Con el pedido del fiscal general encargado, Wilson Toainga, para que se rechacen los vicios de nulidad de procedibilidad y procedimiento alegados por las defensas de los 24 procesados por el delito de cohecho dentro del caso Sinohydro, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Olavo Hernández, la tarde de este miércoles 27 de agosto, suspendió la diligencia e ingresó a deliberar lo escuchado en casi siete horas de audiencia.
Este caso arrancó con una investigación previa en marzo de 2019 y cuatro años después, en marzo de 2023, se procesó inicialmente a 37 personas, entre las que estaba el expresidente Lenín Moreno. Luego se vinculó a tres ciudadanos más, dejando en total como sospechosas a 40 personas.
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La teoría del caso Sinohydro, según Fiscalía
Todos fueron investigados por un cohecho aparentemente ocurrido en el proceso de contratación de la empresa Sinohydro, la cual se encargó de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, megaobra realizada en el gobierno de Rafael Correa que le costó al país más de $ 2.000 millones.
Pese a que fueron 40 los investigados, la Fiscalía centra su acusación en 24 personas que habían integrado una red de corrupción que facilitó el contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair a cambio de $ 76 millones, coimas que habrían sido entregadas a través de terceras personas, por ejemplo, a cambio de falsos servicios de consultorías.
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Los abogados de los procesados focalizaron su argumentación en la supuesta existencia de un vicio de procedibilidad generado en la falta del pronunciamiento previo del pleno de la Asamblea Nacional para proceder al enjuiciamiento penal de quien fue vicepresidente y presidente de la República, Lenín Moreno, quien asistió a la instalación de esta diligencia por vía telemática desde Paraguay, país en el que se encuentra desde enero de 2022 con su esposa y también procesada en el caso Sinohydro, Rocío González.
Las nulidades de las defensas de los 24 procesados
David Meza, abogado de Moreno y González, solicitó al conjuez Hernández que se tome en cuenta un vicio de nulidad al no haberse cumplido un requisito de procedibilidad y se declare la nulidad a partir de la convocatoria realizada en providencia del 22 de febrero de 2023, para que antes de la formulación de cargos se solicite la autorización a la Asamblea Nacional. Además, pidió que se dejen sin efecto todas las medidas cautelares que sus dos clientes en este momento mantienen.
Según Meza, para el procesamiento penal del expresidente Lenín Moreno no se solicitó el pronunciamiento previo de la Asamblea Nacional, pese a que existen precedentes en la Corte Nacional en relación con exmandatarios como Jamil Mahuad, Rafael Correa, Jorge Glas o María Alejandra Vicuña, casos en los que se habría solicitado el pronunciamiento del Legislativo como un requisito de procedibilidad, antes de iniciar un proceso penal.
“¿Por qué para Lenín Moreno este precedente judicial es o no aplicable? Si usted el día de hoy no me da la razón, tiene que motivarme. ¿Por qué para Jamil Mahuad sí se lo hizo? ¿Por qué para Rafael Correa en dos ocasiones se lo hizo? ¿Por qué para Jorge Glas en dos ocasiones se lo hizo? ¿Por qué para María Alejandra Vicuña, cuando ella no ostentaba el cargo, como dice la misma Fiscalía, también se lo hizo? En este caso, usted debería motivar y contestar este requerimiento de forma motivada. ¿Por qué en ese caso a Lenín Moreno no se le debe aplicar este precedente de la Corte Nacional?”, explicó Meza.
La respuesta de la Fiscalía y la Procuraduría
Respecto a este argumento, Toainga no solo calificó la alegación planteada como que no cumple con los requisitos de especificidad, trascendencia y convalidación, sino que explicó que en todos los casos que han sido individualizados por las defensas de los procesados las respuestas emitidas por la Asamblea Nacional han sido reiterativas en afirmar que no se requiere autorización del Legislativo cuando se trate de un funcionario que ya no está en funciones.
