en el Complejo Judicial Norte, en Quito. La sexta jornada de audiencia arrancaría con el anuncio de la prueba pericial, testimonial y documental que usaría el fiscal Alarcón en el caso de que la decisión del magistrado sea llamar a juicio a los veintidós procesados en Triple A.
Luego de ello será el turno de las acusaciones particulares, la Procuraduría General del Estado y la Empresa Pública Petroecuador, para intervenir en la audiencia. Y finalmente, las defensas de las dieciséis personas naturales y las seis empresas tendrán la posibilidad de contradecir la acusación fiscal y anunciar las pruebas que presentarán en el juicio para confirmar lo que ha dicho la totalidad de los procesados: que son inocentes.
Según la Fiscalía, los elementos de convicción presentados, documentos de contratos y normativa legal vigente evidenciarían que las empresas comercializadoras y sus representantes legales tenían la obligación de verificar que los distribuidores autorizados no desviaran el combustible subsidiado entregado por Petroecuador hacia segmentos no autorizados.
Finalmente, indicó la instancia acusadora, los informes periciales establecerían también irregularidades en la venta de combustible por parte de estaciones de servicio ubicadas en zonas fronterizas y sectores con presencia de minería ilegal. “En algunos casos se habría registrado la venta de grandes cantidades de diésel y gasolina a un mismo vehículo, volumen incompatible con su capacidad operativa”, se anotó. (I)