Para proceder con el enjuiciamiento penal de la asambleísta Ana Belén Cordero (CREO), quien fue denunciada por supuestamente proferir expresiones en descrédito o deshonra en contra de Héctor Rodríguez Chávez, exgerente de la empresa pública Yachay, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova, solicitó al pleno de la Asamblea Nacional, este 11 de mayo, que conceda la autorización previa para proceder.

La denuncia de Rodríguez Chávez se enmarca en el artículo 396, numeral uno, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla de las contravenciones de cuarta clase las cuales serán sancionadas con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. El numeral uno del 396 señala que será sancionada la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra.

El juez Córdova explica en su providencia que su pedido se da para garantizar el debido proceso y el trámite propio establecido en los artículos 128 de la Constitución y 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues la persona denunciada ostenta la dignidad de asambleísta nacional.

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El artículo 128 de la Constitución señala que los asambleístas gozarán de fuero de CNJ durante el ejercicio de sus funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional, y para iniciar causa penal en contra de un asambleísta se requerirá autorización previa de la Asamblea, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones.

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Si la solicitud del juez competente en la que pide la autorización para el enjuiciamiento no se contesta en el plazo de 30 días, se entenderá concedida. Solo se les podrá privar de libertad en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriada.

La denuncia tendría que ver con expresiones emitidas en el contexto de un informe realizado en la Comisión de Fiscalización sobre las universidades emblemáticas que advertía de irregularidades en estos proyectos educativos creados y ejecutados en el gobierno del expresidente Rafael Correa.

Cordero señaló que la denuncia malintencionada de Rodríguez Chávez es el precio que tiene que pagar por hacer su trabajo. “No me intimidarán, continuaré fiscalizando lo que corresponda”, anotó la legisladora, al tiempo que anunció que próximamente presentará la segunda parte de su investigación a las universidades emblemáticas.

La abstención de los legisladores Bruno Segovia (PK) y María Soledad Diab (PSC) ante la Comisión de Fiscalización evitó, el 24 de febrero pasado, la aprobación del informe. Solo hubo cuatro votos a favor: Fernando Villavicencio (CN-PSE), Ana Belén Cordero, Marco Troya y Pedro Velasco (BAN); mientras que en contra se pronunciaron Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova (UNES).

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En su momento, Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión, manifestó que el informe “solo demuestra el abuso de los recursos del Estado y la incapacidad administrativa y académica de quienes estuvieron a cargo” de las instituciones.

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Cordero en entrevistas señaló que el informe recomendaba que varios exfuncionarios de universidades como Yachay, entre otras, sean llamados a la Fiscalía y sean investigados por la Contraloría por posibles delitos como delincuencia organizada y peculado. Fander Falconí, René Ramírez, Héctor Rodríguez Chávez, Mario Cuvero y William Vásconez son parte de las personas que creía deben ser investigadas.

“Mi buen nombre me lo he ganado con honor, vida disciplinada, trayectoria limpia y con méritos, y con estas publicaciones en redes sociales son hechos que en materia de libertad lesionan mi dignidad, perjudicando mi reputación y estima”, refirió en la denuncia Rodríguez Chávez, luego de describir los hechos que generarían la existencia del delito.

La denuncia inicialmente estuvo en manos de una jueza de Pichincha que se inhibió de seguir con la causa debido al fuero de Corte Nacional que cobijaba a la asambleísta Cordero. (I)