En todo procedimiento en el que exista orden de prisión preventiva o sentencia en contra de una persona que se encuentre prófuga, es una opción para la justicia ecuatoriana solicitar su extradición. Esta figura legal no es nueva para el país, pese a que recién en el 2000 se creó como tal una ley que la regule. Ecuador ha firmado desde 1872 un total de 17 tratados de extradición bilaterales y unos cinco multilaterales.