Este 30 de septiembre del 2022, la mesa de diálogo N° 8 de Seguridad y justicia cerró con la suscripción de un acta entre delegados del Gobierno nacional y representantes de los tres movimientos sociales, como el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que protagonizaron el paro nacional de 18 días en junio pasado.

En la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) en Quito, se produjo la última reunión que dejó más de 30 acuerdos y al menos, tres desacuerdos.

Entre los acuerdos, la administración de Guillermo Lasso se habría comprometido a entregar los convenios suscritos en materia de seguridad entre Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos a las organizaciones sociales.

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El Ministerio de Gobierno habría ofrecido solicitar esta información a la Cancillería ecuatoriana para entregarles el próximo 12 de octubre, cuando está previsto que concluya el trabajo de las diez mesas de diálogo que se conformaron desde el 13 de julio pasado, como parte de la suscripción del Acta de la paz, que puso fin a las protestas.

Reparación económica a víctimas del paro, solicitada por Leonidas Iza, debe establecerse en la justicia y no en las mesas de diálogo

Otros puntos alcanzados están relacionados con atención a los familiares de las personas privadas de la libertad que fallecieron en los motines carcelarios; generación de políticas públicas para contrarrestar la violencia de género, y otros más.

  • Construcción de una política y un protocolo de protección de defensores de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza

Instalar una mesa técnica permanente con la Secretaría de los Derechos Humanos, Ministerio de Gobierno y otros organismos estatales, para el desarrollo de la política pública y protocolo de protección de defensores de los derechos colectivos, humanos y de la naturaleza, con la participación de las organizaciones sociales, quienes tendrán voz y voto.

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Se contemplarán talleres para la construcción de la política pública y protocolos de protección de defensores de los derechos colectivos, humanos y de la naturaleza.

Como fecha de inicio de la mesa técnica permanente para el desarrollo de esta política pública y protocolo de protección de defensores de los derechos colectivos, humanos y de la naturaleza será el 13 de octubre del 2022.

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  • Identificar e indemnizar a cada una de las personas y sus familias que resultaron con heridas como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas tanto en el paro de octubre del 2019 como en el paro de junio del año 2022, hasta que establezca un plan de atención inmediata y reparación integral.

Se conformará una mesa técnica para identificar a las personas que requieren una atención inmediata, afectadas por las movilizaciones sociales de los años 2019 y 2022. Definir el tipo de asistencia que requiere cada una de las personas afectadas por las movilizaciones de los años 2019 y 2022.

  • Identificar a los comuneros, autoridades territoriales y defensores de derechos humanos, que han sido criminalizados, cuyos casos se encuentran tramitando a nivel nacional.

Será un objetivo de la mesa técnica la identificación de los comuneros y defensores de los derechos humanos.

  • Capacitar a las instituciones del Estado en estándares internacionales sobre la defensa de los derechos, estándares internacionales sobre protesta social, uso legítimo de la fuerza.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se compromete para que en el término de 30 días, contados desde el día de hoy 30 de septiembre del 2022, en diseñar un programa permanente de capacitación donde se recoja la no discriminación con enfoque intercultural, protección de derechos, derechos colectivos y protesta social, para transversalizar en los procesos de capacitación de todos los ministerios. Para extender la capacitación a los servidores del sistema judicial se coordinará con las entidades del sector justicia. En el diseño e implementación del programa de capacitación participarán las organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas.

  • Se articule todas las medidas para el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Ecuador y otros mecanismos de protección de derechos en el marco de la protesta social.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, presentará un informe de la implementación de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el plazo de 30 días, contados a partir del día de hoy 30 de septiembre de 2022.

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De su parte, la Defensoría del Pueblo debe realizar el seguimiento de las medidas de cumplimiento obligatorio dictadas en el contexto de las movilizaciones. Informar sobre las medidas adoptadas para el seguimiento del cumplimiento de las medidas de cumplimiento obligatorio adoptadas y las acciones adoptadas contra las y los servidores públicos que hayan incumplido dichas disposiciones

La Defensoría del Pueblo, hasta el 5 de octubre, proporcionará la información sobre las medidas de cumplimiento obligatorio, dictadas en el contexto de las movilizaciones.

