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La elección del defensor público, una tarea a cuestas para el Consejo de Participación Ciudadana

La comisión ciudadana no ha sesionado en los últimos ocho meses por acciones legales en trámite, pero el CPCCS gestiona pagar a cinco miembros $ 4.000.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene pendiente designar a autoridades de ocho organismos del Estado. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

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Actualizado el 

Siete administraciones han pasado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sin que se haya podido destrabar la designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública General, que lleva cinco años con una autoridad encargada.

Después de seis años de espera, el 7 de noviembre se designó a Mauricio Torres Maldonado como titular de la Contraloría General del Estado, poniendo fin al periodo de Carlos Pólit Faggioni, que renunció en el 2017 por hechos de corrupción y a él le sucedieron cuatro subcontralores.

Pero el CPCCS todavía tiene en cola designar autoridades de nueve organismos del Estado, a las que se suman de las superintendencias de Competencia Económica y Economía Popular y Solidaria, que se eligen por ternas enviadas por el presidente de la República y también la renovación de dos vocales principales y un suplente del Consejo de la Judicatura.

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InstituciónDesignación de autoridades por concursos públicos de méritos, oposición e impugnación ciudadana y por ternas enviadas por el Ejecutivo que están pendientes
Consejo Nacional Electoral (CNE)En noviembre de 2021 correspondía la renovación parcial de dos vocales principales y suplentes. En septiembre de 2023, el concurso que estaba en trámite, retornó a la convocatoria por efectos de una acción de protección.
Tribunal Contencioso Electoral (TCE)En noviembre del 2022 correspondía la renovación parcial de dos jueces principales y suplentes. El concurso se detuvo el año pasado en la etapa de integración de la comisión ciudadana por la falta de postulantes.
Defensoría del PuebloEl concurso se detuvo en diciembre del 2022 en la etapa de integración de la comisión ciudadana por la falta de postulantes. César Córdova actúa como defensor encargado desde septiembre del 2021.
Comité Intersectorial de Desarrollo de FronterasEl concurso se detuvo en diciembre del 2022 en la etapa de integración de la comisión ciudadana por la falta de postulantes.
Delegados de la sociedad civil ante los cinco Consejos Nacionales de IgualdadDetenido desde finales del 2022 por la falta de postulantes para conformar la comisión ciudadana.
Conferencia Intercultural y Plurinacional de Soberanía Alimentaria (Copisa)Detenido desde finales del 2022 por la falta de postulantes para conformar la comisión ciudadana. Nueve delegados de Copisa están prorrogados desde el 2018, que concluyó su periodo de gestión.
Defensoría PúblicaDetenido por acciones de protección.
Superintendencia de Protección de DatosDesde mayo del 2021, la Ley de Protección de Datos está vigente y dos años después aún no se designa a un superintendente. El expresidente Guillermo Lasso envió una terna, pero el actual mandatario Daniel Noboa pidió enviar la suya.
Superintendencia de Competencia Económica (antes de Control del Poder del Mercado)En octubre del 2023, se cumplió el periodo de cinco años de Danilo Sylva y el CPCCS debe renovar a la autoridad. Guillermo Lasso envió una terna.
Superintendencia de Economía Popular y SolidariaEn agosto del 2023, se cumplió el periodo de cinco años de Margarita Hernández y el CPCCS debe nominar una nueva autoridad. Guillermo Lasso envió una terna.

Entre esos pendientes está la designación de la autoridad de la Defensoría, que es un órgano autónomo de la Función Judicial, cuya atribución es la de garantizar el acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de derechos.

Datos de su última rendición de cuentas del 2022, detalla que se atendieron 304.450 casos relacionados con asesoría, patrocinio y mediación.

En total, patrocinaron 234.355 casos, de los que 132.400 fueron sobre asuntos penales y 101.955 no penales.

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Desde agosto del 2018 la institución no tiene a un defensor titular. En ese entonces, el extinto Consejo de Participación Ciudadana de Transición nombró a Ángel Torres Machuca como defensor encargado.

Ángel Torres Machuca fue designado como defensor público encargado desde agosto del 2018, llevando en funciones por cinco años, sin que el CPCCS avance en el concurso público para designar a una autoridad titular. Foto: Cortesía de la Defensoría Pública Foto: Cortesia

Aunque se desarrollaba el concurso público para renovar la autoridad, se declaró desierto porque los postulantes fueron impugnados y descalificados, incluido Torres Machuca, quien busca ser reelecto.

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Cinco años y tres meses han pasado y el Consejo de Participación ha tenido siete administraciones sin que ninguna pueda concluir la designación y en la actualidad se ahonda la crisis, pues está trabado por la vigencia de acciones de protección y a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC) para que dirima el conflicto.

Durante este periodo estuvieron José Tuárez Zambrano (2019), procesado por hechos de corrupción, destituido y censurado por la Asamblea Nacional.

Christian Cruz (2019-2020), destituido por un juicio político en la Asamblea Nacional; Sofía Almeida (2020-2022); Hernán Ulloa (2022-2023), destituido junto a los seis exconsejeros por incumplir un fallo de la Corte Constitucional.

