A través de una misiva dirigida a Fausto Murillo Fierro, presidente del Consejo de la Judicatura, el legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, manifestó que es necesario observar la conducta del juez de la Corte Nacional Felipe Córdova que solicitó se autorice el enjuiciamiento a la legisladora Ana Belén Cordero y “de forma desafiante” ha planteado al pleno de la Asamblea Nacional que levante su inmunidad parlamentaria”.

Cordero (BAN) fue denunciada por supuestamente proferir expresiones de descrédito o deshonra en contra de Héctor Rodríguez Chávez, exgerente de la empresa pública Yachay, en el contexto de un informe realizado en la Comisión de Fiscalización sobre las universidades emblemáticas que advertía de presuntas irregularidades en estos proyectos educativos creados y ejecutados en el gobierno del expresidente Rafael Correa.

$ 602 millones se han invertido en Yachay desde 2013, revela informe de Comisión de Fiscalización sobre cinco universidades emblemáticas del país

Las irregularidades detectadas que habría cometido Rodríguez, que lo llevaron a ser glosado administrativamente por altas sumas de dinero, constan en dos informes aprobados por la Contraloría General del Estado que fueron citados en el informe n.º CEPFCP-2021-2023-003-I I de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que no fue aprobado el pasado 24 de febrero.

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“Es necesario que se observe la conducta de este juez, quien al emitir la referida providencia transgrede la propia Carta Magna, y jamás tomó en consideración que desde la fecha en la cual se ha cometido la supuesta contravención, desde el 27 de septiembre de 2021 hasta el 10 de mayo de 2022″, subrayó Villavicencio.

El legislador añadió que desde esa fecha en la cual se estaría considerando como iniciado el proceso como resultado de la notificación han transcurrido aproximadamente ocho meses.

“El juez Felipe Córdova tampoco se detuvo ni siquiera a analizar si estaba o no prescrita dicha acción. Es menester indicar que con este escrito no pretendo inmiscuirme en el proceso o coartar las funciones de un juez, que ha soslayado la Constitución del Ecuador, pero es inaudito que los legisladores quienes tenemos dos funciones, como son, construir leyes y fiscalizar, se nos pretenda obstaculizar y amedrentar por los resultados de los informes de control político, mediante la tramitación de causas judiciales, permitir eso sería atentar contra las funciones propias de la Asamblea Nacional”, apuntó.

Villavicencio aseguró que no permitirán que se atropelle el trabajo de investigación realizado por Cordero, que sí fue entregado a la Contraloría, a la Fiscalía General del Estado y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para que inicien una investigación.

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“Presidente Murillo, los ecuatorianos estamos hastiados del irrespeto a la Constitución de la República y al constante pisoteo de las leyes por parte de los servidores y operadores judiciales”, indicó.

Villavicencio cuestionó que el juez Córdova no haya leído el artículo 128 de la Constitución, referente al fuero de corte que tienen los asambleístas y también espera que el pedido se archive en el pleno.

En tanto, en el informe de la mesa legislativa se analizó la situación de Yachay y de otras cuatro instituciones de educación superior: la Universidad Regional Amazónica (Ikiam), la Universidad Nacional de Educación (UNAE), la Universidad de las Artes y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). (I)