Escándalo de supuesta corrupción pone en duda el poder del presidente de EMCO sobre los directorios de las empresas públicas

Las denuncias sobre la existencia de un presunto entramado de corrupción en las empresas públicas, que la Fiscalía investiga en el denominado caso Encuentro, han puesto en entredicho el alto poder de decisión del presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), puesto que se indaga si Hernán Luque Lecaro, expresidente de la entidad, tuvo relación o no en el esquema valiéndose de su jerarquía y conexiones. El 16 de enero pasado, el presidente Guillermo Lasso ordenó ubicar a Luque después de que el medio digital La Posta difundió un audio que se atribuye al exfuncionario, en el que manifiesta su preferencia por recibir $ 150.000 y que abriría cuentas en Andorra. Lo último que se supo de Hernán Luque fue que abandonó el país el 9 de enero –día que aparecieron las primeras revelaciones– y que habría llegado a Argentina, según el Gobierno. El exservidor estuvo al frente de EMCO entre julio de 2021 y diciembre de 2022.Desde que salieron a la luz los indicios de irregularidades se cuestionó la concentración de poder que tenía en sus manos el expresidente de EMCO, ya que también era el presidente de los directorios de las doce empresas públicas coordinadas. Inclusive lo advirtió el exsecretario Anticorrupción Luis Verdesoto en el informe que analizó las denuncias y que entregó al jefe de Estado.“El alto poder de decisión debe ser evaluado, pues el presidente del directorio de la EMCO, a su vez, preside también doce diferentes directorios que toman decisiones tanto estratégicas como operativas. El gerente general de cada empresa pública coordinada podría comunicarse ágil y constantemente con el presidente de directorio (actualmente EMCO). Esta modalidad puede generar que las decisiones estratégicas que involucren al Presupuesto del Estado recaigan sobre la integridad de una sola persona con su voto dirimente (presidente de EMCO) ”, describió Verdesoto.Líneas más adelante anotó que la concentración de información privilegiada podría derivar en riesgos de corrupción como presuntos conflictos de interés tanto como tráfico de influencias, direccionamiento de contratación, entre otros.Agregó que el actual modelo de gobernanza de las empresas carece de controles, auditorías o rendiciones de cuentas. La hipótesis es que se ha permitido a las máximas autoridades de EMCO y gerencias moldear, alterar o reformar procesos de contratación, favoreciendo a intereses corruptos.Verdesoto, en entrevista con este Diario, señaló que desde su punto de vista EMCO está mal concebida y sugirió que es necesario rediseñar todo el sistema de las empresas públicas. “Esa es la forma de solucionar la corrupción, no solo cortando cabezas”, expresó.Por otro lado, cuestionó que, aparentemente, la Contraloría no está auditando a la Empresa Coordinadora. “Hay que investigar por qué la Controlaría decidió que EMCO no era entidad susceptible de análisis”, agregó.Varios sectores políticos responsabilizan al presidente Guillermo Lasso de haber depositado demasiado poder en Luque al emitir el Decreto Ejecutivo 163, el 18 de agosto de 2021. Ahí se dispuso que los directorios de las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva sean presididos por el presidente del directorio de la Empresa Coordinadora. Aquella norma derogó el Decreto Ejecutivo 462 , suscrito el 16 de agosto de 2018 por el presidente Lenín Moreno, el cual establecía que los ministros del ramo sean los presidentes de los directorios .Pese a las críticas y el escándalo por la supuesta corrupción, hasta el momento el Ejecutivo no ha reformado o derogado el Decreto 163. Es decir, el actual presidente de EMCO, Joaquín Ponce (quien reemplazó a Luque), también encabeza los directorios de las doce empresas estatales.Ponce, en entrevista con Teleamazonas , respondió que “es un mito” aquello de que su cargo tiene mucho poder. Que los directorios están conformados por tres miembros, “no hay votos dirimentes ni superpoderes”, aclaró y dijo que las decisiones se toman con base en un expediente público. Describió, además, que el trabajo consiste en evaluar, supervisar y dar directrices a los gerentes para que conduzcan a las empresas por un camino de eficiencia, transparencia y productividad.Según datos compartidos por Joaquín Ponce, las ventas de las doce empresas coordinadas alcanzan los $ 18.000 millones y en gastos suman alrededor $ 14.000 millones. Aproximadamente la mitad de estos movimientos de dinero se concentran en Petroecuador, lo demás se reparte entre las otras once empresas. Esta estructura jerárquica, que ahora es invalidada por algunos grupos, no es nueva. Antes de la creación de EMCO la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) determinaba que los ministros del ramo presidan