Ejecutivo acogió por completo solo dos de las catorce recomendaciones que la Asamblea Nacional le hizo hace un año para atender la crisis carcelaria

Hace un año, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional elaboró un informe, que luego fue aprobado en el pleno, que recogía una investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos de distintas entidades del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria y la alarmante situación de inseguridad ciudadana que ya vivía el país en ese tiempo, y que se mantiene y ha recrudecido.

Dentro del documento, los legisladores hicieron 76 recomendaciones a diferentes instituciones y ministerios. De esas, 14 estuvieron dirigidas al Ejecutivo. Según un balance realizado por la comisión legislativa, 2 se cumplieron en totalidad, 9 de forma parcial y 3 todavía no han sido ni consideradas.

Ramiro Narváez (ID), presidente de la Comisión de Seguridad, indicó que en este tiempo han realizado seguimiento de todas las recomendaciones que hicieron en el informe, en el que se sugirió realizar un censo que permita tener las estadísticas nacionales del sistema penitenciario y que ha sido uno de los avances reconocidos internacionalmente.

Las dos sugerencias acogidas por el Ejecutivo fueron la reestructuración del Ministerio de Gobierno, que derivó en la creación del Ministerio del Interior y la creación de una unidad especializada para el diseño de la nueva política pública de rehabilitación social, que está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos.

Las nueve recomendaciones que se han cumplido parcialmente son las mejoras de la situación de cárceles; precautelar la seguridad de las personas privadas de libertad y de la ciudadanía; implementar un protocolo de observancia de las normas y estándares internacionales de derechos humanos en torno a las personas privadas de libertad (PPL); la observancia de normas y estándares internacionales de DD. HH. y mecanismos tecnológicos; la asignación de recursos; creación de mecanismos de cooperación para dar respuesta a la situación carcelaria; identificación de riesgos de las PPL y de grupos de atención prioritaria, en particular mujeres; acciones frente a las bandas de crimen organizado en los CPL; la creación y dotación de institucionalidad a una unidad dentro del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) para la detección de amenazas y riesgos en el sistema penitenciario; y, la implementación de un mecanismo de resolución de conflictos para prevenir la situación de violencia penitenciaria.

Mientras, en las tres que aún no son acogidas están solicitar un informe al CIES sobre el control de ingreso de armas; reinstitucionalizar el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y establecer disposiciones para la reparación integral a víctimas y familias.

Sobre el cumplimiento de las recomendaciones, Patricia Núñez (UNES), también miembro de la Comisión de Seguridad, menciona que aunque siempre estuvieron conscientes de que el informe no era vinculante se trató de una investigación exhaustiva y minuciosa, que les tomó tiempo y acciones como recorrer todos los centros penitenciarios para analizar sus deficiencias y que lamentan que no se haya tomado en su totalidad.

“Una de las recomendaciones indispensables era la que tiene que ver con infraestructura, para que se pueda hacer un accionar real de rehabilitación social de las PPL, nosotros encontramos cárceles con pabellones destruidos producto de los amotinamientos, que ocasionaron destrucción de espacios de salud, de talleres, escáneres, puertas automáticas. Todo esto era un sistema que debía ser recuperado, pero hasta ahora no hay nada”, indica.

La legisladora comenta que es preocupante la falta de voluntad política que se evidencia en el bajo número de recomendaciones acogidas. Además, refiere que todas las acciones que no se realizan son muestra de que no existe “un trabajo coordinado” entre todas las instituciones del Estado.

Diego Pérez, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales y experto en seguridad, difiere y dice que más allá de que exista falta de voluntad política del Ejecutivo, está también en el Legislativo y en los partidos políticos.

“Es importante establecer un gran acuerdo político que permita a los diversos actores ponerse de acuerdo sobre el camino que van a tomar para atender la situación y acordar una política de Estado que se mantenga en el tiempo, esto no es un problema que surge o se soluciona solo en este Gobierno ni por el siguiente, se trata de un trabajo a largo plazo”, subraya.

Refiere que si bien todas las recomendaciones pueden llegar a ser importantes, no todas pueden ser acogidas al mismo momento, por lo que a su criterio es necesario articular un verdadero acuerdo político.

Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Guayaquil (CDH), coindice en que el informe que elaboró la comisión fue muy amplio, con una convocatoria que fue más allá de las entidades públicas y reunió a a organizaciones de DD. HH. y expertos de la academia.

“El informe ya tiene un año y puedo decir que fue un buen instrumento, lo comparo con las observaciones y recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es decir, recomendaciones sobre qué hacer en términos de obligaciones gubernamentales las hay y de manera numerosa y detallada”, dice, y coincide en que es poco lo que se ha hecho y que “no hay la suficiente voluntad política ni en temas presupuestarios incluso”.

“Lo que está en el corazón de esas recomendaciones es que todo el aparato estatal, toda la sociedad vea este tema como fundamental, obviamente en la relación de bajar la criminalidad no solo en el interior de las cárceles, sino también afuera, sobre todo en Guayaquil”, apunta.

En tanto, sobre las últimas acciones que ha tomado el Gobierno en cuanto al sistema carcelario, Núñez considera que son la muestra de que cuando existe voluntad política se pueden conseguir buenos resultados, aunque cuestiona por qué no se tomaron las mismas acciones desde mucho antes.

“Se ha hecho decomiso de armas, pero a nosotros nos preocupa quién permite que ingresen, qué está haciendo inteligencia, qué está haciendo la Policía Nacional, qué están haciendo las mismas Fuerzas Armadas, tenemos varias inquietudes de si existen vínculos o acuerdos, no digo que sea así, pero nos quedan las dudas, al igual de por qué no se intervienen al mismo tiempo otros centros penitenciarios, por qué no se unifica la política, como asambleístas tendríamos el derecho de conocerlo si es que es así”, explica.

Pérez coincide en que en el sistema hay una serie de “disfuncionalidades” que surgen crisis tras crisis, como el ingreso de los elementos ilícitos a las cárceles y que evidencia una red de corrupción que de seguro existe.

Por su parte, Navarrete menciona que las últimas acciones del Gobierno se han desarrollado con bastante efectividad, en relación con el volumen de internos trasladados y que podría significar la recuperación de pabellones, que no estaban controlados por el Estado, aunque cuestiona que esto haya ocurrido un año después del informe y dos años después comenzó toda una secuencia de violencia y masacres que han provocado cerca de 550 asesinatos de PPL dentro de las cárceles.

Mientras, para Pérez, ante la situación grave que tiene el país, “primero se necesita restablecer el orden” para empezar con los mecanismos de reparación. Dice que cualquier acción que se realiza es solo reactiva, atada a la coyuntura.

“Tenemos una reacción al tema de esta semana, que será distinto al de la anterior y solamente hay la reacción y no una construcción más sistemática de mediano o largo plazo. Es interesante la recuperación que se está haciendo en la penitenciaría, pero vemos que es un proceso lento, que muchas veces estas demoras pueden ser estrategias, pese a que impliquen costos de muchos tipos”, precisa. (I)

Recomendaciones hechas a otras instituciones