En las últimas horas, el quinto piso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en Quito se ha convertido en la trinchera de Sofía Almeida Fuentes, en esta batalla legal que se disputa con Hernán Ulloa Ordóñez por mantener la presidencia de la institución y con ello su control.
A eso de las 16:00 del miércoles 9 de febrero, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira fueron designados con sus votos y los de Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán presidente y vicepresidenta del Consejo, en lo que fue la reinstalación de una polémica sesión ordinaria permanente 3 que se inició el 26 de enero pasado.
Publicidad
Su designación se dio luego de haber removido de esas dignidades a Sofía Almeida y David Rosero, quienes también se reconocen como tales.
Pero antes de que tomen posesión de los sillones de presidente y vicepresidenta en el salón, Francisco Bravo tenía listos unos ramos de hojas de eucalipto y otras especies que sacudía para hacer una limpia de las malas energías. “Venga, venga, venga”, decía mientras pasaba las plantas por la espalda a Ulloa; el mismo ritual se hizo para Rivadeneira, en medio de las risas de quienes ahí se encontraban.
Publicidad
Los cuatro consejeros celebraron la decisión y la defendieron, al considerar que la reinstalación de esta plenaria era legal y legítima, pues esperaron trece días para que David Rosero la convoque y no los escuchó.
Así, Ulloa se trasladó a la oficina de la presidencia, en donde intentó empezar a despachar.
Mientras para él ese era un día de emoción en el que dio gracias a Dios y a su familia por apoyarlo en este tránsito, para Almeida ese miércoles fue un mal día.
Ella se encontraba en Guayaquil y desde allá suspendió una sesión ordinaria que estaba prevista.
Al enterarse de que los alrededores del CPCCS en Quito estaban custodiados por decenas de miembros de la Policía Nacional convocó a una rueda de prensa virtual para alertar de un golpe de Estado institucional impulsado desde el gobierno de Guillermo Lasso, según dijo.
Estaba descompuesta y enojada. “¡Conécteme en este momento a la reunión, conécteme en este momento!”, le gritó a un funcionario en la sede de Guayaquil. No se percató de que estaba en vivo en ese acto.
Horas después tomó un vuelo hacia Quito y se trasladó hasta el CPCCS. Encontró a Ulloa sentado en la oficina del quinto piso y empezó una transmisión en vivo en su red social de Facebook alertando de su llegada.
“¡Qué falta de respeto, Hernán, haz el favor y respeta el Consejo!, entiendo que el Gobierno te esté ayudando en complicidad con la Policía, pero esto no es legal, no es posible que actúes de esta manera. ¡Retírate, tú no eres ningún presidente, y haz el favor de salir de mi oficina! ¡No es legal! ¡Usurpador de funciones!”, le gritaba.
Ulloa le explicaba que todo era legal, la invitaba a sentarse, pero ella mantenía alto el tono de su voz y no dejaba de reclamar.
Los otros tres consejeros Bravo, Rivadeneira y Estupiñán observaban, pero no intervenían.
Ulloa se quedó sentado en una mesa que está de frente al sillón para quien ocupe la presidencia, en el que Almeida se sentó.
Minutos después llegaron mujeres y dirigentes sindicales y de comerciantes, que respaldan a David Rosero, para resguardarla.
Pasaron las horas. La madrugada del jueves, y ahí seguían Ulloa y Almeida mirando sus celulares para evitar las miradas.
Ulloa se retiró a su oficina y horas después a una habitación del hotel Colón, en Quito, en donde hasta hoy se encuentra para despachar y atender a la prensa.
Las puertas del Consejo están cerradas. La atención es por una ventanilla de la puerta de metal.
El quinto piso está custodiado por guardias de seguridad y sitiado por funcionarios, amigos y familiares de Almeida, quien no ha salido en los últimos tres días para evitar un posible desalojo.
Tres oficinas rodean la presidencia. Hay una ducha y una cocina que permiten a Almeida mantenerse en el sitio. Bañarse y vestirse para aparecer ante las cámaras por las constantes entrevistas.
Entre los funcionarios afines a ella se turnan para cuidar ese piso. Mientras unos salen a bañarse, cambiarse de ropa y comer, otros se quedan cuidándola y piden comida a domicilio.
Afuera circulan los patrulleros para evitar desmanes y vigilar el edificio.
En el interior hay temor de que la Policía Nacional llegue a desalojarlos. La noche del 9 de febrero, asesores de la presidencia se espantaron cuando un grupo de uniformados se presentó en el piso.
Apareció un abogado y les dijo que no había ningún delito de acción pública y que no solicitaron su presencia, así que se fueran.
Un oficial le explicó que recibieron un aviso de que se estaban agrediendo, pero el abogado no le dejó hablar. Le dio la mano despidiéndolo y pidió a un guardia de seguridad que los escoltara hasta la puerta para que “no se olviden por dónde es la salida”.
La tranquilidad en las huestes volvió.
Almeida reclama la presidencia con el apoyo de David Rosero y Javier Dávalos. Se graban videos con dirigentes de grupos sociales para evidenciar que tienen respaldo ciudadano.
Ella se mantiene en que la medida cautelar otorgada por la jueza Karly Vargas, de la Unidad Judicial de Samborondón (Guayas), la reconoce como presidenta y que todas las actuaciones dadas en la sesión del miércoles son nulas.
Aparece en las entrevistas en medios de comunicación a través de plataformas digitales para no dejar el quinto piso.
Este viernes atendió una entrevista a Teleradio de Guayaquil en el programa de Jimmy Jairala y reclamó que la claqueta la identificaba como consejera. “Soy la presidenta”, aclaró.
Para este lunes, Día del Amor y la Amistad, convocó a los 273 funcionarios a reintegrarse a sus funciones presenciales. Se acabó el teletrabajo, y convocará a una nueva sesión plenaria a los siete consejeros.
Aunque el control administrativo también es motivo de conflicto. Ulloa y Almeida se pelean por el manejo del sistema documental Quipux.
Ulloa despidió a los funcionarios de nivel jerárquico superior y Almeida los sostiene.
La noche del jueves 11 de febrero, ella publicó un comunicado en el que advierte a los servidores de abstenerse de suscribir documentos sin la legítima información de respaldo hasta que la Fiscalía General disponga que se le restituya el Quipux.
Hay incertidumbre en los funcionarios que no saben a quién responder. Almeida en un memorando en el que aparece como “consejera” le pide a uno de ellos que revea las actuaciones sobre el manejo tecnológico y se eviten “futuros desacatos”.
Por su parte, Ulloa también divulgó un comunicado este viernes, en el que les dice: “Sofía Almeida no es más su presidenta” y les llama a acatar “solo y únicamente las directrices de quien les habla”.
Almeida lleva dos días sin dormir. Recibe a ciudadanos que la apoyan hasta horas de la madrugada y espera ir a su hogar el fin de semana, para volver el lunes.
Quienes la apoyan se quedarán en vigilia en el quinto piso, mientras Ulloa dice que no ha llamado a la fuerza pública para desalojarlos. Para “no caer en el acto bochornoso al que nos quieren llevar”. (I)