Gina Aguilar (febrero a mayo de 2023); Alembert Vera (mayo a septiembre de 2023); hasta llegar a Nicole Bonifaz, que ascendió a la presidencia en septiembre pasado, tras la destitución de Vera por disposición de la Corte.

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En la presidencia de Hernán Ulloa el concurso avanzó con la conformación de la comisión ciudadana, encargada de organizar el proceso.

En abril, el pleno que presidió Gina Aguilar resolvió por unanimidad de sus siete exvocales, cesar en sus funciones a los diez integrantes por incumplir sus deberes y atribuciones, en medio de denuncias de irregularidades, incumplimiento de las normas reglamentarias y las acciones de protección.

El concurso se quedó en el limbo en la fase de la rendición del examen escrito a quince postulantes, luego que un juez aceptó una medida cautelar, porque se incumplió el plazo para convocar a esa prueba.

En total, según las cuentas del CPCCS, en contra de ese concurso se presentaron siete acciones de protección, de las que dos lo conflictuaron.

Una que declaró la nulidad del informe de admisibilidad en el que se calificó a catorce personas y se inadmitió a unas 54.

Con resolución de segunda instancia, un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ordenó que se proceda a la validación de las postulaciones, considerando la fecha de la convocatoria y postulación.

Un segundo recurso se trató en la Unidad Judicial de Quevedo (Los Ríos) y la jueza Jenny Freire la inadmitió, pero dispuso que para evitar el abuso de las acciones su fallo era precedente constitucional y por tanto que el concurso continúe.

El 9 de junio, el CPCCS con Alembert Vera principalizó a los comisionados suplentes para que avancen, pero no pueden sesionar porque faltan tres delegados de las funciones Electoral, Judicial y Legislativa, además de las acciones de protección vigentes.

En agosto, los comisionados de la ciudadanía pretendieron reunirse para designar presidente y vicepresidente y no hubo quorum.

Sin embargo, el Consejo está gestionando un pago de $ 4.000 para las dietas de los cinco miembros, porque supuestamente habrían mantenido reuniones de trabajo, pero no se registran actas de sesiones publicadas en el portal oficial.

Los siete vocales del CPCCS analizaron el caso y concluyeron que se había configurado una antinomia jurisdiccional por la vigencia de dos fallos, en los que uno manda y otro prohíbe. Con ese antecedente ingresaron a la Corte Constitucional una acción de incumplimiento de sentencia para que dirima el conflicto.

La causa está en el despacho de la jueza Teresa Nuques Martínez y, si bien el Consejo aclaró que el concurso no está suspendido, deberá esperar a que la CC resuelva cuál de las acciones de protección debe cumplir.

Esta actuación provocó a la jueza de Quevedo, Jenny Freire, quien resolvió sancionar a los siete consejeros por incumplir su fallo, con una multa compulsiva progresiva y diaria de la quinta parte de una remuneración básica ($ 450) a partir del 25 de octubre, hasta la reanudación del concurso de méritos. Dicha multa diaria ascendería a los $ 90.

El Consejo de Participación Ciudadana está compuesto por siete vocales. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

Les dispuso que reanuden el concurso en 48 horas y desde la «fase más avanzada a la que se haya llegado», es decir, desde el «examen práctico y la fase de impugnación».

Hasta el momento el concurso no se ha retomado.

El CPCCS -en su escrito- informó a la Corte que Freire emitió estas disposiciones para evitar cualquier análisis o discusión y «presionar por el cumplimiento de lo que a su consideración debe hacerse en el concurso».

«Esta presión se traduce en amenazar con sanciones pecuniarias y acciones penales. La jueza se convierte en miembro de la designación del defensor público (…) en este caso es explícita desde qué momento desea que continúe el proceso y en forma específica señala que desde el examen práctico y la fase de impugnación», se reprochó a la CC.

La comisión ciudadana está integrada por cinco representantes de la ciudadanía: Gabriela Cadena García, Tania Chamorro Paltín, Kimberly Villagómez Moscoso, Eduardo Yánez Mesa y César Enderica Guin.

De la Función Ejecutiva se principalizó a Julio Ruiz Zhingre; Ana Hernández Salcedo, de Transparencia y Control Social; Xavier Vera Barros, de la Electoral; y Paúl Astudillo Valdivieso, de la Judicial.

Tres de ellos, Villagómez, Chamorro y Enderica pidieron al CPCCS que Paúl Astudillo Valdivieso sea convocado a la comisión.

Los consejeros de Participación no han conocido este pedido, pues están a la espera de que la Corte les dé una respuesta.

Mientras tanto, Ángel Torres Machuca denunció a la Corte Constitucional que actúe frente a una acción de protección con la que se podría incumplir el dictamen interpretativo de mayo del 2019, que impide revisar las actuaciones del CPCCS de transición, que presidió Julio César Trujillo.

El funcionario alega que con esa acción jurisdiccional se pretende activar una resolución del Consejo de la Judicatura para que se titularice al defensor público subrogante, incumpliendo el dictamen interpretativo que lo designó como encargado. (I)

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