  • Todas las entidades del Estado se comprometen a cumplir las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus observaciones de su visita al Ecuador de 14 de enero de 2020

El Gobierno Central se compromete a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de enero del 2020, realizadas al Estado ecuatoriano.

  • Se asegure la máxima participación de la sociedad civil y familiares de personas en prisión en cada fase de la ejecución de la política pública de rehabilitación social 2022-2025 y que se asegure su implementación, asignando todos los recursos necesarios para el efecto. Para ello, reformar la normativa correspondiente a fin de que, en el directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social se incorpore de forma permanente delegados de la academia, organizaciones de familiares de personas privadas de libertad, organizaciones de defensa de derechos, entre otras

El Gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se compromete a formalizar, por parte del Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, mediante resolución, la participación de representantes de la academia, organizaciones de familiares de personas privadas de libertad, organizaciones de defensa de Derechos Humanos, organizaciones sociales, organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas; en las reuniones de este cuerpo colegiado y sus mesas técnicas.

  • Cesar la política de austeridad para el sistema de rehabilitación integral y reinserción en la sociedad para las personas privadas de libertad y que se asignen los recursos del presupuesto fiscal que fueron programados previos a las políticas de austeridad y recorte del gasto público

La Secretaría de Derechos Humanos se compromete a entregar un informe explicativo, compilando la información de todas las instituciones que intervienen en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, de las asignaciones presupuestarias para la atención de los privados de la libertad, con el detalle de gastos que se realiza para la atención de las mismas. Este será entregado en 30 días contados a partir del 30 de septiembre del 2022.

  • Se asigne presupuesto para fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

La Secretaría de Derechos Humanos indica que está solicitado el presupuesto para fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y en el informe del acuerdo constará la información del presupuesto previsto.

  • Se construya un protocolo de participación de los familiares de personas privadas de libertad en monitoreo de la situación de sus derechos en casos de atención a salud y otros.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) actualizará el protocolo para el proceso de rehabilitación y reinserción social y desarrollo de actividades que permitan mejorar el estado de salud mental y emocional de las personas privadas de la libertad, con la participación de las familias de las personas privadas de la libertad y organizaciones sociales.

Además, las organizaciones sociales y las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas monitorearán la implementación del protocolo mencionado.

  • Implementar un sistema automatizado de seguimiento en el cumplimiento de la pena y su correspondiente excarcelación

El SNAI se compromete hasta marzo del 2023, en implementar en su sistema tecnológico y de registro biométrico los campos y/o módulos informáticos que permitan el seguimiento en el cumplimiento de la pena de las personas privadas de la libertad.

  • Se identifique a todas las personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad, en especial las personas indígenas, con el fin de garantizar su derecho a tener una decisión o sentencia con interpretación intercultural, conforme así dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Código Orgánico de la Función Judicial. En especial proveer de mecanismos que permitan identificar aquellos que no tuvieron buena defensa técnica, sufran condenas injustas o su proceso de rebajas o conmutación de penas están sufriendo retrasos y viabilizar un mecanismo que permita garantizar el patrocinio jurídico para que puedan o revisar sus sentencias, donde no se hizo la interpretación intercultural, interponer habeas corpus, etc., con la participación de organizaciones indígenas

Instalar, a partir del 19 de octubre del 2022, una mesa técnica entre las organizaciones sociales, la Secretaría de Derechos Humanos, el SNAI, el Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado, para identificar y evaluar la situación de las personas privadas de la libertad que se auto identifican como parte de los pueblos y nacionalidades indígenas y garantizar el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Código Orgánico de la Función Judicial.

El Consejo de la Judicatura liderará la mesa, coordinará las convocatorias y demás actividades concernientes al diálogo entre los intervinientes.

