Una nueva disputa entre comisiones legislativas se registró en la Asamblea Nacional por la pretensión de fiscalizar los mismos casos, que están relacionados con el bombardeo de la fuerza pública en Sucumbíos y el asalto a TC Televisión, en el que se ha señalado la presunta participación de alias Negro Willy.
Ambas mesas legislativas argumentaron tener competencia para abordar estos temas e impulsaron resoluciones que incluyen comparecencias de funcionarios y requerimientos de información. La diferencia está en que la mesa de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, donde la bancada Revolución Ciudadana (RC) tiene mayoría, se reunió cinco días antes que la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, donde Acción Democrática Nacional (ADN) tiene mayoría.
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Ante la disputa, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) intervino y en una sesión realizada el jueves 9 de abril de 2026 dirimió y resolvió que ambos casos deben ser tramitados por la Comisión de Soberanía Integral, presidida por la asambleísta Inés Alarcón (ADN), por tratarse de una materia propia de su ámbito de competencia y directamente vinculada a la seguridad integral del Estado.
Informe
En el informe, el CAL señala que en la revisión realizada a la resolución emitida por la Comisión de Garantías Constitucionales se evidencia que el proceso de fiscalización se orienta al examen de actuaciones estatales vinculadas a la seguridad integral del Estado, en relación con estructuras de criminalidad organizada y mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad, materias que no se enmarcan dentro de su ámbito material de competencia. Estos elementos configuran de manera clara y directa una materia cuyo eje central es la seguridad integral del Estado.
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En este contexto, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece una distribución material de competencias entre las comisiones especializadas permanentes; por lo tanto, corresponde a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral conocer asuntos relacionados con la política de defensa, la seguridad integral del Estado y el orden público.
El CAL, en su argumentación, sostiene que resulta necesario evitar la duplicidad de actuaciones y la dispersión del control político, a fin de asegurar la eficiencia institucional y la adecuada coordinación de comisiones especializadas permanentes.
Esta decisión implica que la Comisión de Garantías Constitucionales, dominada por la oposición, deberá apartarse del proceso de fiscalización de estos hechos.
Investigaciones
La presidenta de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, Inés Alarcón, alertó al CAL sobre lo que pretendía la Comisión de Garantías Constitucionales con la resolución aprobada el 26 de marzo de 2026, que era iniciar un proceso de fiscalización respecto de las diferentes acciones u omisiones por parte de instancias institucionales del Estado ecuatoriano respecto a un giro en los eventos ocurridos en el canal TC Televisión el 9 de enero de 2024, incluyendo las posibles responsabilidades políticas institucionales en el proceso de extradición fallido de William Joffre Alcívar Bautista (alias Negro Willy), presunto cabecilla de una estructura criminal.
Para ello, se pedía información documental y certificada, así como comparecencias de la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro del Interior, el ministro de Defensa Nacional y el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). También incluía pedidos de información sobre el caso a la Fiscalía del Estado.
La asambleísta Alarcón recalcó que el referido proceso de fiscalización se enmarca de manera directa en el ámbito material de la seguridad integral del Estado, al implicar el análisis de la actuación estatal frente a estructuras de criminalidad organizada. Y además la comisión desde el 1 de abril inició un proceso de investigación sobre este caso.
Respecto al caso del bombardeo registrado en marzo de 2026 en la provincia de Sucumbíos, la legisladora Alarcón advirtió que la Comisión de Garantías Constitucionales pretende iniciar un proceso de fiscalización y seguimiento sobre el bombardeo y operativo militar realizado en la parroquia Jambelí, del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, que resultó en la destrucción de una presunta finca de producción ganadera y láctea, así como en la supuesta vulneración de derechos humanos a los campesinos del sector.
La mesa de Garantías resolvió iniciar un proceso de fiscalización y seguimiento “exhaustivo, inmediato y vinculante sobre todas las acciones ejecutadas y por ejecutarse por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y cualquier otra entidad pública o privada involucrada directa o indirectamente en el operativo militar y bombardeo realizado el 6 de marzo de 2026 en la parroquia Jambelí, cantón Lago Agrio, en Sucumbíos”.
La resolución también señalaba que la investigación deberá determinar las responsabilidades políticas e inclusive administrativas, civiles y penales que pudieren derivarse de los hechos.
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