La declaración patrimonial jurada es una de las principales herramientas de control del Estado ecuatoriano para garantizar la transparencia en la función pública. Este documento, de carácter obligatorio, debe ser presentado por todos los servidores públicos —sin importar su cargo o nivel— y detalla su situación económica, incluyendo bienes, ingresos, deudas y otros activos.
El documento tiene como objetivo permitir a las autoridades verificar si existe coherencia entre los ingresos que percibe un funcionario y su patrimonio, para así prevenir o detectar posibles actos de corrupción.
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En ese contexto, el control sobre estas declaraciones se ha intensificado. De acuerdo con el informe de gestión de 2025 de la Contraloría General del Estado, durante ese año se emitieron 275 órdenes de trabajo para examinar declaraciones patrimoniales juradas y se aprobaron 209 informes, lo que representa un incremento del 20 % en comparación con 2024. Este crecimiento evidencia un mayor enfoque institucional en la fiscalización del patrimonio de los servidores públicos.
A esto se suma otro dato relevante difundido por la propia entidad: en 2025 se realizaron 348 acciones de control específicas sobre declaraciones patrimoniales juradas, y en más del 60 % de las auditorías se identificaron irregularidades.
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Control con implicaciones penales
Los resultados de estos exámenes no se quedan únicamente en el ámbito administrativo. Parte de las auditorías realizadas a declaraciones patrimoniales pueden derivar en procesos más complejos.
Según el mismo informe, dentro de los informes con indicios de responsabilidad penal aprobados en 2025, 76 corresponden a declaraciones patrimoniales juradas. Además, 81 informes relacionados con este tipo de documentos fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para su investigación. Esto evidencia que las inconsistencias detectadas pueden escalar a instancias judiciales cuando existen indicios de irregularidades graves.
Los tres momentos clave de la declaración
Asimismo, la declaración patrimonial jurada no es un trámite único, sino un proceso que acompaña al servidor público durante toda su gestión. La normativa establece tres momentos obligatorios para su presentación.
El primero es la declaración de inicio, que se realiza cuando una persona asume un cargo público o regresa al Estado después de un periodo fuera de funciones. Este documento establece un punto de partida al registrar la situación económica inicial del funcionario.
El segundo es la declaración periódica, que debe presentarse cada dos años mientras se mantiene en funciones. Su objetivo es actualizar la información y permitir el seguimiento de la evolución patrimonial.
Finalmente, está la declaración de fin de gestión, que se presenta al dejar el cargo. En este punto se comparan los datos con la declaración inicial, lo que permite verificar si el crecimiento patrimonial es coherente con los ingresos obtenidos durante el tiempo en funciones.
Trámite digital y obligatorio
Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la Contraloría General del Estado ha implementado una plataforma digital que permite a los servidores públicos realizar el trámite completamente en línea.
El proceso empieza con el ingreso al sistema mediante un usuario y contraseña. En caso de ser la primera vez, el funcionario debe registrarse con sus datos personales. Una vez dentro, el sistema despliega un formulario dividido en secciones, donde se debe ingresar información detallada sobre ingresos, bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones y deudas.
Antes de enviar la declaración, el sistema permite revisar toda la información. Una vez validada, se genera un comprobante electrónico que certifica el cumplimiento del trámite.
La veracidad de los datos es fundamental. La información declarada debe ser real y verificable, ya que puede ser contrastada posteriormente en los procesos de auditoría.
Consecuencias de errores o incumplimientos
En caso de que un servidor público detecte errores en su declaración, puede presentar una declaración sustitutiva para corregir la información previamente enviada. Hacerlo de forma oportuna es clave para evitar problemas posteriores.
Si durante el periodo entre declaraciones se producen cambios en el patrimonio, estos deben reflejarse en la siguiente declaración obligatoria. Por ello, llevar un control ordenado de ingresos y gastos facilita el proceso y reduce el riesgo de inconsistencias.
El incumplimiento de esta obligación puede tener consecuencias importantes. No presentar la declaración en los plazos establecidos, hacerlo de forma incompleta o incluir información falsa puede derivar en sanciones administrativas, multas económicas e incluso la inhabilitación para ejercer cargos públicos. En los casos más graves, cuando se detectan posibles irregularidades, los procesos pueden escalar al ámbito penal.
Uno de los aspectos más relevantes en el fortalecimiento del control es el uso de herramientas tecnológicas. La Contraloría ha incorporado modelos de análisis de datos y aprendizaje automático que permiten detectar anomalías en las declaraciones patrimoniales.
Estas herramientas analizan grandes volúmenes de información para identificar patrones inusuales o inconsistencias que podrían pasar desapercibidas en una revisión tradicional. Los resultados sirven como base para priorizar auditorías y enfocar los recursos de control en los casos de mayor riesgo.
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