En un comunicado público, difundido este miércoles, 1 de abril del 2026, la Contraloría General del Estado le respondió al juez constitucional Alí Lozada, quien señaló que esta institución filtró a la prensa un informe de análisis a sus declaraciones patrimoniales que no le había notificado.
“Exijan al señor contralor (...) que explique cómo es que la Contraloría filtra a un medio de comunicación un informe que no me ha notificado”, escribió, en referencia a Mauricio Torres, actual titular del organismo de control. Y calificó al hecho como “demasiado grave”.
Publicidad
En ese documento se menciona que Lozada no habría justificado el origen de más de $ 25.000 en cuentas en instituciones financieras locales y del exterior.
El informe también señala la omisión de una cuenta bancaria activa, falta de verificación en aportes a un fondo de pensiones en el extranjero y diferencias en registros de bienes, como una bodega no declarada de forma independiente.
Publicidad
El organismo le respondió a Lozada que no ha entregado dicha información.
“La Contraloría General del Estado actúa en estricto apego a la ley y a la Constitución; su labor no se rige por ningún tipo de presión ni conflictividad política”, mencionó el boletín.
También explicó el procedimiento que se sigue en estas investigaciones.
“Las acciones de control que desarrolla esta entidad son sistemáticas y técnicas. En el caso puntual de los exámenes a las declaraciones patrimoniales juradas, a partir del año 2024, desde la gestión del Dr. Mauricio Torres Maldonado, se ejecutan en distintas entidades de todas las funciones del Estado, incluyendo al Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, Función de Transparencia y Control Social (FTCS) y Gobiernos autónomos descentralizados”.
“Asimismo, estos procesos incorporan herramientas tecnológicas avanzadas, incluyendo el uso de minería de datos y aprendizaje automático, operadas con equipos especializados donados por organismos internacionales, con el fin de fortalecer la capacidad técnica y la transparencia de los análisis”.
El artículo 16 de la Ley de Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas establece que los exámenes de dichas declaraciones tienen carácter reservado, recordó el organismo de control.
“Esta condición solo se pierde una vez que la información es remitida a la Fiscalía General del Estado y dicha institución inicia la instrucción correspondiente”.
“En ese sentido, cuando la Contraloría remite informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía, se traslada también la obligación de mantener en reserva esta documentación”, indicó el comunicado de la entidad. (I)