En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se apresuran los procesos de selección de autoridades del Estado, mientras la Asamblea Nacional resuelve el juicio político a los siete vocales de dicho organismo.
En las últimas horas, el Consejo de Participación Ciudadana conformó una comisión ciudadana y dispuso abrir la convocatoria a la ciudadanía para participar en el concurso público de selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública, en tanto que la Comisión de Fiscalización del Parlamento trabaja en la elaboración del informe respecto del juicio político que se sustanció en contra de los siete vocales: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Sofía Almeida, David Rosero, Francisco Bravo y Javier Dávalos.
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Bajo ese escenario, en una sesión de este 1 de noviembre, el CPCCS realizó el sorteo para la elección de los miembros que conformarán la comisión ciudadana que organizará el concurso de renovación parcial de dos vocales principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La integración de esta comisión llevaba un año pendiente de realizarse. Fue el 16 de noviembre del 2021 cuando se publicó la convocatoria a inscribirse para ser comisionado, y doce meses después se la integró. A la par, los cinco vocales del Consejo Electoral se encuentran en funciones prorrogadas desde noviembre del año pasado, pues el CPCCS no efectuó el proceso de renovación de dos de sus vocales.
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Las comisiones ciudadanas están compuestas por cinco representantes de la ciudadanía y cinco de las funciones del Estado. Tendrán a su cargo organizar las etapas de admisibilidad, calificación de méritos, examen de oposición y oral, así como el escrutinio público.
Durante el sorteo, en el que se usó una tómbola y pequeñas pelotas escogidas por varios de los veedores ciudadanos, los escogidos como comisionados principales por la ciudadanía fueron Ángel López Mendoza, Elizabeth Arroyo León, Carlos Amaya López, María Murillo Aldaz y Pedro Bhrunis Lemarie.
De las funciones del Estado: María Ocampo Miño (Transparencia y Control Social), Diego Lucero Villarreal (Legislativa), Andrea Pérez Romo (Ejecutiva), Roberto Bravo Freire (Electoral) y María Grijalva Ojeda (Judicial).
López Mendoza ha sido digitador y coordinador de recinto en procesos electorales pasados y es ingeniero comercial.
Elizabeth Arroyo es ingeniera en administración y se ha desempeñado como asesora en la Defensoría Pública y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, además de ser docente.
Carlos Amaya es abogado y se ha mantenido en el libre ejercicio. María Murillo es ingeniera comercial y laboró como jefa política del cantón Las Naves, en Bolívar; también fue asistente electoral del CNE en Bolívar y administradora en un supermercado.
Roberto Bhrunis es abogado y fue uno de los jueces de la Corte Constitucional (CC) durante el gobierno de Rafael Correa. Luego fue asesor en la Contraloría General del Estado en el periodo del excontralor Carlos Pólit, en el que también se lo designó como director provincial de Los Ríos.
Para las elecciones generales del 2021 se candidatizó a ser asambleísta provincial de Los Ríos, aunque no fue electo.
María Ocampo es comunicadora social. Se desempeña como asesora de comunicación del superintendente de Control del Poder del Mercado, Danilo Sylva; y antes trabajó en el área de comunicación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación (Cordicom).
Diego Lucero es abogado y servidor de la Asamblea Nacional, de la que también es presidente de la Asociación de Servidores Legislativos.
Andrea Romo es funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos y ha desempeñado otros cargos en la Dirección de Registro Civil y la Vicepresidencia de la República.
Roberto Bravo es comunicador social y funcionario del CNE en el área relacionada. En la administración de Rafael Correa trabajó en la Secretaría de Comunicación (Secom).
La representante de la Función Judicial, María Ojeda, es abogada y ha desempeñado varios cargos como ayudante judicial en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y también en la extinta Corte Suprema de Justicia.
Una vez que estos diez comisionados sean posesionados por el pleno del CPCCS, podrán iniciar sus funciones. Su primera actividad será elegir al presidente, vicepresidente y secretario.
Luego, deberán elaborar el texto de la convocatoria para participar en el concurso público para seleccionar a los dos vocales principales y suplentes del Consejo Electoral.
Mientras este concurso está por iniciarse, el pleno del CPCCS aprobó el texto de la convocatoria para que la ciudadanía se postule al concurso público para elegir al nuevo defensor público, en reemplazo de Ángel Torres Machuca, quien lleva prorrogado en sus funciones desde el 2018.
Ello es así porque el extinto Consejo de Participación Ciudadana de Transición declaró desierto el concurso que realizaba y nombró a Torres Machuca como defensor público encargado.
Otra comisión ciudadana que está funcionando es la que elegirá al titular de la Contraloría General del Estado. En una sesión de este 2 de noviembre preveía iniciar la elaboración de la convocatoria para abrir la etapa de inscripciones. (I)