Entre las siete instituciones que no cuentan con nuevas autoridades —electas por concursos de méritos, oposición e impugnación— están los Consejos Nacionales para la Igualdad, que llevan cinco años sin representantes de la sociedad civil.
Estos organismos se crearon en la Constitución de 2008 y tienen como objetivo asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos.
“Estos Consejos deberán promover, impulsar, proteger y garantizar el respeto del derecho de igualdad y no discriminación, a fin de fortalecer la unidad nacional en la diversidad”, señala el artículo 165 de la norma.
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Su tarea es promover políticas que combatan la discriminación racial, de género y de otra índole, y “fortalecer la unidad nacional en la diversidad y la construcción del Estado plurinacional e intercultural”.
Son cinco Consejos que se integran con diez representantes: de Género, Intergeneracional; de Pueblos y Nacionalidades; Discapacidades; y Movilidad humana.
Estos reemplazaron a los extintos consejos de la Niñez y Adolescencia (CNNA), de Discapacidades (Conadis), de la Mujer (Conamu), Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe) y de Desarrollo del Pueblo Montuvio de la Costa (Codepmoc) y Afroecuatoriano.
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Cinco de sus autoridades son delegados de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia; y, los otros cinco, son representantes de la sociedad civil relacionadas con cada materia, que se eligen a través de un concurso público.
Es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el encargado de organizar estos procesos y, en primer lugar, la comisión ciudadana, que debe seleccionar a 25 personas.
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La última vez que se hicieron concursos públicos de méritos, oposición e impugnación fue en el 2017. Desde entonces, correspondía la renovación de los consejeros en el 2021.
En la administración de Hernán Ulloa en el CPCCS (2019-2023) se intentó llevar a cabo la elección, pero sin éxito: no hubo interés de la ciudadanía en formar parte de las comisiones ciudadanas, que en la práctica son las encargadas de hacer los concursos y es su informe final de calificaciones el que se entrega al Consejo y sus consejeros designan.
Diane Rodríguez, coordinadora de la Federación Nacional LGBTIQ+, recuerda que hace varios años participó en un concurso, pero llegaron activistas que eran poco reconocidos en ese entorno.
Entre risas recuerda que la nombraron ‘suplente del suplente del suplente’. La consecuencia fue que la sociedad civil “perdió confianza” y dejó de postularse.
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La importancia de estos Consejos, entre ellos el que es para la Igualdad de Género al que postuló Rodríguez, radica en que pueden articular política pública con otras instituciones para garantizar el acceso a derechos.
En el caso de este Consejo se observa que no hay consejeros al frente de la entidad: ni delegados de las funciones del Estado ni los representantes de las organizaciones de mujeres y LGBTIQ+.
De acuerdo con su página oficial, hay 28 servidores y en enero pasado se hicieron reducciones presupuestarias en las partidas destinadas para la logística.
Informes internos del Consejo de Participación Ciudadana detallan que para los procedimientos de designación de los consejeros de Igualdad de la ciudadanía no hubo el número de veedores que contempla el reglamento de veedurías ciudadanas.
Al contrario de avanzar con los procesos, en septiembre de 2025, el pleno del Consejo de Participación por iniciativa del presidente, Andrés Fantoni, resolvió contratar abogados externos para que integren los denominados equipos técnicos —que son órganos de apoyo y asesoramiento— para los consejeros.
La decisión se tomó pese a que los reglamentos de selección de autoridades establecen que estos equipos técnicos se integren por funcionarios de la misma institución.
Para acceder a recursos del Ministerio de Economía y Finanzas se decidió que se contrataría a personas con títulos de abogados y experiencia de dos años a seis meses que sepan elaborar informes jurídicos, pero bajo la modalidad de “contratos civiles de servicios profesionales”.
Se pensó en contratar estas personas bajo la modalidad de servicios ocasionales por dos meses, para lo que se requerirían más de $ 27.000.
Pero ello implicaría aumentar la masa salarial, contraviniendo las disposiciones del ministerio.
De esa manera, decidieron contratarlos bajo la modalidad de honorarios por contrato civil de servicios por un valor que ascendería a $ 24.400, desde el 15 de octubre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.
Entre las últimas actividades, el 18 de febrero pasado, el pleno ordenó a la secretaría general que se informe si existieron o no postulaciones para conformar las comisiones ciudadanas, la fecha de ingreso de sus expedientes y el estado de los documentos.
Después de más de un mes de la orden, el pasado 2 de abril de 2026, el equipo técnico para la selección de los delegados ciudadanos al CNI sesionó en Quito y resolvió elaborar un nuevo reglamento a través de mesas técnicas.
Esta resolución se notificará al CPCCS para que sus consejeros acepten o nieguen la mencionada recomendación. (I)
