Obtener elementos de convicción que apuntalen la teoría de la Fiscalía en lo que tiene que ver con las circunstancias de cómo se planificó y ejecutó el asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, es para lo que han servido estos 30 días extras de instrucción fiscal. Un total de 60 días ha durado esta etapa procesal abierta el 10 de agosto pasado y en la que se estaba investigando a trece personas.
El periodista de 59 años fue ejecutado al estilo sicariato pasadas las 18:30 del 9 de agosto pasado por Jhojan Castillo, colombiano que falleció luego del ataque a Villavicencio. El sicario falleció debido a golpes y disparos infringidos por la seguridad del presidenciable.
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Un día después del crimen fueron detenidos los también colombianos Andrés M., José L., Adey G., Camilo R., Jules C., Jhon Gregore R., y el 8 de septiembre siguiente se sumaron a la lista de procesados Laura C., Carlos A., Érick R., Víctor F. (colombiano), Alexandra Ch., José M. y Óscar F.
Los seis primeros fueron asesinados el pasado viernes, 6 de octubre del 2023, en la Penitenciaría del Litoral donde estaban recluidos, aunque el Gobierno todavía no revela en qué circunstancias.
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La Fiscalía informó que existía una orden para que estos sean trasladados a otro centro penitenciario por seguridad pero el Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) no la cumplió. Algo que también se están investigando.
Y este sábado 7 de octubre el 2023, el SNAI informó -sin dar mayores detalles- que un séptimo implicado, José M., también fue asesinado en el Centro de Detención Provincial Pichincha.
Christian Zurita, amigo de Villavicencio y quien lo reemplazó en la papeleta presidencial luego de su asesinato, piensa que la investigación tiene grandes resultados desde el punto de vista material, por lo que cree que en la audiencia preparatoria de juicio se conocería a detalle las circunstancias y la forma en que se planificó el asesinato de su colega periodista. Lo que él ve complicado y lo califica de un “gran reto” para la Fiscalía es el descubrir a los autores intelectuales.
Mediante la explotación de los datos contenidos en los más de 25 teléfonos celulares incautados y otras pericias a videos, llamadas y seguimientos se ha ido construyendo el mapa de relaciones delictivas que existieron entre los procesados previo al crimen.
Por ejemplo, se conoció que del teléfono de Carlos A., ecuatoriano relacionado con el grupo delictivo Los Lobos, habría salido la orden para que Castillo ejecute el asesinato; o que Laura C., con conexiones con Los Lobos para la comercialización de droga, mantenía como parte de su escolta una de las motos que fue abandonada cerca del lugar del crimen y además fue detenida meses atrás junto al sicario que acertó tres disparos en la humanidad de Villavicencio, entre ellos uno que impactó en su cabeza generando una muerte casi inmediata.
Estas trece personas conformarían los cuatro niveles o jerarquías identificados por Zurita solo para el complot material. Para él, estos niveles existentes generaría un enorme espacio, un divorcio entre lo que significa quiénes lo hicieron y quiénes ordenaron. El periodista refiere que en este acto criminal seguramente participaron más de 30 personas.
“Para movilizar a más de 30 personas en un gran complot se necesita tener mucho dinero, pero sobre todo mucho poder político. Hay poder político en el asesinato de Fernando Villavicencio”, indicó Zurita, al tiempo de decir que podrían existir algunos nombres que pueden vincularse a última hora en esta investigación o ser parte de otra indagación que debería abrirse para identificar a los autores intelectuales.
En esta segunda parte de la instrucción fiscal, luego de la vinculación de las siete personas, la Fiscalía ha seguido con la toma de versiones, ampliaciones de versiones de quienes integraban la cápsula de seguridad, familiares, cercanos e incluso, el 28 de septiembre pasado, rindieron por primera vez una versión varios de los procesados que se encontraban cumpliendo su orden de prisión preventiva en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y que luego fueron asesinados.
Sujeto intentó atacar a Verónica Sarauz, esposa de Fernando Villavicencio
El ministro del Interior, Juan Zapata; el comandante general de Policía, Fausto Salinas; el coronel Santiago Martínez, director Nacional de Seguridad y Protección de la Policía; y César Gonzaga, escolta y amigo de Fernando Villavicencio, han sido también llamados a rendir su versión. La diligencia se dará el 12 y 13 de octubre próximos, una vez se cerraron los 60 días de instrucción fiscal, pero la diligencia fue establecida dentro de esta etapa,
La viuda del presidenciable asesinado, Verónica Sarauz, tiene claro que tomará tiempo descubrir a los autores intelectuales del crimen, pero tiene la seguridad que se llegará en algún momento. “Esto es una carrera de resistencia. (...) No me atrevería a dar nombres de quiénes son los autores intelectuales, pero ciudadanos comunes como nosotros realmente no lo son, son gente muy poderosa”, indicó.