El Consejo de la Judicatura invitará a la Defensoría Pública, a la Defensoría del Pueblo y demás instituciones que considere necesarios para el cumplimiento del acuerdo.

  • Generar un proceso de capacitación a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Consejo de la Judicatura, dirigido a los operadores de justicia, acerca de la excepcionalidad de la prisión preventiva de tal suerte que esta sea aplicada en casos de estricta necesidad y se encuentre limitada por los principios de presunción de inocencia, legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad, interculturalidad, racionalidad y necesidad

La Secretaría de Derechos Humanos se compromete a coordinar los planes de capacitación de los operadores de justicia, en temas de derechos humanos, con relación a la excepcionalidad de la prisión preventiva, así como también en derechos colectivos, en conjunto con el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado.

Se garantizará la participación de los pueblos y nacionalidades Indígenas en el diseño de los contenidos y capacitación en derechos humanos, con relación a la excepcionalidad de la prisión preventiva y derechos colectivos a los operadores de justicia.

La Secretaría de Derechos Humanos presentará el cronograma del plan de capacitación en Derechos Humanos y derechos colectivos en 30 días, contados a partir del 30 de septiembre del 2022.

  • Facilitar los trámites para aprobar los traslados voluntarios de las personas indígenas privadas de libertad, por acercamiento familiar desde cualquier centro de privación de libertad hacia los centros de privación de libertad cercanos a su núcleo familiar y social, a fin de garantizar y fortalecer su vínculo y su identidad social y cultural

Se implementará la mesa técnica para analizar y actualizar el artículo 140 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. La mesa técnica estará integrada por las organizaciones de los pueblos y nacionalidades, el Directorio del Organismo Técnico (DOT) y el SNAI e iniciará actividades a partir del 15 de octubre del 2022.

  • Facilitar los trámites y aprobar el indulto presidencial, la conmutación o la rebaja de penas, según lo establece el artículo 74 del COIP y no con base en reglamentos o decretos que frenan posibilidades para acceder a estos beneficios.

Elevar el presente punto a la Mesa Coordinadora, donde están delegados de la Presidencia de la República y de las organizaciones sociales para que puedan revisar la posibilidad de establecer una mesa técnica para la evaluación y revisión de cada caso de las personas privadas de la libertad que son de las comunidades y pueblos indígenas, a los que se pueda aplicar el artículo 74 del Código Orgánico Integral Penal.

  • Facilitar los procesos de solicitud de régimen abierto, semiabierto y otros beneficios penitenciarios

La mesa que se instalará para tratar el tema relacionado al análisis y actualización del artículo 140 del reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, también tratará el análisis y actualización del artículo 65 del reglamento.

  • Emitir un decreto ejecutivo que viabilice la reparación integral de las familias víctimas de las masacres carcelarias por vulnerar su derecho a la integridad personal en la dimensión psicológica al generar traumas irreparables en sus vidas, sobre todo a mujeres, niñas, niños y adolescentes

Una vez recibida las solicitudes de las organizaciones sociales sobre el incumplimiento en la reparación a las familias y personas afectadas en las masacres carcelarias, así como también la reparación de las víctimas de las movilizaciones del 2019 y 2022, se tratará en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para gestionar con la correspondiente entidad estatal que tenga la competencia del cumplimiento de la correspondiente reparación.

  • Se construya una política pública de prevención de delincuencia juvenil, con enfoque de derechos humanos y en la que se asegure la máxima participación de la sociedad civil y que se asigne el presupuesto suficiente.

El diseño de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana se realizará con la participación de las organizaciones sociales, participación que será vinculante, en la medida que los aportes sean viables y consensuados entre las partes.

