Una vez que ha sido notificado desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) que Armado Flor Izaguirre no obtuvo una curul en la Asamblea Nacional dentro de las elecciones generales de febrero pasado, la etapa de juzgamiento contra él dentro del caso Metástasis se retoma. En ese contexto, el procesado busca que los jueces que integran el Tribunal de Juicio de Metástasis, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), se excusen y se aparten del conocimiento de su juzgamiento.

El 7 de octubre pasado, el juez nacional Manuel Cabrera decidió llamar a juicio a 30 de los 37 procesados que llegaron a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro de una causa penal que investigó a una “empresa criminal” que estaba liderada por el narcotraficante Leandro Norero y tenía como objetivo infiltrar la justicia para obtener beneficios penitenciarios, sentencias favorables, información privilegiada de procesos en contra de Norero, alias Patrón, su familia y otros integrantes de su organización delictiva.

El abogado en libre ejercicio Armando Vicente Flor Izaguirre fue parte de esa lista de llamados a juicio en calidad de colaborador de la estructura criminal que tenía como parte de sus líderes a los también abogados Christian Romero, alias Globalpax; y Xavier Novillo, alias Novi o Novita. Al estar prófugo, el llamado a juicio de Romero quedó en suspenso; mientras, Novillo fue sentenciado a diez años de cárcel al ser ubicado como autor directo del delito de delincuencia organizada.

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El llamado a juicio no tuvo efecto inmediato en relación con Flor Izaguirre, pues el CNE decidió aprobar la calificación e inscripción de las candidaturas a la dignidad de asambleístas nacionales del movimiento Pueblo, Igualdad, Democracia (PID), lista 4. En esa lista estuvo como quinto asambleísta principal del movimiento PID Armando Vicente Flor Izaguirre.

El que la candidatura electoral del proceso esté en firme impidió que el juzgamiento continuara hasta que se conozcan oficialmente los resultados de las elecciones y con ello saber si la persona obtuvo o no el cargo por el que postulaba en el Legislativo. Esa prohibición de continuar con el enjuiciamiento se levantó al conocerse que Flor Izaguirre no obtuvo el voto favorable de la ciudadanía y con ello ningún tipo de inmunidad o de fuero lo cobijaba.

Con este panorama, Armando Flor ahora busca que los jueces nacionales Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Pablo Loaiza, quienes integraron el Tribunal de Juicio del caso Metástasis que condenó a 20 de los 21 procesados que llegaron a la etapa de juzgamiento, se aparten del caso por supuestamente no tener competencia, en virtud, dice, que ya habían conocido previamente “el fondo de la causa en relación con los demás procesados, dentro de la misma instancia procesal, lo que derivó en la emisión de una decisión de fondo”.

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QUITO (10-01-2025).- Audiencia de ejecución de sentencia (disculpas públicas de sentenciados) en el caso Metástasis, en la Corte Nacional de Justicia. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

La petición directa de Flor Izaguirre y su defensa es que se excusen Caicedo, Rodríguez y Loaiza y en su lugar se llame a integrar el Tribunal a otros jueces o conjueces nacionales.

El 25 de noviembre de 2024, los jueces Caicedo, Rodríguez y Loaiza condenaron como líderes y colaboradores a 20 de los 21 acusados. Solo el agente fiscal John Camposano recibió un auto de sobreseimiento, al no existir el convencimiento de su responsabilidad en la Sala de Juzgamiento de Metástasis, pues no se habrían presentado pruebas suficientes de su participación en los actos ilícitos investigados. Por eso, los tres jueces decidieron ratificar el estado de inocencia del agente fiscal de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional e Internacional (Fedoti) del Guayas.

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Según el análisis del Tribunal, Xavier Novillo, alias Novi o Novita, debía ser sentenciado como líder de la “estructura criminal” a diez años de cárcel; mientras que como colaboradores debían ser sentenciados el exjuez de la CNJ y expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán, alias Diablo; Pablo Ramírez, exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), entre otras 17 personas que recibieron condenas que van desde los tres años y cuatro meses de cárcel hasta los nueve años y cuatro meses de prisión.

Terán, Ramírez, los exjueces Ronald Xavier G. C., Johan Gustavo M. M. y Carlos Alfredo Z. N.; la exfiscal del Guayas María José A. C.; la perita policial Doris Soraya O. F.; los expolicías Armando Heriberto R. T., Ángel Danilo L. P.; Fernando Andrés G. A. y Edinn Alexander I. C. fueron ubicados como colaboradores y a su sentencia se sumó la agravante de haber sido servidores públicos al momento de la comisión del delito. Por ello se les impuso una pena de nueve años y cuatro meses de prisión.

QUITO (25-11-2024).- Jueces que conforman el Tribunal del caso: Mercedes Caicedo, ponente, Marco Rodríguez (i) y Pablo Loaiza, durante la audiencia de lectura de sentencia en el juicio del caso Metástasis, en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

A otros cuatro identificados como colaboradores que no fueron servidores públicos se les definió una sentencia de siete años de prisión. Entre ellos están la exguía penitenciaria Katherine Pilar G. A., el abogado Kevin Alexander P. V., el ciudadano Braulio Gabriel M. O. y el empresario Eduardo Alejandro R.P.

Finalmente, a tres personas acusadas como colaboradoras se les tomaron en cuenta atenuantes y recibieron penas reducidas de tres años y cuatro meses de privación de la libertad. En la lista están la exintegrante de la Comisión de Pacificación de las Cárceles, la colombiana Claudia Milena G. P.; y los abogados en libre ejercicio Sofía Nathaly G. M y César Manuel A.

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Una reparación económica de $ 4 millones es lo que definió el Tribunal de Juicio que deben pagar de ‘forma solidaria’ los 20 sentenciados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Así quedó determinado en el punto 869.9 de la sentencia por escrito notificada la noche del martes 18 de febrero por la Sala que dictó el fallo de primera instancia.

La notificación de la sentencia escrita llega casi tres meses después de que el Tribunal de Juzgamiento de Metástasis dio a conocer de forma oral su resolución unánime. (I)