La Contraloría del Estado determinó que en el gobierno de Rafael Correa se invirtieron $ 1.528 millones en “infraestructura inútil” en lo que fue la construcción de la Refinería del Pacífico, en El Aromo (Manabí).

Tras este informe, aprobado en octubre del 2020, se habría predeterminado una glosa por $ 1.223 millones.

Aunque la Contraloría mantiene en reserva la predeterminación de glosas, son altos exfuncionarios del Gobierno anterior los observados. Entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas, Pedro Merizalde, Carlos Pareja Yannuzzelli, Washington Andrade, Álex Bravo, la empresa de Petróleos de Venezuela (PDVSA) quienes ocuparon cargos relacionados con los sectores estratégicos.

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Ellos tienen 60 días para apelar a este predeterminación de glosas.

Según la auditoría, el proyecto de construcción se paralizó por la ausencia de financiamiento.

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Glas fue en ese entonces el encargado de liderar los sectores estratégicos y el directorio de la Refinería. Pero no había conseguido integrar a un tercer socio estratégico y financista que aportara con recursos para terminar la construcción de la refinería, que está valorada en $ 10.000 millones.

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Uno de los socios era la estatal venezolana de Petróleos (PDVSA), a la que no se le había exigido el cumplimiento de sus aportes como socio propietario del 49% de acciones.

Por ello, la empresa pública ecuatoriana Petroecuador había desembolsado recursos que superaron cinco veces el monto del capital autorizado. En total, según el órgano de control de los recursos públicos, Petroecuador aportó con $ 773′768.642, frente a PDVSA que dio $ 13′789.870.

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En total, “se transfirieron recursos por cerca de $ 1.000 millones, que hasta el 2017 se registraron como cuentas por pagar accionistas”, señaló el informe.

La auditoría observó que se realizaron obras en los terrenos como vías de acceso, campamento habitacional, preparación del sitio de implantación, fases de visualización, ingeniería conceptual e ingeniería básica.

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Sin embargo, la refinería “está abandonada y no recibe mantenimiento, evidenciando falta de planificación en su ejecución y el uso ineficiente de las asignaciones, destinadas a incrementar el suministro nacional de derivados de petróleo e impulsar la transformación de la matriz productiva”.

De esta inversión se desprende la construcción del acueducto La Esperanza, que dota parcialmente de agua cruda a poblaciones como Montecristi y Jaramijó, en Manabí, pero que hay captaciones ilegales que afectan al ducto y aumentan el consumo eléctrico.

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“La infraestructura está subutilizada y las bombas corren el peligro de colapsar. La entidad tiene compromisos no ejecutados por $ 28′168.822 en obras de compensación social para los cantones ubicados en el área de influencia del proyecto”, se observó.

La Contraloría, entre junio del 2017 y marzo del 2021, ha determinado glosas por $ 2.866′665.959 por obras con irregularidades, entre las que está la Refinería del Pacífico. (I)