El correísmo direcciona investigación en la Asamblea sobre la narcopolítica y su vinculación con la justicia

El correísmo no quiere perder el control en la investigación sobre las vinculaciones políticas en la justicia y encarga el caso a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde tiene la presidencia y cuatro votos asegurados, frente a tres del Gobierno, uno del Partido Social Cristiano, un independiente, y quedan afuera la bancada Construye y el grupo de Pachakutik. Inicialmente, la bancada de la Revolución Ciudadana a través del legislador Leonardo Berrezueta habló de crear una comisión ocasional multipartidista, pero eso no garantizaba el control de la mesa y la hoja de ruta que tendrá la investigación que nace del caso Purga, que develó la operación política del exasambleísta Pablo M. en la Corte Provincial de Justicia del Guayas.Este 12 de marzo, la bancada anunció que el proceso de investigación se realizará en la Comisión de Fiscalización, que preside Pamela Aguirre, quien ya mantuvo una primera reunión la semana pasada cuando llamó a comparecer a la exdirectora del Consejo de la Judicatura en Guayas María Josefa Coronel, sobre sus declaraciones respecto a lo que pasaba en la judicatura en Guayas.La Comisión de Fiscalización está integrada por los siguientes asambleístas: Pamela Aguirre (RC-presidenta), Luis Alvarado (ADN-vicepresidente), César Umajinga (SUMA-ADN), Sofía Espín (RC), Lenin Barreto (RC), Ronal González (RC), Ramiro Vela (ADN), Lenin Rogel (PSC) y Adriana García (Gente Buena).El anuncio del correísmo de encargar a la Comisión de Fiscalización la investigación sobre la vinculación política en la justicia a raíz del caso Purga tomó de sorpresa al legislador César Umajinga (SUMA-ADN), quien dijo que ese tema no ha sido expuesto ni aprobado aún en la mesa de Fiscalización, donde es integrante.“La agenda no pone la presidenta, a pesar de que la ley lo permite, pero por sanidad ética de una institución como la Asamblea Nacional, primero debería conocer la comisión, pues la agenda no la pone la Revolución Ciudadana, sino todos los comisionados y se debe conocer la hoja de ruta”, increpó el representante de Cotopaxi.Sin embargo, el legislador Umajinga reconoció que la mesa ya está metida en la investigación y en la sesión del viernes pasado tuvo que improvisar su intervención ante unos invitados. Y este martes 12 de marzo “acabo de escuchar que para el caso Purga se ampliará la investigación en las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, también jueces y fiscales, pero nosotros debemos conocer esa agenda”, anotó.La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, anticipó que la investigación tiene una génesis en el juicio político a los exvocales Fausto Murillo y Juan José Morillo, cuando el Consejo de la Judicatura envió un expediente en el que se evidencia que durante el periodo del juicio político a Murillo, en el año 2022, se realizaron 30 contrataciones y que corresponderían a familiares de asambleístas o de personas vinculadas a los despachos de los legisladores y de las comisiones.Por ejemplo, dijo que hay un caso de una prosecretaria de la Comisión de Biodiversidad que pasó a ser secretaria de juzgado, y eso se corroborará con la información tanto de la Asamblea Nacional como de la Contraloría General del Estado. Con esos datos, la Comisión de Fiscalización aprobó una resolución de investigación sobre casos de presunta corrupción en la Judicatura a nivel nacional.El caso Purga, explicó Aguirre, está relacionado con el reparto de la justicia y es solo una parte; y lo que se prevé en esta investigación es determinar cómo la Judicatura controlaba las sanciones a los jueces.Para continuar con el proceso, la Comisión de Fiscalización tiene previsto reunirse este 13 de marzo a las 10:00 para recibir al presidente del Consejo de la Judicatura (e), Álvaro Román, y a Hugo González, expresidente de la Corte Provincial del Guayas. Román tiene que revelar lo que encontró dentro de la Judicatura.La legisladora Aguirre afirmó que está segura de que casos similares a los registrados en Guayas se repiten en otras provincias; por ese motivo, dijo que convocará a los directores de la Judicatura de todas las provincias del país, a los presidentes de las cortes provinciales de Justicia y a las cabezas de las fiscalías de las distintas provincias.También solicitará a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y a la Contraloría General del Estado que realicen auditorías patrimoniales a jueces, fiscales y a exfuncionarios del Consejo de la Judicatura; pues si no se tienen auditorías patrimoniales, no se conoce qué es lo que estaban recibiendo a cambio de que determinados jueces dejen libres a delincuentes.Lo que se podrá determinar en esta investigación es qué recibieron los políticos, jueces y fiscales a cambio de sentencias que permitieron dejar libres a delincuentes. “Aquí vamos a investigar la incidencia de la narcopolítica en la justicia, la incidencia del crimen organizado en la justicia y la ausencia de control de la Judicatura”, subrayó.Aguirre dijo que la investigación será amplia y esperan terminar un primer borrador en los próximos 45 días, aunque se adelanta a señalar que esta investigación puede coincidir con el trámite del juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar.A la Comisión de Fiscalización serán llamados todos aquellos exasambleístas y actuales asambleístas que hayan recibido favores o hayan ejercido presión en la Justicia, anotó la legisladora Aguirre, incluido su coideario Ronny Aleaga, quien será vinculado a un caso de presunta delincuencia organizada, según lo anunció la fiscal Diana Salazar .En estos días también se ha convocado a comparecer al exasambleísta socialcristiano Pablo M., procesado por la Fiscalía en el caso Purga, aunque primero esperan coordinar con el organismo pertinente para que permita la conexión por vía virtual.Pese a que todavía no está aprobado por la Comisión de Fiscalización, Aguirre anticipó que en la próxima sesión se delimitará desde qué periodo se investigará a los exasambleístas y su vinculación con la Justicia. No descartó que esta investigación se extienda desde el 2021.Por segunda ocasión la bancada de Construye no logra incluir en la agenda del pleno de la Asamblea Nacional una resolución de respaldo político a la acción de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y a su equipo de investigación en el caso Purga, que es una derivación del caso Metástasis, relacionado con delincuencia organizada.Este 12 de marzo, la secretaría general del Parlamento no acogió el proyecto de resolución planteado por el asambleísta Paúl Buestán (Construye), señalando que las firmas que respaldaban el documento no estaban validadas, por lo tanto, el pleno no puede conocer la petición, lo cual fue objeto de reclamos por parte de los asambleístas del movimiento Construye, quienes anunciaron que insistirán en su propósito.También cuestionaron que una vez más la sesión plenaria del Parlamento, donde hicieron este planteamiento, esté conducida por la primera vicepresidenta, Viviana Veloz (RC), ante la ausencia del titular, Henry Kronfle, quien está de viaje oficial en los Estados Unidos de Norteamérica. (I)

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