La Fiscalía General del Estado inició una indagación fiscal contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y cinco miembros vinculados al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), dentro de una denuncia por los presuntos delitos de delincuencia organizada, fraude procesal, tráfico de influencias e intimidación.
El anuncio fue realizado por el exdiputado nacional Jorge Moreno Ordóñez, uno de los denunciantes, quien informó que recibió la notificación oficial del fiscal general del Estado sobre el inicio formal de la investigación penal.
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Moreno señaló que el próximo martes, 20 de enero, a las 11:00, en la Fiscalía General del Estado, en Quito, se llevará a cabo el reconocimiento de firmas y la ampliación de la versión de los hechos relacionados con la denuncia presentada el 22 de diciembre de 2025, junto con el constitucionalista Juan Francisco Morales Suárez, expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas.
Denuncia por presunta estructura delictiva
La denuncia original, presentada en diciembre pasado, involucra a Mario Godoy, a la abogada Dolores Vintimilla —su esposa—, a su socio Francisco Rosero Utreras —funcionario del Consejo de la Judicatura— y a siete integrantes de la comisión ciudadana de selección que llevó adelante el proceso de designación del titular de la Judicatura.
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Entre los consejeros del CPCCS denunciados constan Andrés Fantoni —presidente del organismo—, Jazmín Enríquez, David Rosero y Johanna Verdezoto.
Según el escrito dirigido al fiscal general, los denunciantes sostienen que Godoy habría sido posesionado como presidente del Consejo de la Judicatura “con múltiples irregularidades” y que, una vez en funciones, habría organizado una estructura delictiva para beneficiarse económicamente de su cargo público, junto con su cónyuge y otros asociados.
Dentro de la denuncia, Moreno y Morales solicitaron a la Fiscalía la prisión preventiva para Mario Godoy, Dolores Vintimilla y el resto de los investigados, además de varias diligencias, entre ellas la entrega de la nómina de funcionarios de la Judicatura que hayan trabajado o laborado en estudios jurídicos vinculados al actual presidente del organismo.
También pidieron que se convoque a los denunciados para que rindan su versión dentro de la investigación.
Antecedentes del caso
El caso se enmarca en las alertas públicas del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció presuntas presiones y amenazas tras dictar una sentencia por lavado de activos que derivó en la condena de diez años de prisión contra el ciudadano serbio Jezdimir Srdan.
Por estas denuncias, Mario Godoy deberá comparecer ante el pleno de la Asamblea Nacional, en una sesión prevista para el 5 de enero de 2026, donde deberá explicar su actuación frente a los señalamientos sobre posibles injerencias en la justicia.
De acuerdo con Jorge Moreno, el inicio de la indagación fiscal “abre la puerta a un posible juicio penal” contra el presidente del Consejo de la Judicatura y los miembros del CPCCS vinculados a la denuncia.
(I)