Pese a ser derogado el decreto 455 emitido el pasado 17 de junio por el presidente Guillermo Lasso, donde disponía varias medidas y la declaratoria de estado de excepción en las provincias de Cotopaxi, Pichincha e Imbabura, el pleno de la Corte Constitucional evaluó la normativo y dictaminó la constitucionalidad parcial.