  • Exigir a la Fiscalía y a los operadores de justicia que la medida cautelar de prisión preventiva sea aplicada en forma excepcional, así como cuando se trate de miembros de los pueblos y nacionalidades indígenas se realice la interpretación intercultural y se aplique otras medidas conforme el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en sus artículos 8, 9 y 10

El Consejo de la Judicatura conformará una mesa técnica con la participación de la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, el SNAI y otras instancias que se consideren necesarias, para que se cumpla el siguiente propósito:

Identificar, en el término de 60 días, investigaciones y procesos judiciales de los años 2021 y 2022 en los que estén involucradas miembros de los pueblos y nacionalidades indígenas que permita conocer de forma desagregada el estado de las investigaciones o procesos, provincia, cantón, y otros datos de identificación de las causas; de ser pertinente, centro donde están privados de libertad, y otras variables que permitan contar con la información para la adopción de las políticas que correspondan, partiendo de la información proporcionada del SNAI. Así como otros casos, siempre y cuando se tenga los datos de auto determinación como parte de los pueblos y nacionalidades indígenas, identificados por el SNAI u organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas.

  • Cumplir con las recomendaciones del informe elaborado por la CIDH respecto a las Personas Privadas de Libertad publicado en el año 2022

La mesa técnica tendrá como parte de la agenda el seguimiento de la socialización sobre la implementación de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con relación a las personas privadas de la libertad.

  • Fortalecer los programas de reinserción social, mediante asignación de presupuesto y personal que permita garantizar su eficacia para cumplir con la finalidad de las penas

El presente punto está incluido en el acuerdo.

  • Que la Fiscalía General del Estado informe sobre los procesos de investigación iniciados en contra de los servidores que tenían el deber de prevención frente a los motines

La Fiscalía General del Estado se compromete, en el plazo de 30 días, contados a partir del 30 de septiembre del 2022 a entregar a las organizaciones sociales, los estados procesales de las investigaciones previas abiertas con relación a los motines carcelarios.

  • Crear mecanismos de alerta temprana para advertir, disuadir y enfrentar amenazas y riesgos en el sistema penitenciario.

En el informe del que participa el SNAI se incluirá el cronograma de ejecución e implementación del sistema de alertas tempranas, a través de las Direcciones de Inteligencia y Riesgo Penitenciario.

  • Crear, actualizar y socializar los protocolos necesarios que deben aplicarse frente a la intervención en crisis.

La mesa técnica tendrá como parte de la agenda la socialización sobre los mecanismos de prevención análisis de riesgos penitenciarios, a través de las direcciones de inteligencia y riesgos penitenciarios, a cargo del SNAI.

  • Incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia, así como dotarlo de equipo necesario para que intervengan de manera eficaz ante la ocurrencia de motines, de forma tal que su actuar oportuno prevenga en la medida de lo posible, y partiendo de un enfoque de derechos humanos, la pérdida de vidas humanas.

El Gobierno se comprometerá en trabajar en un proyecto de ley, con la que se revisará la institucionalidad del SNAI, para que sea un servicio público de relevancia.

  • Transparentar el presupuesto, los acuerdos y convenios mantenidos con EE.UU, en el marco de la seguridad.

El Gobierno, a través del Ministerio de Gobierno se compromete a solicitar a la Cancillería información sobre los acuerdos suscritos con el Gobierno de Estados Unidos, para que sea entregado a las organizaciones sociales, hasta el 12 de octubre.

  • Entregar los resultados del Censo Penitenciario, donde se identifique el número de personas indígenas, los delitos investigados y el estado de sus procesos, así como, se determine porque no se han realizado la interpretación intercultural al emitir las resoluciones correspondientes

El SNAI se compromete en socializar los resultados del censo penitenciario, a las tres organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas, hasta el mes de febrero del año 2023.

  • Establecer estrategias adecuadas y eficaces para desmantelar las estructuras criminales arraigadas en los centros penitenciarios que controlan diversas actividades delictivas, tales como el tráfico de drogas, alcohol y el cobro de cuotas extorsivas a otras personas detenidas

El SNAI indica que se ha tratado en la petición 26 de la presente acta y que puede tener el mismo acuerdo alcanzado, por ser parte de las alertas tempranas de seguridad.

