Por las ‘dudas’, una mayoría de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió retroceder el concurso público para la elección de dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) para volver a hacer la etapa de oposición (que implica la rendición de un examen escrito y práctico) que debió realizarse en septiembre pasado.
En una sesión extraordinaria de este 10 de diciembre de 2025, los consejeros Andrés Fantoni, David Rosero, Piedad Cuarán, Jazmín Enríquez, Johanna Verdezoto y Roberto Gilbert, concluyeron que “hay falta de certeza” respecto de la seguridad del cuestionario y casos prácticos que elaboraron siete catedráticos para el examen de conocimientos que deben rendir 164 candidatos a ocupar cuatro vocalías (dos principales y dos suplentes) del Consejo Nacional Electoral.
La decisión se tomó porque dos miembros de la comisión ciudadana —que es la encargada de desarrollar el concurso público— opinaron que, aparentemente, se vulneró la seguridad de un banco de 420 preguntas y casos prácticos que elaboraron los catedráticos escogidos por la institución.
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Este cuestionario se mantenía bajo custodia de la Policía Nacional en el antiguo edificio del CPCCS, ubicado en Santa Prisca, en Quito.
Además, para resguardar la integridad de esta etapa, la coordinadora financiera y “delegada de la máxima autoridad del CPCCS”, Mirla Chang Tinajero, firmó la contratación de una consultoría a SBV Auditores Asociados, por alrededor de $ 6.000.
El objeto de esa adjudicación era que la auditora haga una “auditoría de seguridad de la información en los procesos tecnológicos de la etapa de oposición” y garantice la transparencia, confiabilidad, disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información procesada y generada durante la etapa de oposición.
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Así también que se asegure que los sistemas tecnológicos utilizados en esta fase cumplan con estándares internacionales de seguridad.
En tanto, los catedráticos fueron escogidos a través de un sorteo que hizo la comisión ciudadana y elaboraron las preguntas y los casos prácticos en un espacio que implementó el CPCCS en Santa Prisca.
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Los 164 postulantes estaban llamados el 15 de septiembre pasado a dar este examen. De repente, un estudiante universitario, Ramiro Garzón Larco, interpuso una acción de protección con medidas cautelares y el proceso se suspendió por más de un mes.
El 17 de octubre la jueza a cargo del caso, María Guamangate Ante aceptó el recurso de desestimiento que planteó Garzón y levantó las medidas cautelares.
La comisión ciudadana, que está integrada por cinco miembros en representación de la ciudadanía y cinco delegados de las funciones del Estado, decidió en una sesión del 21 de octubre retomar el proceso con la convocatoria a dar la prueba.
Estaban a favor los comisionados de la ciudadanía, pero se opusieron los delegados del presidente de la República, Daniel Noboa, Erika Bastidas Guerrero, y Paúl Vaca, delegado de la Función de Transparencia.
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Estos dos comisionados pusieron en duda las cláusulas de seguridad y reserva que deben mantener los catedráticos y el sistema de seguridad informática que se aplicó para esta etapa.
Paúl Vaca dijo en esa sesión que el banco de preguntas quedó en estado de “inactividad forzosa”, pues “han pasado 30 días y la cadena de custodia se pudo haber visto comprometida solo por el paso del tiempo. Los catedráticos no están bajo llave...”, ironizó.
En tanto, Erika Bastidas propuso que el concurso regrese a la selección de nuevos docentes universitarios y que se elabore otro banco de preguntas y casos prácticos.
Bajos esos hechos, este 10 de diciembre, el pleno del CPCCS conoció un informe jurídico en el que se concluye que “no existe certeza respecto al sigilo de las preguntas y de los casos prácticos”, y que las declaraciones de Vaca y Bastidas “generan una presunción de que las preguntas y los casos prácticos pudieron haberse filtrado, lo cual afecta a la legitimidad y transparencia del concurso de méritos y oposición”, por lo que debía retrotraerse.
El consejero Andrés Fantoni acogió las presunciones de los dos comisionados y propuso retrotraer la selección de dos vocales electorales, con la designación de nuevos catedráticos que hagan un nuevo banco de preguntas y casos prácticos.
Aseguró que esto “no es un retroceso” y aunque no se presentaron pruebas o evidencias de que hubo fuga de información u otro hecho similar, es posible que hubo una “vulneración de la cadena de custodia”, recalcó Fantoni.
Sus coidearios Jazmín Enríquez, Johanna Verdezoto, Roberto Gilbert, David Rosero y Piedad Cuarán apoyaron su moción, por lo que el proceso vuelve hacia atrás.
Se opuso a esta medida la consejera Nicole Bonifaz, quien advirtió que estas acciones podrían tener consecuencias administrativas para los consejeros, ya que incluso el CPCCS debe pagar dietas a los siete catedráticos que hicieron el cuestionario.
Fantoni se burló de Nicole Bonifaz, pues desconocía que el “pleno tiene responsabilidad administrativa, no sabía...”.
Al respecto, la Ley Orgánica del CPCCS establece once atribuciones para quien ejerza la presidencia del órgano, entre ellas, “ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, así como suscribir los contratos y todos los demás documentos que obliguen al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de acuerdo con la Constitución y la ley”; así como “ejercer la máxima autoridad administrativa del Consejo”.
El concurso de renovación parcial del CNE viene haciéndose desde el 2023, en tanto los cinco vocales electorales Diana Atamaint, Esthela Acero, Elena Nájera, José Cabrera y Enrique Pita, se encuentran en funciones prorrogadas hasta que se elija a sus sucesores. (I)
