Daniel Noboa sobre ley de gasto de los GAD: ‘Alcaldes como Jaime Nebot y Paco Moncayo aplicaron el 70/30 en sus municipios’

En una entrevista en Radio Centro, el presidente Daniel Noboa se refirió este viernes, 27 de febrero, a la reciente ley sobre el equilibrio del gasto en los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y defendió la fórmula que establece una mayor proporción de inversión frente al gasto corriente.

El mandatario señaló que la normativa —aprobada la semana pasada como parte de un proyecto urgente— busca garantizar que los recursos públicos se destinen prioritariamente a obra y servicios para la ciudadanía, y que no se concentren en nómina.

“Por favor, no coman cuento; lean las leyes antes de criticar”, expresó, al responder a cuestionamientos y anuncios de marchas por parte de algunos Gobiernos locales que rechazan la medida.

Noboa sostuvo que el Cootad ya establece parámetros sobre la distribución del gasto y afirmó que el esquema 70 % para inversión y 30 % para gasto corriente no es nuevo.

Como ejemplo, mencionó que durante las administraciones de Jaime Nebot en Guayaquil y Paco Moncayo en Quito se mantuvo esa proporción, e incluso en ciertos periodos se alcanzó una relación 75/25.

Según explicó, ese modelo permitía sostener la obra pública incluso en momentos de tensiones políticas con el Gobierno central. Recordó que en el pasado hubo retrasos de cuatro o cinco meses en transferencias estatales, pero los municipios podían sostener su funcionamiento porque su gasto corriente era menor al 30 % y contaban con ingresos propios y acceso a crédito para anticipos de obra.

El presidente contrastó esa situación con lo que —según su criterio— ocurrió especialmente después de 2016, cuando —dijo— se inflaron las nóminas en varios GAD. Afirmó que en algunos casos el gasto corriente llega hasta el 90 %, lo que limita la capacidad de inversión y reduce el margen de maniobra ante retrasos en transferencias.

Noboa rechazó que la ley implique recortes en áreas culturales o educativas municipales y sostuvo que la Constitución ya establece un piso mínimo de inversión del 20 %, además de un 10 % adicional para grupos prioritarios. Aseguró que la reforma no modifica esas proporciones, sino que busca que el gasto se oriente a mejorar servicios, infraestructura, educación municipal y programas sociales.

El jefe de Estado insistió en que la normativa apunta a evitar el uso demagógico de recursos y a priorizar proyectos que respondan a necesidades reales de la población.

“La preocupación debe ser que estén bien en seguridad, en economía y en servicios”, afirmó.

(I)