La defensa del expresidente Rafael Correa, sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016, aseguró que la Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) les notificó de la negativa dada a la difusión roja que solicitó la justicia ecuatoriana en esta causa. Desde la Corte Nacional se aclaró que la resolución que adopte la Interpol con relación a la difusión roja, no influye en la tramitación del expediente de extradición que la presidencia de este organismo ha iniciado.

Carlos Alvear, parte de la defensa del exmandatario, indicó que los abogados de Rafael Correa en el exterior y en Ecuador ya fueron notificados con la decisión de Interpol, la cual —dijo— rechazaría la solicitud de difusión roja en contra del expresidente, que se radica en Bélgica desde mediados del 2017, cuando dejó el poder en Ecuador.

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Una parte del documento con el que se habría notificado a Correa de la decisión de la Comisión de Control de Ficheros Casilleros de Interpol señalaría: “Por estas razones la comisión decide que los datos impugnados no cumplen con las reglas de Interpol aplicables al procesamiento de datos personales y serán eliminados de los archivos de Interpol”.

Alvear aseveró que la negativa se dio ante el pedido hecho dentro de la etapa de ejecución de la sentencia del también conocido como caso Arroz Verde, por el nuevo juez ponente del Tribunal de Ejecución, Walter Macías, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

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“La Interpol es una organización que tiene entre sus principios no prestarse para temas de persecución política de los Estados, eso está taxativamente determinado en sus estatutos. Interpol nuevamente nos da la razón al indicar que este caso tiene una base política y nos da la razón de que todo el tema circundante al caso Sobornos es un caso fraguado para perseguir políticamente a Rafael Correa”, indicó Alvear, quien también dijo desconocer si la CNJ ya ha sido notificada con la decisión.

Correa en su cuenta de Twitter escribió: “Otra vez la justicia ecuatoriana hace el ridículo. Nadie les cree. Todos saben que es una vulgar persecución política. Más temprano que tarde serán ellos los que tendrán que enfrentar a la verdadera justicia. ¡Sinvergüenzas!”.

De lo que se conoce, se ha solicitado en este caso el inicio del proceso de extradición, mediante un auto de ejecución que está en conocimiento del juez ponente Walter Macías. El pedido de extradición estaría dispuesto se remita a la presidencia de la CNJ para que se inicie el proceso respectivo.

Desde la Corte Nacional se informo, la tarde de este miércoles, que el Tribunal, integrado por Macías, el juez Marco Rodríguez y la conjueza Mercedes Caicedo, solicitó la extradición de Rafael Correa a la presidencia de la CNJ. La solicitud habría sido recibida el 11 de agosto pasado y se abrió el expediente respectivo.

Dentro de este proceso penal, la Corte recordó que Iván León, exjuez de la Corte Nacional que mantuvo la presidencia del Tribunal de Ejecución, solicitó a la Interpol en octubre de 2020 la publicación de difusión roja en contra del exmandatario Correa. Frente a este pedido, Interpol solicitó documentación adicional al juez que actualmente conoce el proceso, Walter Macías, quien por los canales oficiales remitió lo solicitado.

“Interpol resolverá lo pertinente, la Corte Nacional de Justicia no ha recibido ninguna notificación al respecto”, se apuntó en un comunicado emitido la tarde de este miércoles.

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A inicios de mayo pasado, antes de empezar el procedimiento de extradición, como parte de la sentencia en firme y en proceso de ejecución, el juez Macías dispuso que se oficie al jefe de la oficina de Interpol en Quito para que informe sobre la ubicación del expresidente Correa, los exministros María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, el exasambleísta Christian Viteri y los empresarios Mateo Choi, Rafael Córdova y William Phillips.

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Los ocho son parte de una lista de 20 personas que mantienen en firme una sentencia por el delito de cohecho pasivo agravado. Correa fue condenado en calidad de autor mediato por instigación y recibió una pena de ocho años de cárcel, mientras que también recibieron la misma pena de ocho años los funcionarios públicos, quienes fueron señalados como coautores, y los empresarios, que fueron señalados como autores directos.

Respecto a la extradición que buscaría la justicia sobre Rafael Correa, Alvear consideró que esa no es una posibilidad factible. Explicó que los procedimientos de extradición se basan en convenios bilaterales entre Estados y, por ejemplo, entre Bélgica y Ecuador el convenio que existe se habría suscrito hace un siglo y tiene entre sus particularidades que no es aplicable para el delito de cohecho pasivo agravado con el que se sentenció a Correa.

Según el abogado de Correa, la resolución de Interpol servirá para que en las instancias internacionales, en las que también se estaría analizando por cuerda separada lo que el correísmo llama la ilegalidad, ilegitimidad y los derechos sistemáticamente vulnerados de Rafael Correa, se sigan sustentando dichos procesos.

“Es una victoria para la defensa de Correa. Y no nos sorprenda que en un futuro, en el mediano plazo, exista una resolución de organismos internacionales de protección de derechos humanos condenando la sentencia del caso Arroz Verde dictada en Ecuador”, anunció Alvear.

La difusión roja es el mecanismo que permite a las Policías internacionales detener a personas que son requeridas por la justicia y que están en tránsito por distintos países, para así ser deportadas o extraditadas a un país en particular en el que mantienen un proceso judicial. Para Alvear, Rafael Correa al no tener este problema podrá trasladarse sin dificultad a cualquier país del mundo.

En relación con Correa y el caso Sobornos, esta es la segunda negativa que da la Interpol a un pedido hecho desde la justicia de Ecuador. (I)