Comisionados rechazan ‘interferencia’ del Consejo de Participación Ciudadana en el concurso para la elección del próximo contralor

La comisión ciudadana que lleva a cabo la elección del nuevo titular de la Contraloría General del Estado abrirá la etapa de calificación de méritos con 103 postulantes habilitados y rechazó la existencia de acciones que «interfieran» en el proceso.Luego de conocer que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) r esolvió pedir a la Fiscalía General del Estado que investigue a los comisionados: Jhaneth Ojeda y Jhossueth Almeida, la comisión ciudadana aprobó una resolución rechazando la decisión de ese órgano.«Expresar nuestra inconformidad y rechazo a todo acto intimidatorio o que pretenda interferir en el normal desarrollo» del concurso público para la elección de la primera autoridad de la Contraloría, señala la resolución aprobada en una sesión de este 22 de agosto, con nueve votos a favor y una abstención de la delegada de la disuelta Asamblea Nacional, Nary Galarza.Fue el 16 de agosto, con cuatro votos de los vocales del CPCCS: Yadira Saltos, Johanna Verdezoto, Augusto Verduga y Alembert Vera; y, la abstención de Mishelle Calvache, Nicole Bonifaz y Andrés Fantoni, que se decidió enviar un oficio a la Fiscalía para que se investigue a la expresidenta de la comisión ciudadana, Janeth Ojeda Polo y al exsecretario, Jhossueth Almeida (delegado de la Presidencia de la República en la comisión) por la «presunta comisión» de un delito.Esto, atendiendo un reclamo del postulante al cargo de contralor, Juan Falconí Puig.El Consejo de Participación Ciudadana debía resolver sobre tres recursos de apelación a dos impugnaciones ciudadanas que se presentaron en contra de Falconí, a quien lo interpelaban porque, supuestamente, reportaba un certificado con indicios de responsabilidad penal, emitido por la misma Contraloría.La comisión ciudadana sustanció las impugnaciones en audiencias públicas y el 1 de agosto pasado se inadmitieron.El reglamento que rige el concurso permite que se presenten recursos de apelación que deben ser resueltos por el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y el 16 de agosto no se admitió el recurso planteado por el impugnante de Falconí, Edison Almeida Granda, quien insistía en su descalificación.En tanto, Falconí apeló para que se corrija la mención del supuesto certificado con indicios de responsabilidad en su expediente.El CPCCS concluyó que solicitaría a la Fiscalía una investigación penal y también, que la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción realice sus investigaciones para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales, por lo sucedido con el expediente del postulante.Para los nueve comisionados, la acusación sobre una presunta infracción penal «expresada y no demostrada» es «maliciosa y temeraria».Falconí reclama que en el informe de admisibilidad de su carpeta se incluya un documento con este supuesto indicio de responsabilidad penal, porque es «inexistente».También, que no se tomaron acciones sobre la sospecha de falsificación de documentos públicos; y que, presuntamente, su expediente no ha sido publicado en su integridad en el portal web del CPCCS.En ese sentido, la comisión ciudadana pidió a la secretaria técnica de Lucha contra la Corrupción del Consejo (Mariángel Muñoz) que asista a una sesión para cotejar el expediente.Una vez superado este hecho, los comisionados resolvieron avanzar con el concurso.Este martes aprobaron otra resolución en la que anuncian dar paso a la fase de calificación de méritos a 103 concursantes habilitados, que superaron la impugnación ciudadana.Este documento tuvo cinco votos a favor y cinco abstenciones, por lo que el presidente, Marco Chalco, dirimió para lograr su aprobación.Los comisionados tendrán diez días para calificar sobre 50 puntos las carpetas de los aspirantes, en aspectos como títulos académicos, experiencia laboral, iniciativas de participación ciudadana, entre otras.De forma paralela, se organizarán los procedimientos administrativos para que rindan un examen de conocimientos que será valorado sobre otros 50 puntos. En total sumarán 100, y quien obtenga la más alta puntuación será nominado como contralor.De acuerdo con el cronograma previsto, en octubre próximo, se podría proclamar a la nueva autoridad que reemplace al actual, Carlos Riofrío González, contralor subrogante del Estado. (I)

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