El SNAI, una entidad cuestionada cuya reestructuración estaría en análisis del Gobierno

La violencia en las cárceles del país que dejaron 330 personas privadas de la libertad asesinadas, y un último hecho relacionado con la liberación del exvicepresidente de la República Jorge Glas días después de un motín en la cárcel del Turi en Azuay, ha promovido una discusión en el interior del Gobierno respecto a reestructurar el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

El 30 de marzo de 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso escindió el Ministerio de Gobierno creando el Ministerio del Interior, que si bien tiene la competencia de promover la seguridad ciudadana y el orden público, no incorpora entre sus atribuciones coordinar acciones con el SNAI.

El nuevo ministro del Interior, Patricio Carrillo, reconoció el pasado miércoles, durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que su cartera no tiene competencia sobre el sistema de rehabilitación social, el cual permanece aún bajo la responsabilidad del SNAI.

Sin embargo, extraoficialmente se conoció que se prepara una reestructuración de esa institución y que podría estar bajo el paraguas del Ministerio del Interior.

El SNAI remplazó a lo que era el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que creó el expresidente Rafael Correa en el 2007.

Su sucesor, el exmandatario Lenín Moreno, extinguió dicho ministerio, mediante el Decreto Ejecutivo 560 del 14 de noviembre de 2018, y transfirió sus competencias a dos nuevas entidades: la Secretaría de Derechos Humanos y al SNAI.

Esta última surgió como un órgano de derecho público, con personalidad jurídica, dotada de autonomía administrativa, operativa y financiera; encargada de la gestión, seguimiento y control de las políticas y regulaciones. Se le entregaron las competencias sobre rehabilitación, reinserción, seguridad, indultos, conmutación o rebaja de penas y medidas cautelares para las personas privadas de la libertad (PPL).

El órgano de ejecución operativa es el denominado Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Está a cargo de un director nacional, con rango de ministro y así ha visto pasar a cinco administraciones, entre el periodo de Moreno y Lasso:

• Ernesto Pazmiño (que asumió la transición en el 2018).
• Edmundo Moncayo.
• Fausto Cobo (dos periodos).
• Bolívar Garzón.
• Pablo Ramírez (actual director).

A cuatro años de su existencia, los resultados no han sido exitosos en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, como se ofrecía en el decreto firmado por Moreno.

Al contrario, es una institucionalidad tiznada por la corrupción y sin presencia territorial que permita adoptar políticas públicas, observó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un informe de febrero del 2022 que realizó a propósito de las matanzas registradas en las cárceles el año pasado.

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La CIDH concluyó que esta crisis es estructural provocada por el debilitamiento del sistema penitenciario, que se ha visto bajo la responsabilidad de las diferentes funciones del Estado en las últimas dos décadas.

El origen “responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado y a la falta de una política criminal comprensiva que busque la prevención y control de la delincuencia mediante un enfoque de derechos humanos”, se citó.

Los factores: el debilitamiento de la institucionalidad; aumento de penas y del catálogo de delitos que privilegian el encarcelamiento; la política contra las drogas; uso excesivo de la prisión preventiva; obstáculos legales y administrativos para la concesión de beneficios e indultos; y deplorables condiciones de detención.

También, medidas gubernamentales motivadas por el recorte del gasto público “que han provocado la precarización de recursos humanos y materiales, sumado a la expansión del fenómeno de la corrupción a todos los niveles”.

Se cuestionó que tras la eliminación del Ministerio de Justicia y la posterior creación del SNAI, esta “se constituye como un servicio” lo que lo hace “carecer de rectoría y presencia territorial en comparación con un ministerio; más los actos de corrupción que impedirían el correcto funcionamiento del sistema”.

Sobre este último factor, se narra, por ejemplo, que las PPL son “clasificadas en función de cuánto dinero pagan a quien controla el centro penitenciario”, acompañado de un fenómeno de corrupción conocido como el economato, que sirve para la provisión y venta de artículos a los detenidos.

