Durante la audiencia por la acción de protección que impulsa a título personal Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), en contra del primer mandatario, Guillermo Lasso; el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, el Gobierno replicó que en los últimos diez años el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha asignado a la Función Judicial $ 4.497 millones, de los cuales la Judicatura ha ejecutado el 85 % y que “$ 500 millones han sido devueltos a las arcas fiscales”.