Más de un centenar de extrabajadores, proveedores e inversionistas públicos y privados suman decenas de acciones legales civiles y penales en contra de Delcorp y Ecuagran, empresas en liquidación desde hace un año y que juntas les adeudan alrededor de $ 90 millones.

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Delcorp debe alrededor de $ 30 millones y Ecuagran, $ 60 millones. Esta cifra millonaria se acumuló, según el liquidador José Ibáñez, a través de -especialmente- operaciones financieras (facturas comerciales, emisión de obligaciones, letras de cambio) en el mercado bursátil para captar dinero a cambio de soportes financieros falsos. Los principales acreedores, que acumulan el 40 % de la deuda, son el Isspol y el Biess.

Eduardo Vergara, abogado del liquidador, asegura que no hay un número definido de los procesos judiciales civiles en contra de ambas firmas, debido a que los extrabajadores presentaron sus denuncias individualmente por incumplimiento de contrato. En el caso de Delcorp, tenía una veintena de colaboradores; mientras que Ecuagran, 150 empleados.

Por la vía penal, explica Vergara, el Isspol sigue un proceso por presunta falsa declaración contra los exrepresentantes legales de las compañías, que investiga la Fiscalía. Sobre este delito, añade, se ha logrado determinar que las inversiones del Isspol estaban respaldadas con una mercadería ficticia.

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“No existen permisos de importación de mercadería, por tanto esa mercadería que se registró en los estados financieros (de Delcorp) era una declaración fraudulenta”, refiere el abogado.

A partir de la investigación de delito se pueden desprender, sostiene Vergara, otros presuntos delitos conexos a causa de la falsa declaración, como lavado de dinero y defraudación de las casas de valor, empresas que determinaron el riesgo de las inversiones.

Además de los procesos judiciales, el jurista espera que también se encuentre -con las investigaciones- el mecanismo que se usó para desviar los millones de dólares hacia el exterior para, siguiendo esa ruta, recuperar el dinero.

Alternativa de salvataje

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Unos quince años es el tiempo que se estima que pueda tardar el proceso de pago de los $ 90 millones a los acreedores, calcula Eduardo Vergara, abogado del liquidador de las empresas Ecuagran y Delcorp.

Para ello, agrega, se propone realizar un ‘salvataje’, es decir, rescatar a las empresas y ponerlas a operar nuevamente: “No es lo mismo vender un negocio en marcha que vender los fierros”.

Las cervecerías, pone de ejemplo el jurista, podrían dar el servicio de arrendamiento de sus bodegas para guardar los insumos que importan estas compañías y que llegan al puerto en embarcaciones. “El barco en el muelle cuesta mucho dinero, entonces ese arrendamiento podría generar recursos para la empresa”, comenta, y agrega que también se podría traer del exterior mercadería con firmas internacionales con las que ya venía trabajando Ecuagran, o también se buscaría a nuevos proveedores.

Para que esto pueda darse se necesitan recursos, que aún no se han definido, y que la mayoría de los acreedores (más del 50 %) acepten esta alternativa. El 40 % de la deuda total que mantiene Delcorp y Ecuagran es con el Isspol y el Biess, empresas que no atendieron a este Diario sobre este tema. (I)