las empresas. Después de la aparición de la Empresa Coordinadora, en 2015, la LOEP fue reformada en 2017 y se estableció que el presidente de EMCO también lidere los directorios de las empresas del Ejecutivo.Posteriormente, en 2018 el entonces presidente Lenín Moreno expidió el Decreto 462 que devolvió la presidencia a los ministros. La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas fue creada el 7 de diciembre de 2015 , mediante el Decreto Ejecutivo 842 firmado por el presidente Rafael Correa.Entre las consideraciones se destaca que “es importante fomentar la coordinación, articulación y planificación de las actividades de las empresas públicas de la Función Ejecutiva, para mejorar su eficiencia y eficacia en la gestión técnica, administrativa y financiera, como instrumentos de política pública y alternativas para financiar el presupuesto del Estado, bajo principios de complementariedad y sustentabilidad económica y financiera”.Tiene como objeto planificar, articular, coordinar, controlar y validar las políticas y acciones de todas las empresas públicas, sus subsidiarias, filiales, agencias y unidades de negocio, con el fin de lograr mayores niveles de eficiencia. El primer presidente que tuvo EMCO fue Jorge Wated, entre 2015 y 2017, llegó a coordinar 28 empresas cuando asumió el mando. Él desempeñó varios cargos en las administraciones de Rafael Correa y Lenín Moreno.Wated comentó que el problema que se ha generado no es culpa de la institución en sí misma, sino de las personas que pudieron haberse aprovechado maliciosamente de sus puestos. Al tiempo de mencionar que las presunciones de corrupción tienen que ser probadas por la justicia, reflexionó que para lograr todo lo que se denuncia es imposible que lo haya hecho una sola persona y únicamente a través de la dirección de EMCO. “La única manera para cometer actos de corrupción en las empresas públicas tiene que haber sido nombrando a una persona de extrema confianza como gerente de esa empresa pública y toda la línea del proceso de contratación y, en el caso de las empresas eléctricas, las unidades de negocio”, analizó.Sobre cómo ha ido cambiando la tutela de la presidencia de los directorios, Wated explicó que EMCO se creó para resolver un problema con la gestión de las empresas públicas. Cuando los ministros del ramo eran los presidentes el inconveniente era la alta rotación de los gerentes de las empresas. “Lo que sucedía era que cada vez que se cambiaba de ministro, el ministro venía y cambiaba de gerentes”, indicó.Agregó que al entregar la presidencia de las empresas al titular de EMCO lo que se pretendió no fue darle poder a una sola institución, sino evitar el cambio constante de gerentes. Además, indicó que la designación de las gerencias no pasa por la sola decisión de una persona sino que es un proceso de revisión en el que intervienen los demás miembros del directorio de EMCO y de las empresas.Al ser consultado sobre cuál es la estructura ideal, Wated respondió que “no existe un ideal si las personas van a actuar exactamente igual, con el mismo criterio de querer gobernar sobre una empresa y no nombrar a una persona y dejar que la empresa haga lo suyo, y actuar fiscalizando a esa empresa y que los organismos de control fiscalicen” .En cuanto a la supuesta falta de control en EMCO por parte de la Contraloría, que Luis Verdesoto mencionó, Jorge Wated se mostró sorprendido. “Es raro”, dijo. Y añadió que debería crearse dentro de la Superintendencia de Compañías una intendencia de empresas públicas que controle tanto a las entidades del Ejecutivo como a las de los gobiernos autónomos descentralizados y universidades. La Contraloría General del Estado emitió un comunicado el viernes 27 de enero en el que señaló que audita la gestión de la Empresa Coordinadora a través de la Dirección Nacional de Auditoría de Telecomunicaciones. También detalló que hasta la fecha se han ejecutado tres exámenes a las operaciones administrativas y financieras y a los estados financieros. Al revisar en el sitio web de la Contraloría se observa que esos tres exámenes fueron aprobados en los años 2018, 2019 y 2020. Desde entonces no hay más reportes.La razón de esto, según la información proporcionada por la institución, es que desde 2018 la Contraloría no establece una unidad de auditoría interna en EMCO. Aquello responde a que, “en octubre de 2018, considerando el monto del presupuesto anual (que en su mayor parte se ocupó en gasto de personal y bienes y servicios de consumo) y debido a que la empresa pública no contó con proyectos de inversión, la Contraloría determinó que no es procedente la creación de la unidad de auditoría interna en la EMCO. Estos parámetros se mantienen en la actualidad ”, explicó el organismo en el comunicado de prensa. (I)

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