Con la expectativa de formar un frente amplio para enfrentar la contienda electoral de febrero del 2025, el movimiento político Democracia Sí, lista 20, está alistando a su militancia.
El 9 de febrero de 2025 se realizarán las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, miembros de la Asamblea Nacional y parlamentarios andinos para los siguientes cuatro años, de acuerdo con el calendario que suscribió el Consejo Nacional Electoral (CNE).
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Con ello, en los próximos meses se reactivará un ambiente proselitista en el país, pues los partidos y movimientos políticos activan sus filas y sus procedimientos internos para escoger a sus precandidatos a las diferentes dignidades.
El calendario oficial detalla que entre el 3 y 17 de agosto las agrupaciones nacionales y provinciales cumplirán el primer trámite, que es el de solicitar al CNE acompañamiento para sus procesos de democracia interna, en la que los adherentes y afiliados escogen a sus favoritos.
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Luego, entre el 13 de septiembre y el 2 de octubre, los sujetos políticos (partidos, movimientos y candidatos) se inscribirán ante el Consejo para formalizar su participación.
Preparándose a esos momentos del periodo electoral, Democracia Sí está fortaleciendo su estructura interna y formando cuadros que los represente.
Esa actividad se lleva a la práctica en una escuela de formación política de líderes jóvenes y mujeres que puedan encabezar listas, comentó Gustavo Larrea, director nacional de Democracia Sí.
Otro eje de actuación es la renovación de sus directivas provinciales, proceso que concluiría en marzo próximo.
En el ámbito propiamente electoral, Democracia Sí no descarta formar alianzas para componer este «frente amplio» que articule a distintas fuerzas políticas y que en conjunto elaboren un plan de gobierno que se ajuste a la realidad nacional.
«Creemos que es importante constituir un frente amplio para enfrentar las elecciones del 2025 y esto implica una política de alianzas y acuerdos que contribuya a salir de la crisis en la que el país se encuentra. Hemos conversado con fuerzas políticas, con algunos líderes nacionales y acercamientos como con Cristina Reyes (parlamentaria andina); Otto Sonnenholzner (exvicepresidente de la República y excandidato presidencial); y con Yaku Pérez (exprefecto de Azuay y excandidato presidencial) para poder conformar este frente que represente una alternativa de gobierno», relató Larrea.
Estos acercamientos no son candidaturas, solo conversaciones, precisó el dirigente político, quien pronosticó que entre abril y mayo podrían contar con sus primeros precandidatos para las presidenciales.
Gustavo Larrea, que fue ministro en los inicios del gobierno de Rafael Correa, no descarta que se elaboren las listas de candidatos en el seno de este ‘frente amplio’.
Esta iniciativa no es nueva para Larrea, pues participó en una experiencia similar en los últimos comicios nacionales anticipados del 2023, fruto de la disolución de la Asamblea Nacional.
El año anterior, el partido Unidad Popular (UP), el partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y Democracia Sí, listas 2-17-20, formaron una alianza electoral llamada Claro que se Puede, que cobijó la candidatura presidencial del activista político y ambiental Yaku Pérez Guartambel, aunque sin éxito.
Para el directivo político, en los procesos electorales se enfrentan ciertas circunstancias como la convulsión política y social por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el 9 de agosto de 2023, «que hizo que quienes respondieron adecuadamente a ese fenómeno tuvieron más opción electoral. Pero para quienes cometieron errores hay menos opción», reflexionó.
Con esa alianza -Claro que se Puede- alcanzaron tres curules en la Legislatura: Eduardo Mendoza Palma por Los Ríos, Carlos Rodríguez Riofrío por El Oro y Arturo Ugsha Toaquiza por Chimborazo.
No obstante, los resultados de esos comicios nacionales anticipados no se tomarán en cuenta para los cálculos de cumplimiento de los umbrales de votación y número de dignidades electas que contempla el Código de la Democracia como uno de los requisitos para cancelar a una organización política. (I)