La Comisión de Seguridad y Soberanía del Parlamento también emitió un informe sobre la crisis penitenciaria, de un periodo que va del 2016 y 2021, en el que se responsabiliza directamente a los servidores del sistema de rehabilitación, sistema judicial, derechos humanos, ministros, secretarios nacionales, entre otros.

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En la investigación se observó una desarticulación de esfuerzos y acciones para dar respuestas y soluciones estructurales a la crisis del sistema.

Las conclusiones llevan a que las masacres de febrero, julio y septiembre del 2021 son el “resultado de años de abandono del sistema de rehabilitación por parte del Estado y de la ausencia de políticas públicas y modelos de gestión integrales de rehabilitación social y reinserción laboral”; además de la ausencia de una política pública articulada al Plan Nacional de Desarrollo y la falta de personal especializado y formado.

Otra arista se articula a la reducción continua de recursos, que según la Comisión, las asignaciones pasaron de $ 164′700.398 en el 2015 a $ 124′259.323 en el 2016; $ 91′492.541 en el 2020; aunque para el 2021 se incrementó a $ 108′319.390.

Para Elsie Monge, directiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), crear instituciones “aisladas” es parte de esta crisis.

“Lo que estamos viendo es el resultado del fracaso del sistema penitenciario, en el que el hacinamiento ya es violencia. La institucionalidad pone parches, se toman medidas para tapar el incendio, pero no se va a la raíz del problema, porque hay una falta de coordinación; no puede ser que cada institución sea una isla, es decir, se crean instituciones aisladas, cuando la rehabilitación social tiene varias aristas y al final no hay una solución integral”, opinó.

En el país existen 36 centros de rehabilitación social que, a marzo del 2022, según estadísticas del SNAI reportan un hacinamiento del 14,91 %, con una “capacidad instalada efectiva” de 30.169 PPL, aunque no se precisa el número total de reos hacinados.

De acuerdo con la rendición de cuentas del año 2021, el SNAI contó con un presupuesto de $ 99′644.371, del que para el pago de remuneraciones destinó $ 41′599.325. Esto porque la integran 2.806 servidores, entre los que están los agentes de seguridad penitenciaria.

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Está a cargo del general de la Policía Nacional Pablo Ramírez, cuya gestión es cuestionada luego de que el 9 de abril último, el juez Javier Moscoso, de la Unidad Multicompetente de Manglaralto (Santa Elena) concedió un recurso de habeas corpus al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, pese a tener dos condenas por hechos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht y Sobornos 2012-2016.

En la audiencia, el SNAI no había objetado los informes médicos que expuso la defensa de Glas y que viabilizaron su salida de la cárcel de Cotopaxi.

En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea el pasado 13 de abril, Ramírez justificó que la entidad “no puede pronunciarse por la salud de una persona privada de la libertad, debido a que la salud es establecida por el Ministerio de Salud, que tampoco fue convocado, siendo parte procesal de la audiencia para corroborar los informes médicos; por eso, el abogado no objeta la acción”.

Esta actuación propició un análisis en el interior del Gobierno, en el que se prevé adoptar mecanismos de reestructuración del organismo.

Incluso por las sospechas de la ‘coincidencia’ entre los eventos registrados en el Turi el 3 de abril, que dejaron 20 reos asesinados.

Este suceso dio paso a que una militante del movimiento de la Revolución Ciudadana, Nicole Malavé, plantee el recurso de habeas corpus para Glas y con el que salió de la cárcel.

Ella alegaba que estaba preocupada por la seguridad del exvicepresidente, pues cuando fue a preguntar por su seguridad en el centro, le informaron que no sabían a dónde había sido trasladado.

Sin embargo, Ramírez, aseguró en la comisión legislativa que Glas nunca abandonó la cárcel de Cotopaxi; y que, en la audiencia ante el juez Moscoso se informó que estaba en ese centro. (I)