Si el Tribunal de Juzgamiento falla en contra del expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz, en el caso Pruebas COVID-19, sería la primera vez que recibiría una condena.
En su dilatada vida política, Bucaram ha sido denunciado penalmente por diferentes delitos, pero estas causas no prosperaron.
En los años 80, por ejemplo, fue acusado de supuesta traición a la patria, por emitir unas declaraciones críticas contra las Fuerzas Armadas, y de peculado en la contratación de relleno sanitario en Guayaquil durante su gestión como alcalde, en el llamado caso Cascajo, en este último fue sobreseído. En estos años se dio su primer autoexilio en Panamá.
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Luego, Bucaram se posesionó como primer mandatario en agosto de 1996 y fue defenestrado en febrero de 1997; tras su salida se le abrieron dos procesos penales por peculado en los casos Mochila Escolar y Gastos Reservados. Volvió a autoexiliarse en Panamá.
Estos casos, según la legislación de la época, no podían juzgarse en ausencia y tampoco eran imprescriptibles. Por ello prescribieron a los 20 años, en 2017. Entonces retornó al país.
En 2020 se le abrieron tres investigaciones: una por delincuencia organizada en la compra de pruebas para detectar el coronavirus y otros insumos, que está próxima a recibir sentencia; otra por tráfico de armas de fuego, químicas y nucleares, en la que la etapa de juicio está pendiente desde 2020; y otra más por tráfico de bienes culturales, en el cual fue sobreseído.
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La teoría de la Fiscalía en el caso llamado Pruebas COVID-19
En el caso Pruebas COVID-19, además del exmandatario están procesados su hijo Jacobo Bucaram Ortiz, el exagerente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro Berrones y el ciudadano israelí Sheinman Oren.
El pasado viernes, 15 de mayo del 2026, los jueces del Tribunal de Juicio Gandhy Cervantes (ponente), Ivonne Vásquez y Pablo Coello entraron a deliberar sobre la decisión que tomarán contra los acusados; no hay fecha para la reinstalación de la audiencia para la lectura de la sentencia.
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La Fiscalía pidió que se lo condene. Actualmente Abdalá Bucaram cumple la medida cautelar de arresto domiciliario.
La teoría del caso señala que los acusados supuestamente conformaron una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos en el contexto de la comercialización de 21.000 pruebas rápidas para la detección de COVID-19 y otros insumos médicos en la emergencia sanitaria.
Para ello, según la Fiscalía, habrían movilizado bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman Oren y Shy Dahan para el traslado de las pruebas.
Ellos están acusados en el grado de autores directos.
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Estos insumos supuestamente fueron entregados a Jacobo Bucaram, quien habría pagado $ 321.600 en efectivo a Oren y Dahan.
Los extranjeros fueron aprehendidos en la provincia de Santa Elena con $ 100.000 en efectivo. Además, se hallaron otros $ 212.510 y 385 euros en el departamento en el que se hospedaban.
Ambos se movilizaban con credenciales falsas, simulando ser agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por las siglas en inglés). Por estos hechos, Oren fue sentenciado a 20 meses de prisión por el delito de uso doloso de documento falso.
La Fiscalía aseguró que el hijo del expresidente ejercía, mediante llamadas telefónicas, amenazas sobre Dahan para que modifique las declaraciones sobre los hechos que lo involucraban en el caso. Abdalá Bucaram supuestamente le ofreció interferir en decisiones judiciales para mejorar su situación jurídica si cambiaba la versión. Finalmente, fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral.
Bucaram padre y su hijo están procesados como presuntos colaboradores de la red.
La peruana Orietta Marengo también fue llamada a juicio en este caso, pero está prófuga y este delito no puede juzgarse en ausencia. Otros dos exagentes de la AMT procesados aceptaron los hechos y, en un procedimiento abreviado, fueron condenados a cinco años de prisión.
El delito de delincuencia organizada tiene una pena de prisión que va de siete a diez años para los autores; los colaboradores serán sancionados con una pena privativa de libertad de cinco a siete años. Aunque hay agravantes que pueden aumentarlas.
Los otros procesos
En el caso de tráfico de armas de fuego, químicas y nucleares, la audiencia de juicio estaba prevista originalmente para octubre de 2020, pero no se ha logrado instalar.
La última convocatoria está para junio de este año y el Tribunal Penal advirtió en su providencia que esta vez “no se aceptarán diferimientos de audiencia por alegaciones de cambios de defensores a última hora ni cruce de diligencias de los defensores, ni mucho menos por enfermedad sin justificativo médico otorgado ya sea por el IESS o por el Ministerio de Salud Pública, puesto que este tipo de acciones pueden ser consideradas como maniobras dilatorias envestidas de deslealtad procesal. En caso de suscitarse aquello, la Defensoría Pública intervendrá en el patrocinio, sin que pueda alegarse indefensión”.
La causa se abrió luego de que en los allanamientos en la casa de Bucaram que dieron origen al caso Pruebas COVID-19 se hallaron un arma de fuego y municiones sin permisos. Este delito tiene una pena de tres a cinco años de cárcel.
Y el caso de tráfico de bienes patrimoniales se derivó del mismo allanamiento, en el que también se encontraron algunos artículos considerados como tales. Pero el exmandatario fue sobreseído. (I)