Los nombres de Luisa González, Andrés Arauz y Santiago Díaz Asque, entre otros, aparecen en el informe que presentó el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la Comisión de Transparencia de la Asamblea, que investiga supuestos financiamientos de campaña presidencial provenientes de Venezuela al movimiento de la Revolución Ciudadana en 2023.
Así lo reveló la asambleísta Diana Jácome (ADN), presidenta de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional que abrió una investigación.
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Jácome aclaró que en la información entregada por el CNE no aparece el nombre de Marcela Aguiñaga, expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC) y actual prefecta de Guayas.
La legisladora señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proporcionó información en la que revela quiénes son las personas que están involucradas en estos informes, que incluye una denuncia presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por encontrar inconsistencias en los informes que presentó el movimiento de la Revolución Ciudadana.
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Dijo que la Comisión de Transparencia lo que hará es profundizar un poco más en la denuncia formulada por el CNE y en todos los informes proporcionados, y de esa forma avanzar en la fiscalización.
Jácome dijo que dentro de los nombres que figuran en las denuncias de los informes de financiación del partido Revolución Ciudadana está Santiago Díaz Asque, legislador que formaba parte de la RC y figura como representante de campaña de la Revolución Ciudadana en el 2023, en las elecciones presidenciales de ese año.
La legisladora indicó que hay dos nombres que se revelan en el informe presentado por el CNE, y afirmó que la excandidata presidencial, Luisa González, es parte del proceso de investigación, pues fue candidata de la RC, con Andrés Arauz, donde Santiago Díaz Asque era representante de la campaña presidencial.
Jácome aseguró que hay dos personas más y están dentro del reporte enviado por el CNE, pero que es importante verificar la vinculación de estos ciudadanos, y además, determinar las inconsistencias que no lograron justificar en el Consejo Nacional Electoral como ente rector del sistema de elecciones.
La información del CNE llegó el viernes 23 de enero de 2026, dijo Jácome, quien señaló que de encontrarse algún tipo de indicios de responsabilidad penal, el informe será remitido a la Fiscalía General del Estado conforme corresponde y, por supuesto, se dará a conocer al pleno de la Asamblea Nacional para su trámite respectivo.
Aclaró que la investigación se inició tras una resolución aprobada por el pleno de la Asamblea Nacional, “en la cual se dio a conocer el apoyo a los hermanos venezolanos y la detención del expresidente Nicolás Maduro, por los Estados Unidos, y que hoy precisamente enfrenta cargos en ese país”.
Jácome indicó que al momento se conoció la resolución del pleno y se estableció un plazo de 30 días para presentar el informe respectivo ante el pleno de la legislatura. Solicitó información a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a la Contraloría General del Estado, así como los documentos que posee el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Jácome señaló que es importante que el país tenga claridad sobre el uso de los recursos utilizados en campaña, sobre todo cuando ha sido cuestionado este manejo de recursos en campañas políticas, considerando la coyuntura también en la detención de Nicolás Maduro, por parte de los Estados Unidos, donde se habla de financiamiento.
Jácome dijo que este proceso de fiscalización está abierto para que cualquier persona comparezca a dar su versión y ejercer su derecho a la defensa; y tras la pregunta si convocará a comparecer a la excandidata presidencial Luisa González ante la comisión legislativa, la asambleísta Jácome señaló: “Si quieren venir a justificar cómo se financió su campaña, pues bienvenida, que justifique al país y de paso también a la Fiscalía”.
El asambleísta de la bancada RC ante la Comisión de Transparencia, Blasco Luna, afirmó que su movimiento es transparente y que en el caso de su provincia Cañar, el mismo CNE certificó que las cuentas están al día, que no existe ninguna irregularidad.
Según el asambleísta de RC, este proceso de investigación en la Asamblea Nacional y los allanamientos de la Fiscalía realizados a varios militantes y dirigentes de la RC constituye una “cortina de humo y un distractor mediático, porque el Gobierno está en franca caída, en franco descenso por todo lo que es de conocimiento público, sus posibles vínculos con el narcotráfico”.
Dijo que como miembro de la comisión que investiga el caso pedirá que los dirigentes del movimiento RC sean recibidos en la comisión para que ejerzan su derecho a la defensa, pues ADN lo que quiere es hacer un informe entre “gallos y medianoche”, sin dar paso a la defensa, y posicionar lo que ellos quieren.
El socialcristiano Otto Vera, miembro de la Comisión de Transparencia, aclaró que lo único que ha hecho hasta el momento la mesa legislativa es conocer la resolución del pleno de la Asamblea y se entiende que hay solicitudes de información al CNE y otros organismos como el SRI y UAFE.
Indicó que en el proceso de fiscalización se deberá llamar a los dirigentes del movimiento Revolución Ciudadana para que puedan defenderse ante acusaciones y, sobre todo, porque hay personas de las organizaciones políticas que manejan recursos que son públicos.
Otto Vera señaló que si la presidenta de la comisión asegura que en 30 días habrá un informe, entonces, “ya debe tener el informe listo”.
Dijo que este proceso tiene algunos “olores”, pues este miércoles el país observó los allanamientos por parte de la Fiscalía; como que hay una coordinación de acciones orientadas a investigar con profundidad este tema.
Si en un mes va a estar listo el informe como lo ha señalado la presidenta de la comisión, “ya deberíamos haber tenido comparecencias de los actores”, insistió Vera. (I)