CPCCS pide a la Contraloría General auditar la elección de Fausto Murillo

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) solicitó a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial a la elección del exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Fausto Murillo.La presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, envió su solicitud este 27 de abril a la subcontralora Valentina Zárate.En su oficio, Almeida deseó “éxitos en las actividades que demanda el cargo” de Zárate, a quien ha cuestionado por el ascenso como “subrogante del subrogante” Pablo Celi, quien guarda prisión preventiva por el presunto delito de asociación ilícita, que investiga la Fiscalía.Ahí le pide que se “proceda con la realización de un examen especial sobre el proceso de designación” del ahora exvocal Fausto Murillo, que realizó el extinto Consejo de Participación Ciudadana de Transición (CPCCS-T) .El organismo transitorio designó en el 2019 a Murillo, como parte de un concurso por ternas en el que fue candidatizado por la Asamblea Nacional.Pero, el 23 de abril pasado, el pleno del actual Consejo decidió, con cuatro votos de los consejeros, destituirlo por registrar en el Ministerio del Trabajo un impedimento para ejercer el cargo.Esa inhabilidad consiste en que Murillo se acogió a un plan de desenrolamiento de la Función Judicial, por el que obtuvo una compensación económica de $ 30.600 en el 2012.Según el ministro de Trabajo, Andrés Isch, para volver a ser servidor público —en este caso, vocal de la Judicatura— podía hacerlo sin devolver la compensación, pero solo para cargos de libre remoción y nombramiento, como lo estipula el artículo 14 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).Esta inhabilidad fue alertada en un informe de la comisión técnica del CPCCS-T que revisó el cumplimiento de requisitos de los aspirantes, pero los exconsejeros resolvieron calificarlo y fue posesionado en la Asamblea Nacional en el 2019.Dos años y cuatro meses después, Isch envió una solicitud al CPCCS solicitando su remoción del cargo.Los consejeros que votaron por destituirlo fueron Sofía Almeida, Juan Dávalos, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán. En contra votaron Hernán Ulloa y Francisco Bravo. David Rosero se abstuvo.El martes último, el Consejo notificó al CJ con la remoción de Murillo.En un comunicado oficial, la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, aseguró que este hecho “no representa un riesgo para la administración de justicia, ni para la estabilidad de ningún órgano o autoridad de la Función Judicial”.Y agregó que la remoción de su excolega no significa “un riesgo para los casos que han sido juzgados o que se encuentran en trámite en la Corte Nacional de Justicia o cualquier órgano jurisdiccional”.La aclaración de Maldonado se dio después de que Murillo denunció en declaraciones públicas que había la intención de “echar mano de la justicia”.“Cuestionando la legitimidad y legalidad en mi designación, pretenden echar mano de la justicia con intereses protervos. El pueblo, en el proceso electoral, ha hecho saber que está en contra de la delincuencia organizada”, reclamó el 23 de abril pasado, cuando en la plenaria del CPCCS le dieron 20 minutos para que ejerza su derecho a la defensa, antes de ser destituido.Trató, mediante una acción de protección, de impedir su remoción. Un juez de la Unidad Judicial de Babahoyo (Los Ríos), Juan Carlos Aguiar, le concedió la medida cautelar y dispuso al CPCCS que suspenda las resoluciones administrativas que impliquen su remoción.Dos días después (26 de abril), el mismo juez emitió una nueva sentencia en la que revocó la acción de protección, la dejó sin efecto y ordenó al Consejo de Participación Ciudadana ejecutar de forma “inmediata” la destitución de Murillo.El afectado volvió a presentar una acción de protección el martes pasado. La causa radicó en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito, para el tratamiento del juez Henry Navarrete Navarrete.El remplazo de Murillo en el CJ será la consejera Elsy Cely. (I)

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