  • Cualquier iniciativa de un “Plan Ecuador” o similares es inconstitucional al contradecir al Ecuador como territorio de paz, conforme lo establece el artículo 5 de la Constitución. Se deberá suspender las negociaciones para la implementación de un “Plan Ecuador”; y en alternativa, se buscará la cooperación internacional en el seno de Naciones Unidas y otros organismos similares, bajo un enfoque de derechos humanos e interculturalidad, para responder al crimen organizado y a la delincuencia transnacional

El Gobierno aclara que no existe un Plan Ecuador, sino una cooperación de lucha contra delitos de narcotráfico y fondos para atender la seguridad integral, como parte del Plan Nacional de Seguridad Integral, el mismo que se ajustó al Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno se compromete en respetar el artículo 5 de la Constitución.

  • La política pública de seguridad integral no puede seguir basada en nociones securitistas y punitivistas ni estar determinada unilateralmente por el gobierno de turno. En un Estado plurinacional e intercultural, la política de seguridad debe basarse en derechos humanos, colectivos y de la naturaleza y ser resultado de un consenso amplio e inclusivo. Se establecerá una mesa técnica de construcción participativa de la política de seguridad integral a la cual se convocará a las organizaciones sociales, organizaciones de los pueblos y nacionalidades, academia, cámaras de producción, organismos internacionales, etcétera. El gobierno asignará los recursos suficientes para la conformación y funcionamiento de este mecanismo. La política pública de seguridad estará orientado al buen vivir, económico, cultural, ambiental, salud integral de la población, especialmente de los segmentos más marginados y excluidos. Esta política incluirá la prevención de adicciones en la población joven. La mesa técnica establecerá un equipo técnico integrado por personas expertas designadas por el gobierno, las organizaciones del movimiento indígena y un organismo internacional que puede ser la oficina de ONU Ecuador. Este equipo técnico presentará un plan de intervención bajo las directrices que elabore la mesa técnica. El gobierno, mediante decreto, creará la mesa técnica señalada en este acápite. La normativa que regule el funcionamiento de esta mesa técnica será elaborada en coordinación y con participación de las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y otras organizaciones sociales.

El Gobierno tiene la apertura para que, en el diseño y preparación del Plan Nacional de Seguridad Integral, se lo realice con la participación de las organizaciones sociales y organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas, mediante cualquier mecanismo de participación ciudadana, por ejemplo, talleres, encuestas, reuniones de trabajo, entre otros.

  • El femicidio requiere reparación integral. No hay mecanismos de reparación integral para las víctimas de feminicidio. Lo que hay son acciones inefectivas de “atención a víctimas”. No han sido determinadas participativamente y carecen de mecanismos ágiles de acción. La Secretaría de Derechos Humanos garantizará la reparación integral a las familias víctimas de femicidio a través de acciones determinadas participativamente y articuladas con las demás agencias gubernamentales pertinentes. Esta atención incluye el acompañamiento psicosocial permanente, atención en salud, entrega de bonos, entrega de raciones alimenticias, programas de inserción/reinserción laboral, de becas escolares y acceso a la vivienda. El gobierno asignará el presupuesto necesario para la revisión de marcos normativos e institucionales, definición de programas y su implementación efectiva. Los bonos y demás tipos de asistencia no pueden seguir sujetos a requisitos imposibles o difíciles de cumplir. Por ejemplo: -documentación habilitante al día. En el caso de papeleta de votación, esto implica el pago de multas en muchos casos. La cédula actualizada es otro ejemplo. -La prueba de tenencia de niñas, niños y adolescentes es una resolución de la Junta de Protección de Derechos que requiere un trámite adicional y engorroso. La apertura de una cuenta bancaria en el BIESS. En la implementación de las casas de acogida, debe garantizarse de manera transversal la plurinacionalidad, la interculturalidad y la territorialidad a fin de que se implemente una reparación adecuada a las víctimas de violencia. Debe existir la participación de las organizaciones sociales y organizaciones de pueblos y nacionalidades. La Secretaría de DDHH garantizará y coordinará con las demás instancias del sistema de protección y atención a víctimas la implementación efectiva de medidas de reparación, determinadas como manda la norma y en articulación entre todas las instancias gubernamentales competentes. Se deben asegurar los fondos suficientes y eficientes para garantizar la reparación integral. La creación e implementación del Registro Único de Violencia debe adoptar una metodología disgregada donde se permita identificar el tipo de violencia, la identidad cultural, enfoque etario, entre otros; que permitirá la implementación focalizada de planes, programas y proyectos. Garantizar el presupuesto necesario para su implementación, de manera progresiva y correlativa con el índice de violencia existente. Se debe crear un Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres, con un enfoque de interculturalidad, para la creación, implementación y evaluación de las políticas públicas de prevención. Es necesario contar con justicia especializada para combatir la impunidad social y judicial que se corresponden, ya que en muchos casos se dejan en impunidad a los victimarios. La SDH debe generar una articulación con los GADs y las Tenencias Políticas, que implica la territorialización de la Ley de prevención y erradicación de la violencia en contra de la mujer. La Defensoría del Pueblo debe realizar el seguimiento del cumplimiento de las medidas de protección.

