Diana Salazar pide a la Corte Constitucional que dé seguimiento a la actuación de vocales del Consejo de Participación Ciudadana que pretenderían ‘revisar’ su designación

La primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, solicitó oficialmente a la Corte Constitucional (CC) que inicie un proceso de seguimiento al cumplimiento de una sentencia interpretativa emitida en el 2019, debido a la posible intención de cinco de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de ‘revisar’ su designación.El pedido surge en un contexto en el que el Consejo de Participación Ciudadana hizo dos audiencias públicas (el 1 y 2 de junio) para que el colectivo Acción Jurídica Popular exponga una serie de denuncias en contra de Salazar, acusándola de que habría plagiado, presuntamente, el 40 % de su tesis universitaria, un libro y un artículo indexado.Diana Salazar recurrió a la Corte Constitucional con un escrito para advertir de un posible incumplimiento de una sentencia interpretativa emitida en el 2019, cuyo fin sería revisar lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que la eligió para esa dignidad en un concurso de méritos y oposición realizado en ese año.En ese dictamen interpretativo, los jueces constitucionales ‘blindaron’ las decisiones que tomó el CPCCS transitorio en el marco de la evaluación y designación de las principales autoridades de control del Estado, con base en el pronunciamiento popular de un plebiscito convocado en el 2018, en el gobierno de Lenín Moreno.Además, la CC ha recordado en varios de sus fallos que la inobservancia de un dictamen interpretativo “constituye una violación autónoma del derecho a la seguridad jurídica”.Según Salazar, lo actuado por el extinto CPCCS “goza de este blindaje constitucional”, como son los procesos de designación de las autoridades que fueron evaluadas y reemplazadas, entre ellos, el de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. “Como es de conocimiento público, aspecto que ha sido difundido por los medios de comunicación a nivel nacional, por pedido de un determinado grupo de ciudadanos con claros intereses particulares, las máximas autoridades y servidores del Consejo de la Judicatura; y, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, bajo supuestas competencias constitucionales y legales, han activado instancias administrativas disciplinarias y de control social, que tienen como objetivo principal revisar lo actuado por el CPCCST en el concurso público de méritos y oposición de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, transgrediendo lo resuelto por el pleno de la Corte Constitucional en su dictamen interpretativo Nro. 2-19-IC/19″, señala el oficio suscrito por la fiscal general.Con esos fundamentos, pidió que se inicie la fase de seguimiento “a fin de que al ser indudable las varias inobservancias que tanto el Consejo de la Judicatura cuanto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social están cometiendo... (y) se empleen todos los medios adecuados y pertinentes previstos en la Ley para evitar su incumplimiento”.Menciona al Consejo de la Judicatura, porque en su pleno se intentó conocer y resolver sobre un informe disciplinario propuesto en su contra, en el que se recomendaba suspenderla por tres meses y sin remuneración.Dicho informe, que había sido elaborado por Santiago Cueva, exsecretario del CPCCS en la administración de Hernán Ulloa y que ahora sería subdirector de Control Disciplinario , iba a ser conocido por los consejeros de la Judicatura el 30 de mayo, pero no hubo quorum para la instalación de una sesión.En este documento, Salazar también detalla la situación del fiscal subrogante Wilson Toainga Toainga, quien fue designado por el CPCCS de Transición.De forma paralela a las audiencias públicas que se activaron en contra de la fiscal, una persona que se identifica como Manuel Pérez Rendón presentó un escrito ante el Consejo de Participación Ciudadana en el que cuestiona la designación de Toainga.Propuso que se pida al Consejo de la Judicatura que confirme si la nominación de Toainga se hizo con base en los parámetros que establece el artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial.Tanto la convocatoria a las audiencias públicas como el pedido de información al Consejo de la Judicatura tuvieron lo anuencia de cinco consejeros que integran el bloque de mayoría del CPCCS: Alembert Vera (presidente), Nicole Bonifaz (vicepresidenta), Johanna Verdezoto, Yadira Saltos y Augusto Verduga. Los otros dos consejeros, Mishelle Calvache y Andrés Fantoni, se abstuvieron por dar paso a las audiencias públicas y no asistieron a la sesión en la que se aprobó solicitar un pronunciamiento de la Judicatura.Como efecto de la activación de estas audiencias públicas, Alembert Vera confirmó que la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del CPCCS conocería la denuncia de Acción Jurídica Popular, que podría derivar en un proceso por violación al derecho de participación. Las denuncias de este colectivo las empujaron los activistas Priscila Schettinni, esposa de Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo, procesado por delito sexual; Angélica Porras; y, el juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Richard González. (I)

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