La Fiscalía General del Estado sostiene que el empresario Conto Patiño y su entorno familiar y empresarial operaron una estructura que habría recibido y distribuido cerca de $ 58,8 millones provenientes de presuntos sobornos vinculados a la contratación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
La acusación fue presentada este lunes 11 de mayo por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, durante el alegato de apertura de la audiencia de juzgamiento del denominado caso Sinohydro, que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia.
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En su intervención, el fiscal afirmó que las empresas Recorsa S. A., domiciliada en Panamá, y Comercial Recorsa C. A., registrada en Ecuador, fueron utilizadas como estructuras receptoras y canalizadoras de pagos ilícitos provenientes de la empresa estatal china Sinohydro.
La Fiscalía asegura que, tras la adjudicación del proyecto Coca Codo Sinclair, estas empresas recibieron fondos que posteriormente fueron distribuidos entre familiares, allegados y personas vinculadas al empresario.
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Alarcón identificó como parte de este núcleo a los hijos de Patiño: María Auxiliadora Patiño, Juan Carlos Patiño, Patricia Patiño y Manuel Patiño Herdoíza; además de su nieta Priscila Burneo y su yerno Xavier José Macías Carmigniani.
Dentro de ese grupo, la Fiscalía puso énfasis también en la participación de los abogados Eduardo Carmigniani Valencia y Carlos Almeida Almeida, a quienes señaló como parte clave de la estructura financiera investigada.
“Operaron como una estructura clave para la recepción y distribución de los sobornos a través de sus empresas, percibiendo en conjunto aproximadamente $ 58,8 millones mediante el uso de cuentas personales, corporativas y compañías”, sostuvo Alarcón.
La Fiscalía sostiene que ambos abogados estuvieron relacionados con operaciones financieras y societarias que permitieron movilizar los fondos investigados. Mientras tanto, de Almeida se recordó también que fue asesor en la Vicepresidencia de la República durante el periodo en que Lenín Moreno ocupó ese cargo.
Pero la acusación fiscal también detalló que existió un segundo núcleo de recepción de beneficios económicos vinculado directamente al entorno familiar de Lenín Moreno.
Según el Ministerio Público, Moreno, su esposa, Rocío González, su hija Irina Moreno, sus hermanos Guillermo Moreno Garcés y Edwin Moreno Garcés, además de su cuñada Martha González, habrían recibido en conjunto más de $ 1 millón.
Para la Fiscalía, ese dinero representaría beneficios directos e indirectos derivados de la intervención de Moreno en la “viabilización” del proyecto Coca Codo Sinclair.
El Ministerio Público busca demostrar que este entramado empresarial permitió ocultar y distribuir dinero que habría sido entregado como contraprestación por favorecer a Sinohydro en la adjudicación y ejecución del megaproyecto hidroeléctrico.
La acusación también sostiene que los pagos se realizaron mediante transferencias nacionales e internacionales, cheques y movimientos bancarios entre distintas compañías y personas naturales.
Según el fiscal Alarcón, el esquema investigado se extendió entre 2009 y 2018 y generó pagos ilícitos que superarían los $ 76 millones.
La Fiscalía sostiene que ese monto corresponde aproximadamente al 4 % del valor total del contrato adjudicado para la construcción de Coca Codo Sinclair.
Uno de los puntos que la acusación pretende probar durante el juicio es que la intervención de operadores privados no era necesaria para la ejecución del proyecto, ya que se trataba de una obra estatal cuya administración debía recaer únicamente en entidades públicas.
El caso involucra a 21 procesados, entre ellos el exembajador chino en Ecuador Cai Runguo, empresarios, abogados y exfuncionarios públicos.
(I)