La Corte Nacional de Justicia (CNJ) remitió, el 26 de abril pasado, un oficio a la Oficina Central de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés), a través de su división en Ecuador, para que se registren y emitan las respectivas difusión y notificación roja para Pedro Vicente Saona y Roy Calero, ambos llamados a juicio por el delito de delincuencia organizada dentro del caso denominado Las Torres.

A finales de enero pasado, el juez de la CNJ Felipe Córdova llamó a juicio a trece personas, entre ellas, Saona, Calero, el excontralor Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores, pero contra los dos primeros suspendió la etapa de juzgamiento hasta que sean capturados o se presenten voluntariamente ante la autoridad; ambos son considerados prófugos de la justicia. La CNJ procedió al pedido a Interpol con base en la solicitud hecha por la Fiscalía General.

Saona y Calero fueron llamados a juicio en calidad de autores directos, pues habrían sido colaboradores de la “organización criminal” que se investiga. Esa lista se completa con Natalia Cárdenas, Mauricio Orellana, Martha Barrezueta, Esteban Celi, Álvaro de Guzmán, Adolfo Agusto Briones, Silvia López, Ángelo Rodríguez y Andrés Luque.

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A los colaboradores se los acusó por el delito de delincuencia organizada previsto en el artículo 369, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), norma que estipula penas de cinco a siete años de cárcel.

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Como líderes de la organización y en calidad de autores directos fueron llamados a etapa de juzgamiento el excontralor Celi y el exgerente Flores. La conducta de ambos estaría encuadrada en el artículo 369 del COIP, pero en el inciso primero, que les fija una pena de siete a diez años de prisión.

De lo que se conoce, Roy Calero sería un ciudadano de 55 años que posee nacionalidad ecuatoriano-estadounidense y que estaría domiciliado en Miami, Estados Unidos; mientras que Pedro Saona sería un ecuatoriano de 67 años, domiciliado en Quito, pero que actualmente se encuentra en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana.

Tanto Saona como Calero son identificados por la Fiscalía en este caso como personas que recibieron en sus cuentas dineros que eran parte de los beneficios económicos que buscaba la organización. El primero habría recibido un depósito que provenía de Esteban Celi, hermano del excontralor, y a Calero le depositó dinero Roberto Barrera, quien fue uno de los dos sentenciados en Estados Unidos en 2019 por ser parte de una trama de corrupción en Petroecuador.

Desde febrero pasado, a Saona, al excontralor Pablo Celi, a su hermano Esteban y a la empresa China CAMC Engineering Co. Ltda., a través de su representante Tang Di, se les inició una instrucción fiscal de 90 días por el delito de cohecho. Esta causa está relacionada con el caso Las Torres, y se ordenó prisión preventiva para los hermanos Celi y Saona.

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Como parte del juzgamiento en el caso Las Torres, hasta el momento se han dado cinco siete días de audiencia. La diligencia está en manos del juez Walter Macías y los conjueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa.

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La fiscal general Diana Salazar aseguró en el inicio del juicio que mantiene las pruebas para demostrar la existencia de un “grupo organizado” que operó a través de la Contraloría General del Estado, de la secretaría de la Presidencia y de la empresa pública Petroecuador, entre 2017 y 2020, para a través del mecanismo del desvanecimiento de glosas obtener el 20 % de una factura de $ 20′345.609 que se debía pagar a la empresa Nolimit C. A.

La Interpol realizará un análisis previo antes de emitir las notificaciones solicitadas para que así se inicie la búsqueda, ubicación y detención de los procesados. El fin de la medida es conseguir que ambos regresen al país para que enfrenten a la Justicia. (I)