La Cancillería ecuatoriana se pronunció sobre el pedido de asilo diplomático hecho por el exvicepresidente Jorge Glas a México y dijo que ante su posible otorgamiento, “Ecuador deploraría” esta situación y “la Cancillería actuará con absoluta firmeza, con base en los altos intereses del Estado, dentro del marco del derecho internacional, en particular de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954″.
El Gobierno mexicano indicó que el 17 de diciembre Glas se presentó en la sede de la embajada para solicitar su ingreso y salvaguarda “expresando temor por su seguridad y libertad personal”.
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Cancillería indicó que ante la presencia de Glas en la misión diplomática mexicana en calidad de “huésped” ha entregado al Gobierno de ese país la documentación pertinente proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado sobre su situación judicial.
Asegura que México deberá analizarla detenidamente, ante el pedido de asilo diplomático, con base en lo que establece la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que son parte ambos países.
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“Para el Ecuador no sería lícita una eventual concesión de asilo diplomático por parte de México, en virtud de lo que dispone el artículo III de dicha Convención. Así se ha informado a la señora embajadora Raquel Serur, quien fue convocada a la Cancillería”, subrayó la cartera de Estado.
En su comunicado refieren también que “las Convenciones de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción de 2003 e Interamericana contra la Corrupción de 1996, de las que Ecuador y México también son parte, tienen por finalidad promover, facilitar y apoyar la cooperación de los Estados para prevenir, combatir y sancionar la corrupción”.
En tanto, la tarde del 21 de diciembre la Asamblea Nacional no consiguió los votos para autorizar el juicio penal contra el exvicepresidente y la Fiscalía dijo que este accionar sienta un “terrible precedente de impunidad”.
La Asamblea conoció y sometió a votación la solicitud del juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Rivera, quien pidió al Parlamento que resuelva si se debía dar o no paso al juicio contra Glas, quien es acusado por la Fiscalía por el presunto delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.
De los 92 votos necesarios para autorizar el enjuiciamiento, solo se alcanzaron 44. Hubo 48 votos negativos, 0 blancos y 23 abstenciones, ante la moción presentada por la asambleísta Esther Cuesta (RC), quien aseguró que legalmente el pleno podía pronunciarse sobre la solicitud del juez Rivera.
Según la Fiscalía, lo resuelto por la Asamblea “carece de eficacia jurídica”. Por ello, el Ministerio Público anunció que “insistirá en la solicitud de fecha y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos”.
La entidad que lidera la fiscal general, Diana Salazar, indicó que si bien la Constitución establece que el Parlamento puede autorizar el enjuiciamiento penal del presidente y vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicita de manera fundada, esto “aplica cuando estas autoridades ejercen funciones”.
En ese contexto, la Fiscalía anotó que no es necesaria la autorización de la Función Legislativa si los hechos que se le imputan fueron cometidos durante el tiempo que ejerció el cargo, pero el proceso judicial empezó después. (I)