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, presentará un informe de los programas en el que conste el enfoque y el modelo de gestión para la prevención y erradicación de la violencia de género. Adicional, a través de una mesa técnica diseñará, ejecutará y evaluará una política focalizada para prevenir y erradicar la violencia de género y el femicidio con la participación de las entidades competentes, las organizaciones sociales, organizaciones de pueblos y nacionalidades, con enfoque intercultural y pertinencia territorial.

Desacuerdos:

  • De acuerdo con las recomendaciones de la CIDH de febrero de 2022, revisar y modificar la legislación que sanciona con privación de libertad aquellas conductas que por sus características e impactos no deberían ser criminalizadas; de manera especial, los tipos penales utilizados para la criminalización de la protesta. La Defensoría Pública informe cuántas personas indígenas privadas de libertad reciben patrocinio de esta entidad, donde se encuentran, por qué delitos.

No se puede tratar los petitorios por no estar presente la Defensoría Pública, a pesar de haber sido invitada a la presente mesa, por parte de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

  • La Fiscalía se compromete a respetar los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales a abstenerse de utilizar los tipos penales para criminalizar el ejercicio del derecho a la resistencia y la protesta de quienes participaron en el paro de junio del 2022

La Fiscalía General del Estado informa que ninguna autoridad judicial o administrativa puede disponer el archivo de las investigaciones, siendo esta facultad exclusiva de los Agentes Fiscales asignados para la sustanciación de la fase pre procesal iniciada, decisión que conforme lo previsto en el artículo 587 del Código Orgánico Integral Penal, está sujeta a la valoración del juzgador, quien puede aceptar el pedido o remitirlo en consulta a los Fiscales Provinciales para su ratificación o revocatoria.

  • El Ministerio de Gobierno, del Interior y de Defensa se comprometen a entregar todos los protocolos internos, mallas curriculares y todos los procedimientos relacionados con el uso de la fuerza en contexto de manifestaciones y protestas, tanto de la policía nacional como de fuerzas armadas para que puedan ser analizados por la ciudadanía con enfoque de derechos y a recibir e incorporar observaciones en los mismos

No existe un acuerdo en el presente punto entre las organizaciones indígenas y el Gobierno central.

  • La creación de un fondo emergente para la atención a las personas afectadas por las movilizaciones sociales del año 2019 y 2022.

Las organizaciones sociales solicitan como parte de la reparación integral, que haya una disculpa pública, tomando en consideración las declaraciones de las autoridades con relación a las movilizaciones de junio del 2022.

El Gobierno central indica que no era una propuesta planteada en el informe que se expuso en la sesión del 15 de septiembre, pero en el evento que el pedido de disculpas públicas sea parte de la reparación integral solicita que se siga el debido proceso ante la instancia jurisdiccional, como se dejó planteado anteriormente. (I)