Que se le permita defender en libertad es la aspiración que mantiene el contralor subrogante, Pablo Celi, dentro del proceso penal que se le sigue junto con ocho personas más por el delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres. A las 12:30 de este jueves 13 de mayo, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dará a conocer su resolución oral sobre si acepta o no la apelación a la prisión preventiva que pesa sobre siete de los nueve investigados.

Tribunal de Apelación de la Corte Nacional suspende audiencia en el caso Las Torres y dará a conocer su resolución oral el próximo jueves 13 de mayo

La aspiración que tiene Celi la hizo conocer mediante una carta hecha pública el pasado 11 de mayo. Según el contralor subrogante, busca que se le cambie la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre él desde el 14 de abril último por cualquier otra medida cautelar a fin de colaborar con el total esclarecimiento de los hechos en este caso y “transparentar ante el país la legalidad y ética” de sus actuaciones.

“Una innecesaria prisión preventiva me impide el ejercicio de las funciones y responsabilidades legales que me corresponden como contralor general del Estado e incluso restringen el ejercicio de mi rendición de cuentas, prevista constitucionalmente que el país debe conocer”, apuntó.

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Los jueces de la CNJ Byron Guillén (ponente) y Luis Rivera y la conjueza Mercedes Caicedo conocieron el 7 de mayo pasado los argumentos para apelar la orden de prisión preventiva que mantienen los abogados no solo de Celi, sino también del exsecretario general de la Presidencia José Agusto Briones, los hermanos de estos, Esteban Celi y Luis Agusto Briones, y tres personas más.

La Fiscalía hasta el momento ha formulado cargos contra nueve personas por supuestamente ser parte de la estructura que habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación del pago de planillas correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit C. A., entre el 2017 y el 2020.

Para el lunes próximo está definida la audiencia en la que se vinculará a cinco personas más al caso Las Torres. Entre ellas están el exgerente de Petroecuador Pablo Flores Cueva y su padre, Marco Flores Troncoso.

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Celi, quien ha solicitado vacaciones sin paga en la Contraloría General del Estado, señala en su comunicado que se ha difundido “información distorsionada que ha permitido un linchamiento mediático” a base de hechos con los que, dice, no tiene ninguna vinculación personal.

“Esta situación de indefensión se agrava con el confinamiento e incomunicación que han limitado mis posibilidades de acceso a la información y pronunciamiento, de mi parte, sobre versiones que lesionan mi integridad como persona y autoridad en ejercicio de sus funciones”, apuntó el contralor subrogante.

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Finalmente, Pablo Celi sostiene que la fiscal general, Diana Salazar, y otras autoridades conocen de su disposición para colaborar con las investigaciones de la Fiscalía y “todas las instancias de combate a la corrupción” en este caso y en cualquier otro, como asegura lo ha venido haciendo desde sus funciones en la CGE y como ciudadano.

Versiones de funcionarios de la CGE refieren pedidos directos del contralor (s) Pablo Celi para desvanecer glosas en caso Las Torres

A lo largo del expediente existen versiones que señalan que las glosas que se investigan fueron desvanecidas en la CGE por orden directa del contralor Celi. Además, también se investigaría la participación en este delito de Raúl De la Torre, familiar del contralor subrogante, quien ya fue sentenciado en Estados Unidos por aceptar ser parte de una trama de sobornos en Petroecuador.

Durante la audiencia de apelación de Pablo Celi, la fiscal Diana Salazar dijo que él en su calidad de contralor subrogante tenía la potestad de ordenar a sus subalternos y que en uso de sus facultades dispuso a subcontralores el desvanecimiento de glosas a favor de la empresa Nolimit, esto a través de dinero entregado a su hermano Esteban Celi, quien habría recibido pagos de Nolimit por gestionar el desvanecimiento de glosas y facilitar la entrega de dinero.

Además, Salazar indicó que existe el peligro de fuga como ya ha ocurrido con autoridades procesadas en otros casos y resaltó el hecho de que el contralor Celi días antes del operativo en el que fue detenido, el 12 de abril pasado, solicitó de forma urgente visa para Estados Unidos y España.

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Marcelo Ron, abogado de Celi, rechazó el argumento de Fiscalía explicando que su cliente debía realizar un viaje oficial a Estados Unidos y lo que hizo es solicitar que se le ponga la visa en el pasaporte nuevo, porque aún tenía vigencia la visa; mientras que el caso de la solicitud de visa a España dijo que es un hecho falso. (I)