La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, detalló cómo operaba la red de funcionarios de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) que operaban desde hace once años, ocasionando un perjuicio al Estado de al menos $ 300 millones.
A través de un video en las redes sociales de la cartera de Estado, la noche de este martes, 28 de abril de 2026, la ministra precisó que una vez que el consumo de energía eléctrica del usuario se registraba normalmente, un contratista tomaba la lectura del medidor y la ingresaba al sistema.
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Luego, comentó, “desde adentro, funcionarios intervenían ese dato, reducían la lectura real del consumo eléctrico y alteraban los registros, generando una nueva factura con valores de hasta un 80% menores, sin sustento, sin justificación y sin control".
Manzano reveló que el segundo mecanismo era el reclamo, pues el usuario presentaba una queja, el CNEL la negaba con base en el consumo real registrado, pero, en segunda instancia, el caso pasaba al ente regulador y ahí la deuda se eliminaba por completo, porque se informaba que no había valores a pagar.
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“Dos mecanismos distintos, una misma consecuencia: evitar que se pague el valor real de la energía consumida”, dijo la secretaria de Estado.
Este martes se ejecutaron allanamientos en las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en Guayas, Azuay y Santa Elena como parte de una intervención liderada por el Ejecutivo junto con la Policía Nacional y la Fiscalía, en el marco de una investigación por presunto peculado.
En su mensaje, Inés Manzano recordó que durante once años, esta red de corrupción operó dentro del sistema eléctrico del país.
“No era desorden, era un mecanismo claro, repetido y sostenido en el tiempo”, dijo la ministra y precisó que al menos 46 funcionarios han sido identificados, entre ellos: directores, técnicos, digitadores y personal de atención.
La funcionaria resaltó que más de 400.000 usuarios estuvieron involucrados en estos procesos. Solo en 2025, dijo, “se refacturaron 48 millones de dólares; de ese monto, 27,9 millones no tienen justificación; mientras que en el primer trimestre del año ya se registran 2 millones sin respaldo, y en once años el perjuicio alcanza al menos 300 millones de dólares".
“¿Cuál es el resultado de esta lucha? La evidencia de cómo operaba esta red, la identificación de los responsables y el inicio del fin de una estructura que le quitó recursos al país durante más de una década", destacó Manzano. (I)