Tres acciones públicas de inconstitucionalidad se presentaron en la Corte Constitucionalidad (CC) en contra de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Hasta la tarde de este miércoles, 25 de febrero de 2026, a la CC ingresaron tres demandas: una del concejal de Quito Andrés Campaña; otra de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Federación de Barrios de Quito; y la tercera de dirigentes del movimiento Unidad Popular (UP).
Las CC aún no se ha pronunciado sobre la admisión o inadmisión de estos recursos, pero ya fueron sorteados a jueces constitucionales.
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En el caso de la acción del concejal Campaña, fue sorteada a la jueza Claudia Salgado Levy. La demanda de la UNE recayó en el despacho del juez Johel Escudero. Y la acción de Unidad Popular está a cargo del juez José Luis Terán Suárez.
En sus demandas, los accionantes solicitaron a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de la norma.
Sobre estas acciones, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, defendió que la Ley para la eficiencia en los gobiernos autónomos descentralizados está bien construida.
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“No nos preocupa porque esta Ley está muy bien realizada. No tendrían argumentos los jueces de la Corte Constitucional para darles paso a estas demandas. Obviamente nosotros creemos en la democracia y si hay alguien que quiera demandar, pues nosotros esperamos que la CC piense, en el momento de hacer una resolución, en la ciudadanía, que es quien necesita de obras para las ciudades”, dijo Morillo a EL UNIVERSO.
Al igual que Morillo, Valentina Centeno, jefa de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) anticipó que defenderán esta normativa ante demandas que se presenten en la CC.
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La Ley fue aprobada en el pleno de la Asamblea Nacional el pasado 20 de febrero con 77 votos y publicada en el Registro Oficial el 23 de febrero y tiene como objetivo asegurar que los fondos públicos se concentren en cerrar brechas de servicios y no en el sostenimiento de estructuras administrativas.
La normativa establece que el 70 % del presupuesto de los GAD deberá destinarse obligatoriamente a gasto no permanente, es decir, a inversión y mantenimiento de obras. En tanto que el 30 % restante se destinará al gasto corriente, es decir, al pago de sueldos de los funcionarios públicos de los GAD. (I)