Entre las versiones que la Fiscalía ha recogido está la de Diego Vallejo, exfuncionario del Gobierno de Rafael Correa que se ha declarado perseguido por ese régimen y vive en Estados Unidos como asilado. Vallejo envió un escrito a la Fiscalía ecuatoriana señalando estar dispuesto a rendir su versión dentro de esta causa y a entregar su teléfono celular para ser periciado, pues en ese dispositivo, dijo, existía información que podría ayudar a esclarecer el asesinato de Villavicencio.
Otro de los hechos que marcaron estos últimos 30 días de instrucción fue el ofrecimiento hecho por Antony Blinken, secretario de Estados Unidos, de que su país, a través del Departamento de Estado, ofrece una recompensa de $ 5 millones por información que lleve al arresto o condena de los responsables del crimen contra el candidato presidencial de la alianza Genet Buena-Construye. Este mecanismo ya había generado información, pero aún no se ha dado a conocer si ya fue entregada a la Fiscalía de Ecuador, si servirá en este proceso o se mantendrán para otra investigación.
El asambleísta electo del movimiento Construye, Patricio Carrillo, tiene confianza de que la estrategia de inteligencia que ha planteado Estados Unidos de pagar por información servirá para entregar elementos de convicción que determinen esta “alianza mafiosa” que estaría detrás del asesinato de Fernando Villavicencio.
“Esta es una alianza mafiosa entre actores criminales, políticos y empresariales ligados a mercados ilegales. Esa es la alianza real y verdadero, hacia allá vamos a caminar y en la Asamblea Nacional, el primer día, presentaremos la solicitud no solo para que se cree la Comisión Ocasional, sino, para identificar todas estas distracciones que están detrás de este caso”, refirió Carrillo, quien además hizo un llamado público de transparencia al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional para que entreguen el informe administrativo que diga técnicamente qué sucedió el día del ataque en el tema de seguridad del candidato.
Como parte del proceso de investigación, Edwin Romero, abogado del capitán Cristian Cevallos, jefe de seguridad de Villavicencio, incluyó en el análisis el que su defendido hizo más de 100 requerimientos al alto mando policial para que le dotarán de armas largas, vehículos, equipos celulares y medios de comunicación. Los pedidos se habrían hecho debido a las constantes amenazas que recibía el asesinado candidato presidencial.
Muestra de la supuesta falta de atención institucional, recordó Romero, sería que al oficial se le había ordenado ir a retirar armas largas y otro material un día después del crimen de Villavicencio.
Para Zurita, aunque es verdad lo dicho por el abogado del capitán Cevallos, eso no merma la responsabilidad del oficial como jefe de la cápsula de seguridad del candidato atacado. El periodista dio estas declaraciones el miércoles último cuando llegó a la Fiscalía para entregar su teléfono personal y otros tres de cercanos a Villavicencio. La Fiscalía requirió a cerca de 25 personas sus equipos celulares para que sean periciados, Zurita ha pedido que exista la reserva del caso con la información personal y profesional que contienen sus teléfonos.
La entrega o no del equipo celular personal de quien también fue presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea fue otro tema que marcó el transcurrir de esta parte final de la instrucción fiscal. Desde la defensa de una parte de la familia de Villavicencio se pedía se ingrese a la Fiscalía ese teléfono, pero desde los cercanos al candidato asesinado se aclaraba que no se lo entregará y se mantendrá bajo resguardo. Para ellos ese equipo no tiene nada que ver con la investigación, ni tampoco asesinaron a Villavicencio por ese celular.
Cumplidos los 60 días de instrucción fiscal, la agente de Fiscalía a cargo del caso deberá notificar con el cierre oficial de esta etapa procesal y solicitar que el juez de la causa defina una fecha para que se realice una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En la primera parte de esta diligencia se debatirá sobre la existencia de vicios que anulen todo lo actuado por la Fiscalía, mientras que si se declara la validez procesal, en la segunda parte se escuchará el dictamen acusatorio de la Fiscalía. (I)