Entre otros de los vicios de procedimiento señalados están el que no habían sido notificados correctamente dos ciudadanos chinos procesados, que Cai Runguo, exembajador de China en Ecuador, no debía haber sido procesado porque él mantenía inmunidad diplomática; que existieron vicios en la formulación de cargos, lo que impidió una correcta defensa; falta de acceso al expediente de 490 cuerpos; que la defensa de los ciudadanos extranjeros no tuvo ni el tiempo ni el contacto necesario con los procesado para construir una estrategia de defensa; que no se han incluido en el expediente asistencias penales internacionales enviadas a China que contendrían información de importancia para los procesados...
Toainga aseguró que la Fiscalía no ha violentado ningún derecho de los procesados, sino más bien en todo momento veló por el respeto de derechos a la defensa, que en ningún momento se les dejó en indefensión, pues la Fiscalía agotó todos los mecanismos y esfuerzos para que cada procesado tenga acceso a una justicia real.
“Fiscalía considera que no se ha vulnerado el principio de especificidad o legalidad, por cuanto se ha observado y aplicado el ordenamiento penal al amparo de la Constitución y la ley; no se ha vulnerado el principio de trascendencia, por cuanto ninguna de las alegaciones formuladas en esta audiencia tiene incidencia en la totalidad de procesos; y tampoco se ha vulnerado el principio de convalidación, por cuanto ninguna de las alegaciones ha logrado evidenciar incumplimientos procesales en la tramitación de la causa”, refirió el fiscal general.
Por cuanto no se habrían justificado vicios constitucionales, no se han acreditado vicios y no se ha vulnerado la eficacia jurídica, Toainga solicitó al conjuez que declare la validez procesal de todo lo actuado y se continúe con la audiencia, es decir, se avance a la fundamentación del dictamen acusatorio contra los 24 procesados. La representante de la Procuraduría General del Estado, instancia que actúa en el caso Sinohydro como acusadora particular, se sumó al pedido para que se declare la validez del proceso.
Los 24 acusados del delito de cohecho
Además de Lenín Moreno y Rocío González, en este caso también son procesados Irina, Edwin y Guillermo Moreno y Martha González, hija, hermanos y cuñada del expresidente. El empresario Conto Patiño, su esposa Beatriz Herdoíza, cuatro hijos de ambos (Juan Carlos, Patricia, Manuel y María Auxiliadora Patiño Herdoíza); Priscila Burneo y Xavier Macías Carmigniani, nieta y yerno de Conto Patiño; el abogado Eduardo Carmigniani, los exfuncionarios públicos Rocío Guerrero, Luciano Cepeda, María Augusta Baquero, Henry Galarza y Carlos Almeida.
Además, el exembajador Cai Runguo y los exfuncionarios de la empresa Sinohydro Liu Aisheng, Song Dongsheng, Yan Huijun y Wu Yu.
La construcción de Coca Codo Sinclair se concretó con un crédito del Eximbank de China en momentos en que Lenín Moreno era vicepresidente de la República, Conto Patiño representaba comercialmente a la empresa China Sinohydro y Cai Runguo era el embajador de China en Ecuador.
La diligencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Sinohydro logró ser instalada a más de dos años de que se cerraron los cuatro meses de instrucción fiscal abiertos para investigar el delito de cohecho.
Si el conjuez Hernández acoge las nulidades planteadas, el caso podría retrotraerse al momento en que se defina si existió el vicio que afecta al proceso, por ejemplo, a la etapa de investigación previa o al momento de la formulación de cargos de marzo de 2023. Si es diferente la decisión, es decir, se declara la validez de todo lo actuado, será el momento en que el fiscal Toainga pueda fundamentar su dictamen acusatorio y presente los elementos de convicción con que cuenta para pedir que todos sean llamados a juicio por el delito de cohecho.
Hernández no dio fecha en la que se reinstalará la diligencia, pero sí adelantó que se tomará el tiempo suficiente para resolver lo que en derecho corresponda, pues hay dos posiciones claras y se debe identificar si la verdad está en el lado de la Fiscalía o en la de las defensas de los procesados que piden nulidades. (I)