A la crisis que vive el Consejo de la Judicatura (CJ) por las denuncias de supuestas presiones en injerencias a jueces y el trámite de juicio político contra el presidente del organismo, Mario Godoy, desde el lunes último, 19 de enero, se suma una denuncia por presuntos actos de corrupción cometidos por dos funcionarios, quienes habrían pedido a un proveedor dinero a cambio de lograr un contrato para el mantenimiento de los autos de la institución.
De lo ocurrido se habría conocido a través de una denuncia que llegó a los correos electrónicos de los vocales de la Judicatura. En la alerta se habla de que el director nacional administrativo, Álex Gallo, y el nacional de Servicios Generales, Miguel Caicedo, citaron al proveedor que denuncia en un restaurante en el norte de Quito y le pidieron el 14 % y el 18 % de un contrato fijado en $ 232.035,26 para asegurarles el trabajo de mantenimiento del parque automotor de la Judicatura.
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“Una persona me citó para conversar de este proceso en un restaurante ubicado cerca de la avenida González Suárez. Allí estuvieron el señor Álex Gallo, director nacional administrativo, y quien se identificó como su subdirector, Miguel”, explicó el denunciante en un documento escrito presentado en la Dirección de Transparencia del CJ, en el que refirió que estas dos personas le manifestaron que, si quería participar y ganar el proceso de contratación, debía entregarles un porcentaje del monto que se adjudicara.
Inicialmente se le habría requerido al proveedor el 14 % del total del contrato, pero el denunciante les habría respondido que no tenía esa cantidad de dinero. “Me supieron indicar que otros proveedores incluso están entregando el 18 % y 20 %. (...) Gallo me dijo que podía darme haciendo la oferta para que yo pueda ser el oferente, adjudicado o ganador”, explicó el denunciante, quien mencionó que había quince oferentes para el contrato que debía adjudicarse el 19 de enero pasado, pero que luego fue declarado desierto.
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El pasado martes, 20 de enero, Álex Gallo, quien llegó al CJ el 1 de octubre de 2024, presentó su renuncia al cargo de director asegurando que temas personales son los que hacen que se separe de la institución.
Dos días después de ese hecho, la Judicatura, mediante un comunicado, sin dar nombres ni ahondar en el hecho de corrupción cometido, informó de la desvinculación de los dos involucrados. En el documento se aseguró que, de manera inmediata, el caso fue puesto en conocimiento de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión a fin de que se active el proceso investigativo correspondiente y se determinen las responsabilidades administrativas y penales que pudieren derivarse.
De lo que se conoce, quien hizo público este acto de corrupción pide al Consejo de la Judicatura que presente la denuncia penal en la Fiscalía y asegura comprometerse a entregar toda información que le soliciten para avanzar en la investigación que se abra. Los hechos descritos ya estarían en conocimiento de la Fiscalía. (I)