La crisis interna, con la presencia de dos presidentes en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cumplió su sexto día, matizada por la incertidumbre de los funcionarios que no sabían cuál de las disposiciones acatar: si la emitida por Sofía Almeida en un comunicado de asistir de forma presencial a laborar o la emitida por Hernán Ulloa que se notificó mediante el sistema documental oficial Quipux para que acudan el 20 de febrero.
Desde el miércoles y hasta este lunes, Almeida se mantiene resguardando el quinto piso del CPCCS en Quito, en donde están ubicadas las oficinas de la presidencia.
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Aunque salió varias horas para acudir a su hogar durante el fin de semana, a tempranas horas de la mañana de este lunes acudió a la sede en la capital para despachar.
Ella dispuso a los más de 200 servidores asistir de forma presencial este lunes, mientras que Ulloa mantiene la medida de teletrabajo hasta el 20, acción que la misma Almeida emitió días atrás con base en un informe interno del Departamento de Talento Humano porque se registraban varios casos de COVID-19 en el personal.
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Esta medida se acató de forma parcial, pues Almeida consta en el sistema oficial de documentación como consejera y Ulloa como el presidente.
Para que se acate su disposición, este último envió a los funcionarios una comunicación en la que señala que el teletrabajo se mantendrá hasta el 20 de febrero y que “no se ha dispuesto la ejecución de listados flash ni inicios de procesos disciplinarios”.
Los listados flash se refieren a un mecanismo interno de la institución para controlar que los servidores se encuentren en sus sitios de trabajo.
Por otro lado, Ulloa convocó a una sesión extraordinaria este lunes, a las 15:00, y Almeida convocó a otra ordinaria para este miércoles, a las 10:00.
Antes de la media mañana, Almeida, acompañada de los consejeros David Rosero, vicepresidente, y Javier Dávalos, además de grupos sociales que la respaldan, anunció que envió al presidente de la República, Guillermo Lasso, una carta en la que lo exhorta a que “haga respetar la institucionalidad y el ordenamiento jurídico. (…) Asuma la responsabilidad de lo ocurrido en aras de sanar la imagen del Consejo”.
Este caos institucional se inició el pasado 9 de febrero, cuando en una sesión ordinaria permanente 3 los consejeros Francisco Bravo, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira removieron de las dignidades de presidente y vicepresidente a Almeida y Rosero, respectivamente.
En el mismo acto designaron a Ulloa presidente y Rivadeneira vicepresidenta.
Tanto Ulloa como Almeida sostienen sus presidencias con base en decisiones judiciales resueltas en la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón (Guayas), el pasado jueves 10 de febrero.
Almeida aseguró que la medida cautelar que emitió la jueza Karly Vargas, para evitar que se trate en la sesión permanente 3 la moción de remoción de la presidencia, es la que está vigente.
“Cualquier acto posterior a la medida cautelar es ilegal”, sentenció.
Aseveró que el comunicado divulgado por el Gobierno nacional el viernes último, en el que se reconocen las decisiones del CPCCS y la resolución judicial, es un “reconocimiento al golpe de Estado institucional, es un comunicado hipócrita”.
Ulloa continúa despachando desde el hotel Colón de Quito, debido a las acciones que impulsa Almeida, que mantiene atrincherado el organismo, incluso con la presencia de delegaciones de grupos sociales.
Él defiende su designación por la aceptación de una acción de protección por la jueza de Samborondón, Larissa Ibarra, con la que se “presumen legítimos” los actos dados en la sesión del 9 de febrero, en la que se lo eligió para ese cargo, con el respaldo de Rivadeneira, Estupiñán y Bravo.
La sesión extraordinaria convocada por él para este lunes se realizará de manera virtual, y tiene entre los puntos de resolución remover como secretario general a Carlos Chiriboga y nombrar a su remplazo. Además, reformar el reglamento de sesiones del Consejo de Participación Ciudadana.
Este lunes, en los exteriores del Consejo, ciudadanos agrupados en el Movimiento Nacional Campesino, presidido por Richard Intriago, expresaron su respaldo a la “mayoría” de consejeros.
“Todo cuerpo colegiado funciona con mayorías, y en esta mayoría, por fin, ponen un presidente y esperamos que active el trabajo que ha estado sin desarrollarse desde la anterior presidencia. Tenemos un montón de autoridades que no se han designado en el país”, expresó Intriago.
Almeida, Rosero y Dávalos también recibieron este lunes respaldos de colectivos sociales, entre ellos, de los barrios del sur de Quito. Ahí, la presidenta denunció que afuera de las instalaciones hay drones vigilándolos. (I)