Este viernes, 8 de mayo, se continuará con la audiencia de juzgamiento de Santiago Díaz, exasambleísta del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) acusado de violar a una menor de 12 años. El pasado 17 de abril la diligencia se suspendió debido a que cuatro testigos del acusado no se presentaron en el juicio.
La fase de juzgamiento en esta causa se instaló el pasado 16 de abril. Hasta el momento se han escuchado los “alegatos de apertura” y como parte de la acusación se han expuesto en la audiencia el testimonio de los padres de la menor víctima y la intervención de peritos psicólogos, psicólogos clínicos, y se conoció la reproducción del testimonio anticipado de la niña violentada sexualmente en diciembre de 2024.
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La fase de juicio contra Díaz está a cargo de los jueces penales de Pichincha Pablo Coello (ponente), Galo Rumiguano y Milton Maroto. La segunda jornada en esta causa se instaló el 17 abril pasado en el Complejo Judicial Norte, en Quito, pero se suspendió una vez que empezó la parte acusada a evacuar la prueba testimonial y pericial anunciada. Al no acudir los testigos necesarios para respaldar la teoría de inocencia de Díaz, la Sala de Juicio decidió suspender la diligencia y para garantizar “igualdad de armas” ordenó que quienes han sido solicitados como testigos sean traídos a la diligencia con ayuda de la fuerza pública.
Ante la denuncia por la supuesta violación, la Fiscalía abrió una investigación previa y realizó, entre el 9 y el 13 de julio de 2025, cinco allanamientos. Ahí se incautaron documentos, dispositivos electrónicos, diez celulares, entre otros indicios.
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La entrega del entonces legislador, quien se ocultó por varios días, se produjo luego de que la Fiscalía mantuviera acercamientos con su defensa. Díaz decidió presentarse ante la justicia y se definió como punto de encuentro en la parroquia de Tumbaco. El 21 de julio de 2025 se hizo efectiva la orden de detención con fines de formulación de cargos emitida contra el ecuatoriano de 56 años por la jueza Carla Olalla, de la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia de Pichincha.
Un día después de la detención arrancó la instrucción fiscal en este caso. A tan solo horas de la entrega se le formularon cargos y la jueza Olalla le definió prisión preventiva.
Durante el primer día de audiencia rindieron testimonio los padres de la niña. El padre de la menor fue quien en julio de 2025 presentó la denuncia, luego de conocer los hechos y realizarle a su hija un examen médico que corroboró lo dicho por la pequeña. En los alegatos de apertura, Joan Paul Egred, abogado del padre de la víctima, pidió que al final de la audiencia el autor directo de la violación sea condenado a 22 años de prisión más agravantes.
El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que refiere sobre el delito de violación, describe que la violación es el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, se define, será sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años.
El ataque contra la niña se habría dado cuando la víctima tenía 11 años de edad y acudió a una reunión de diciembre con su madre y su tía, en la que estaba Santiago Díaz, a quien la pequeña conocía porque su madre trabajaba para él. En esa reunión el atacante le habría dicho a la niña que tenía un regalo para ella. Suben al cuarto, él cierra la puerta y utilizando su fuerza, utilizando las manos, habría cometido el adulto el acto de violación.
Patricio Yungay, parte de la defensa de Santiago Díaz, recordó que cuando se le formularon cargos a su representado la Fiscalía habría asegurado que contaba con 25 elementos de convicción y los mismos, al momento, se habrían reducido a 18. “En esta audiencia vamos a justificar que no existe delito alguno cometido por parte de Santiago Díaz, y en su momento solicitaremos su libertad”, anotó. (I)