Un proceso previo de investigación es lo que la Fiscalía abrió el viernes último para analizar la existencia de irregularidades en el pago que superaría los $ 4 millones realizado durante el gobierno de Rafael Correa a las empresas Kinema y Mi País Consultores. Ambas empresas habrían sido contratadas para brindar asistencia legal a migrantes ecuatorianos en España.