El Concejo Municipal de Loja decidió este jueves, 26 de junio, remover de su cargo al alcalde Franco Quezada Montesinos, luego de un proceso administrativo que se inició el pasado 26 de mayo cuando el ciudadano Ramiro Delgado presentó formalmente una solicitud de destitución ante la Unidad de Gestión Documental del Municipio.
La solicitud se fundamentó en el literal C del artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que establece como causal de remoción el “incumplimiento legal y debidamente comprobado de las disposiciones contenidas en este Código, de las ordenanzas o de las resoluciones adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados, sin causa justificada”.
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El Concejo Municipal conoció el pedido el 28 de mayo y resolvió conformar una Comisión de Mesa compuesta por los concejales Pablo Carrión, Lenin Cuenca y Miguel Castillo, encargada de conducir el proceso.
El alcalde fue notificado oficialmente el 3 de junio.
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La Comisión de Mesa entregó su informe el martes 24 de junio. Conforme al artículo 335 del COOTAD, el Concejo tenía un plazo máximo de dos días para convocar a una sesión extraordinaria, la cual fue convocada la mañana del jueves 26 de junio, presidida por la vicealcaldesa Diana Guayanay.
Durante la lectura del informe se indicó que el denunciante probó que el burgomaestre incumplió la resolución CML-017-2024, relacionada con la transparencia y la ejecución presupuestaria, y que el traspaso de créditos #44 para la construcción del cubeto de residuos sólidos vulneró los artículos 257 (numeral 1) y 258 del COOTAD. La Comisión concluyó que existió infracción al literal C del artículo 333.
La votación final arrojó 9 votos a favor de la remoción, superando la mayoría calificada requerida. Los concejales que apoyaron la decisión fueron: Pablo Carrión, Miguel Castillo, Lenin Cuenca, Santiago Erráez, John Espinosa, Iván Ludeña, Jorge Patiño, Pablo Quiñónez y Yuri Yaguana. Votaron en contra: Adalber Gaona y Polibio Vélez.
Aunque el alcalde quedó separado de su cargo, la decisión aún no es definitiva. Quezada, electo en mayo de 2023, aún tiene derecho a apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en un plazo de tres días hábiles.
Una vez recibida la apelación, la Secretaría del Concejo deberá remitir el expediente al TCE dentro de dos días hábiles, y el Tribunal contará con hasta diez días para emitir un pronunciamiento definitivo.
Mientras no se resuelva la apelación, Quezada permanecerá en funciones de forma provisional. (I)