Hay unos 1.800 jueces a nivel nacional y la Contraloría General del Estado (CGE) no puede examinar al mismo tiempo todas las declaraciones patrimoniales juramentadas que han entregado. Por ello, los auditores hicieron un “paneo rápido” y resolvieron empezar por 30 en los que ven incrementos patrimoniales importantes.
Así lo señalan las autoridades de la institución al explicar cómo se desarrolla por estos días la auditoría a los citados documentos que deben presentar obligatoriamente los servidores públicos al inicio y fin de su gestión, y cada cierto tiempo.
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El contralor Carlos Riofrío ha dicho que los resultados de estos 30 casos se conocerán a fines de año.
Desde la Contraloría se indicó que se ha creado un equipo especial de auditores dedicado a esta tarea, que pasa además por la recolección de información de instituciones como el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Superintendencia de Bancos y Seguros, entre otras. Van a avanzar poco a poco según la disponibilidad de personal.
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Esta investigación se inició en abril pasado a raíz de las declaraciones que diera a inicios de año el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, respecto a que se les había retirado la visa a jueces y abogados presuntamente relacionados con actos de corrupción y narcotráfico.
Y previamente, Fitzpatrick había hablado de “narcogenerales” de la Policía a los que también se les había retirado la visa. En diciembre del 2021, la exministra de Gobierno Alexandra Vela pidió a la Contraloría que se investigue el patrimonio de la cúpula policial.
Los resultados de las auditorías a 25 generales en servicio activo y pasivo se conocieron el mes pasado; se enviaron a la Fiscalía tres informes con indicios de responsabilidad penal.
La Contraloría prevé iniciar en enero del 2023 la revisión de las declaraciones juramentadas de 44 generales de las Fuerzas Armadas; esto, también, a raíz de las declaraciones de Fitzpatrick respecto al retiro de visas a 18 militares de alto rango por las mismas razones.
La entidad informó que cada año se efectúan auditorías a las declaraciones juramentadas de servidores públicos; unas se inician como parte de su planificación anual y otras con base en denuncias públicas o de los medios de comunicación. (I)