En los primeros 16 días de paro nacional que vive el Ecuador, casi el 70 % de los procesos de investigación previa e instrucción fiscal abiertos por la Fiscalía a nivel nacional en el contexto de las paralizaciones se han centrado en cuatro provincias de la Sierra y dos de la Amazonía.

Las protestas a escala nacional con carácter de indefinido se iniciaron el 13 de junio pasado y fueron convocadas por organizaciones indígenas como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la Organización de Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), entre otras.

Según la Fiscalía, entre el 13 y el 28 de junio últimos, que se completó el decimosexto día de protesta, se abrieron 261 investigaciones previas y 29 instrucciones fiscales por distintas figuras penales a las que se adecuarían hechos ocurridos durante las movilizaciones. En total 290 procesos penales iniciados de oficio o por denuncias planteadas.

Presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, ya no es un interlocutor válido para el diálogo, aseguran desde el Gobierno y piden que se abran vías para retomar conversaciones con la Conaie

Pichincha en la Sierra y Pastaza en el Oriente son las provincias con más número de procesos abiertos por la Fiscalía. Entre ambas suman 95 causas en etapa reservada de investigación e instrucción fiscal, es decir, casi la tercera parte de los hechos que se habrían registrado en 20 de las 24 provincias del país.

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En varios cantones de Pichincha se registraron enfrentamientos que generaron hechos en los que estarían involucrados manifestantes en ataques violentos a personas y a bienes públicos y privados y miembros de la fuerza pública (policías y militares) que habrían incurrido en actos de represión aparentemente excesivos.

En Quito específicamente se han dado incursiones violentas a edificios de la Fiscalía, la Contraloría General del Estado, se atacó un convoy militar en el que fueron incendiados varios camiones de las Fuerzas Armadas y resultaron heridos algunos policías y militares, y también se investiga bajo el delito de homicidio el fallecimiento de tres de cinco personas en el contexto de las protesta: Jhonny Félix (Collas), Henry Quezada (parque El Arbolito) y Franco Íñiguez (San Antonio de Pichincha).

QUITO (23-06-2022).- Manifestantes se enfrentan a la Policía Nacional en la avenida 12 de Octubre y Tarqui, después del intento fallido de tomarse la Asamblea Nacional. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas

En estas cifras aún no se incluyen los procesos que se hayan abierto por la quema de dos Unidades de Policía Comunitaria (UPC) ubicadas en el norte de Quito, ni tampoco las infracciones que se habrían generado en los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en San Miguel del Común, en Calderón.

Chimborazo con 31 casos, Cotopaxi y Azuay con 27 y 25, respectivamente, y Orellana, en la Amazonía, con 23 causas, son las provincias que completan los 201 procesos abiertos del total de 290 indicados. Exceptuando Pastaza, Orellana y Azuay, las tres provincias restantes fueron parte de las dos declaratorias de excepción que el presidente Lasso dispuso para controlar los niveles de violencia que se habían generado en esos territorios.

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Paralización de un servicio público (106), daño a bien ajeno (35), ataque o resistencia (25) y robo (25) son los delitos por los que más se han iniciado las indagaciones respectivas. Cerca de 30 delitos ocurridos en el marco de las protestas son los investigados hasta el momento por la Fiscalía, entre ellos, extorsión (2), hurto (2), secuestro (14), tortura (1), daños materiales (1), intimidación (8), lesiones( 9).

En Pastaza, entre los hechos por los que Fiscalía abrió investigaciones está la muerte de Byron Guatatoca, quien falleció en Puyo debido a que se le incrustó una bomba lacrimógena en la cabeza, el ataque al Comando Policial de la Provincia y la destrucción de bienes del Estado al ser incendiados.

“Resultado de la lucha hay muchos criminalizados, muchos quienes en estos momentos incluso ya están con procesos de juicio. Por lo tanto nadie ha salido a luchar por vandalismo, al menos de nosotros. Este proceso debe quedar limpio sin ningún compañero, en este caso que esté criminalizado por las protestas sociales”.

Ese era uno de los pedidos que Leonidas Iza, presidente de la Conaie, hizo dentro de los diálogos, que al momento están en punto muerto, entre el sector indígena y el gobierno de Guillermo Lasso.

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‘Estamos dispuestos a escuchar, al diálogo, pero no lo haremos con una pistola en la sien. Para sentarnos a conversar (con la Conaie) deben deponer sus medidas de hecho’, dice Francisco Jiménez, ministro de Gobierno

La Policía Nacional informó que hasta el 29 de junio se ha aprehendido a 150 personas y han presentado como institución 113 denuncias a nivel nacional por hechos que se enmarcarían en delitos como secuestro, daño a bien ajeno, alteración del orden público, ataque o resistencia, entre otros.

El constitucionalista Stalin Raza cree que si la Fiscalía encuentra responsables e inicia procesos y la Función Judicial adelanta estas causas, el Ejecutivo no puede comprometerse en absoluto con nadie a que esos procesos queden truncos, no se inicien o no continúen.

Raza sostiene que es trabajo de la Fiscalía analizar caso por caso para así determinar de forma concreta la responsabilidad o no de quienes son o serían procesados. Para el constitucionalista lo peor que le podría pasar al Ecuador como Estado y sociedad es que no se sancionen hechos que se constituyen a todas luces como un delito. (I)